(Aeronoticias).- A casi dos semanas antes de que el Gobierno peruano aprobara la Ley de Servicio Militar, la Defensoría del Pueblo emitió un informe entregado al ministerio de Defensa y al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que revela el poco interés del Ejecutivo en brindar de manera eficiente dicha ley.
¿Los motivos? Una suma de situaciones que mandan por el fango las «buenas intenciones» del Servicio Militar Voluntario, situación que data desde el gobierno de Alan García y que el presidente Humala deberá corregir, en caso que desee lavarle la cara al Servicio Militar.
¿Qué tan grave es el asunto? Veintiseis mil cuatro jóvenes que desertaron durante los primeros seis meses de los cuarteles, a pesar de haber sido con su voluntad.
Expediente de la suciedad
De un total de trescientos sesenta y seis expedientes de soldados llevados a juicio por deserción, el 68% argumentó problemas financieros en su familia. En el servicio, se les ofrecía entre 256 y 365 soles, cuando el salario mínimo vital supera entre dos y tres veces lo ofrecido.
En las visitas hechas a las bases militares, los comisionados de la Defensoría del Pueblo vieron que ciento sesenta y seis soldados no estudiaban porque no podían financiarse los estudios. E incluso así, tampoco tenían el permiso de sus oficiales superiores.
Y de los jefes… decir que son propietarios de los bazares en las 17 bases militares. Allí los soldados deben hacerse de ropa, comida y productos de aseo, que por norma debieran ser entregados por el Gobierno de manera gratuita, y que en la realidad deben costearlo. Una demora en la dación de estos materiales que, por ineficiencia o corrupción.
Con información de El Comercio.
