(Aeronoticias).- Tanto el Ministerio de Economía como el de Transportes se pronunciaron contra un proyecto de ley que busca eliminar los sobrecostos para los usuarios.
La Asociación de Exportadores (ADEX) y los congresistas Carlos Bruce y Víctor García Belaunde denunciaron la existencia de lobbies en el Ministerio de Economía y el de Transportes que impiden poner fin a lo que consideran un oligopolio de la empresa Talma en los servicios aeroportuarios.
Fruto de esta situación de privilegio comercial con el que la empresa Talma controla el 85% de la carga aérea, vigente desde hace una década, los sobrecostos de la importación de productos, según ADEX, se elevan a 20 millones de dólares anuales.
La República intentó ponerse en contacto con Talma, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvimos respuesta.
A pesar de que el Convenio de Montreal establece que el contrato del transporte aéreo debe abarcar desde el origen hasta la entrega de la carga al destinatario, en Perú la empresa Talma, cuyo presidente es el ex congresista fujimorista Oswaldo Sandoval Aguirre, tiene la exclusividad de transportar la mercancía de la sala de transferencias donde es depositada por la empresa aérea al almacén donde es entregada.
Esto, según explica Gastón Pacheco, presidente de ADEX, genera situaciones en las que el costo de este transporte dentro del propio aeropuerto es mayor al flete pagado por trasladar el producto desde su origen.
Los sobrecostos no afectan tan solo a los importadores, también a los ciudadanos que facturan una maleta adicional a su equipaje, o a aquellos cuyos familiares envían encomiendas como medicamentos o incluso a los que transportan a sus mascotas. «Este oligopolio va contra las normas elementales de libre comercio y libertad de las personas en un país cuya economía es liberal», opinó Víctor Andrés García Belaunde.
«Aquí hay un manejo muy profesional de la opinión pública, de los medios y de las autoridades del sector que ha logrado perpetuar un estatus quo que no favorece al comercio exterior», declara por su parte el presidente de ADEX, que apunta al apoyo del fujimorismo en el Congreso y a lobbies en los ministerios de Economía y de Transportes.
El congresista Carlos Bruce, autor del proyecto de ley (1885/2012) que promueve la transparencia en la contratación de carga aérea internacional, opinó que «Talma tiene una red de contactos en el Ministerio de Transportes y Economía que protegen su negocio».
Como argumento, muestra la opinión desfavorable de ambos sectores al proyecto, argumentando en sendos oficios a la Comisión de Comercio Exterior que «regula aspectos de índole estrictamente privada».
El proyecto de ley de Bruce, aprobado finalmente como dictamen en la Comisión de Comercio Exterior, no logró consenso en la Comisión de Economía y fue enviado en marzo a las de Constitución y Transportes para solicitar su opinión. Desde entonces, permanece estancado.
Este proyecto de ley se amparaba en la Regulación Aeronáutica del Perú (RAP 112), que fija la responsabilidad de la aerolínea desde el origen hasta la entrega de la carga. Sin embargo, en octubre el Ministerio de Transportes modificó la RAP 112 para eliminar la obligación de las compañías aéreas de asumir los costos que se generan en el aeropuerto por transporte de las mercancías.
Según ADEX, este hecho favorece notoriamente a Talma, al punto que incluso le permite perpetuar su oligopolio.
EL COMERCIO VETA 3 VECES AVISO DE ADEX SOBRE OLIGOPOLIO DE TALMA
El pasado 27 de octubre la Asociación de Exportadores (Adex) envió un comunicado a El Comercio para ser publicado como un aviso. El pronunciamiento era titulado «¿Hasta cuándo los lobbies?» y denunciaba el «oligopolio que controla el tráfico aéreo en Perú».
Según informa la revista «Hildebrandt en sus Trece», dos días después una representante de El Comercio pedía como condición para su publicación suprimir, entre otros, el párrafo que denuncia el supuesto oligopolio. ADEX se negó a la censura.
El 5 de noviembre, ADEX volvió a intentar su publicación en El Comercio, pero de nuevo fue vetado. Incluso hubo un tercer intento modificando el texto con algunos de los cambios sugeridos por El Comercio, pero el decano se volvió a negar objetando el uso del adjetivo «oligopólicos» en el subtítulo.
Fuente: La República
Foto: La República
