(Aeronoticias).- Durante los últimos días, ha saltado a la palestra la normativa que promociona la alimentación saludable en los niños, debido a su carácter represor en los sectores publicitarios. Para las empresas, los ciudadanos serán mermados de su poder de elección. Para el bando oficialista y organismos en favor de salud, esta decisión es correcta. ¿Cuál es la verdad de la milanesa en dicha ley?
La normativa reza que el ministerio de Educación deberá encargarse de promover la educación (a los estudiantes) de tener una alimentación saludable en la currícola escolar, y que esta enseñanza llegue a estudiantes y padres de familia. Allí tendríamos que entender qué viene a ser saludable. Hay dos conceptos válidos: Saludable es aquello que no hace daño, o aquello que, en ciertas cantidades, el daño es irreal.
Desde el primer concepto, nada es saludable. Uno puede morirse por exceso de consumo de agua al disolver los niveles de sodio en la sangre, que regula el correcto funcionamiento del cuerpo humano. ¿Pero el agua no es saludable? Sí, pero en cierta medida. ¿Desde ese punto de vista, qué es saludable y qué no? Una tercera idea nos refiere a que, en tanto su consumo continuo y diario no origine una pérdida en la salud de la persona, eso es saludable. Y también es saludable que, por antonomasia a la otra frase, su continuo consumo permita la existencia de la persona.
¿Encaja? Sí.
Respecto a la autorregulación de contenidos publicitarios por parte de los medios de comunicación que oferten alimentos que no encajan en la categoría de saludable -alimentos y bebidas no alcohólicas, con grasas trans, niveles elevados de azúcar y sodio, y grasas saturadas-, la norma dice que ellos deberán abstenerse de mostrarlos si su público objetivo son niños, niñas y adolescentes menores de 16 años.
Aquí, los afectados no serían tanto los empresarios de dicho rubro -muy a pesar de los inversionistas con nuevos productos en este sector-, sino los medios de comunicación. Mucho dinero a perder que no podrán recobrar (casi 7 de 10 anuncios de comida hace referencia a la prohibida por la norma, en el caso de los niños y adolescentes, según Concortv). Pero otros párrafos, menos aclarados y de vital importancia, obligan a que estas publicidades no usen «argumentos o técnicas que exploten la ingenuidad de los niños, niñas y adolescentes, de manera tal, que pueda confundirlos o inducirlos a error respecto de los beneficios nutricionales del producto anunciado».
¿No es lo que publicidades de firmas como Nestlé -Chocapic, por dar un ejemplo- hacen? Eso les mata el chiringuito.
¿Desde qué punto se realizan las críticas a esta normativa? (Que no es perfecta, dicho sea de paso, y todavía pasarán meses para la reglamentación de los parámetros técnicos).
a. Pérdidas económicas: «El circuito económico generado por las publicidades serían onerosas». Sólo en el Mundial 2014, la transmisión televisiva contendrá publicidad de alimentos como McDonald’s y Coca-Cola. Estos productos no encajan como alimento saludable, por lo que dejarían de publciitar. Y si sucediera eso, los medios de comunicación no ganarían dinero. Error uno: No toda publicidad va dirigida para niños. Hay otras empresas que se ven bloqueadas porque, justamente, Coca-Cola y McDonald’s acaparan el mercado publicitario. Y no toda publicidad va dirigida para ese público objetivo, así que sólo es cuestión de ponerle corona a rey puesto.
b. Pérdidas ciudadanas: «El Estado no tiene derecho a meterse conmigo en las decisiones que yo tome». Cuestión uno. Es cierto, el humano puede vivir sin Estado -a diferencia del Estado, que es ley más personas, instituciones y cultura-, pero aquí no se aplica el caso. Se intervendrán locales en los colegios para que ofrezcan una alimentación saludable ¿Es bueno eso? Sí.
Pero ¿Qué derecho colisionamos si no evitamos estas publicidades, que incitan al consumo de alimentos «desechables»? El de los niños. Derecho que pesa. Ese derecho no existe para quienes critican la norma desde esa arista, sin ver más allá de lo evidente.
Los niveles de peligrosidad de estos alimentos es tal que hasta los directivos y altos mandos de empresas como Coca-Cola y Frito Lay’s dejaron de consumir sus propios productos, según Michael Moss, periodista que se hizo con el Pulitzer tras investigar cómo las empresas «drogan» a los consumidores al darles productos que su cerebro preferiría consumir de antemano.
Científicamente, lo encontrado por Moss se reveló en 2010, cuando la investigación de Nature señaló que la grasa genera neurodependencia en el cerebro, liberando niveles de dopamina -hormona que produce sensación de placer- que sorprenden. En experimentos con ratones, sus receptores neurotransmisores de dopamina recién se liberaron de la necesidad compulsiva de grasa a las dos semanas, frente a los ratones cocainómanos, con dos días de recuperación.
Dicho esto, la persona debe renunciar a su «derecho a ver la publicidad alimenticia que quiera, mientras sea menor de edad» y dársela al Estado para vetarla. Estas medidas no son de países que, como los empresarios de este rubro apuntan, son parias. Si Perú suscribió la Convención sobre los Derechos del Niño, el Estado cede cualquier derecho en favor de los niños.
Otra materia a estudiar es la información referida a estos productos. Estas empresas también apelaron a que los costes se elevarían si etiquetaran los ingredientes que conforman su «alimento». Es evidente que mientras menos sepan los consumidores, estos empresarios menos protestarán. Ahora que desean poner coto a la comida chatarra -que un padre podrá comprársela a su hijo si considera que la cantidad a engullir no le hará daño-, desde el gremio empresarial poco o nada quieren cambiar la situación. Mal para ellos, que se dicen modernos.
