(Aeronoticias).- El gobierno del mandatario guatemalteco, Otto Pérez Molina, quien sigue sin pronunciarse públicamente, se desmorona lentamente y se queda sin aliados, luego de ser acusado de encabezar junto a su ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, ahora detenida, una banda de defraudación aduanera.
La indignación y reclamos de renuncia de la población y diferentes sectores se intensificaron el viernes, cuando la Fiscalía y una comisión de la ONU contra la impunidad en el país los acusaron de ser los cabecillas de esa estructura ilegal.
Miles de guatemaltecos agitando banderas nacionales abarrotaron el sábado la plaza central de la capital para exigir la renuncia del presidente y celebrar la detención de la ex vicepresidenta, quien había renunciado al cargo el pasado 8 de mayo, tras verse salpicada por el escándalo de corrupción.
Según la investigación, las menciones de «el uno» y «la dos» en miles de escuchas telefónicas entre la estructura criminal corresponden al mandatario y a la vicepresidenta respectivamente.
Es más, la fiscal general, Thelma Aldana, afirmó a un canal local que tienen grabaciones de diálogos entre el gobernante y miembros de esa estructura criminal y por ello presentaron en los tribunales un pedido de antejuicio contra el presidente para que enfrente a la justicia por los delitos de asociación lícita y cohecho pasivo.
Pese a la convulsión que vive el país, el jefe de Estado ha mantenido un completo hermetismo. Su vocero, el coronel Jorge Ortega, afirma sin embargo que el presidente no ha renunciado y continuará en el cargo hasta el 14 de enero, cuando termine el mandato constitucional.
Para el procurador de Derechos Humanos, Jorge de León, no existe otra salida a la crisis que la dimisión del presidente, porque «el sistema ya colapsó, nuestra democracia no da los resultados necesarios y este ya es un Estado fallido».
«Más importante que la renuncia será cómo salimos de esta vorágine de corrupción», declaró a la prensa local.
Fuente: El Comercio.
