(Aeronoticias) La Dirección de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL) a cargo de la abogada Irma Alejandra Carrasco Vera, incumpliendo el Decreto Legislativo 1265, su Reglamento y la Resolución Ministerial 0092-2017-JUS, que la obliga a informar al Ministerio de Justicia la nómina de los abogados que tienen sanción vigente para que sean escritos en el Registro Nacional de Abogados Sancionados del Ministerio de Justicia, no ha informado las Resoluciones del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Lima Exp. 155-2012 de setiembre del 2015, que sanciona a Víctor Girao Alatrista por 5 años hasta el 22/10/2020 y la Resolución 269-2012 de octubre del 2015, que sanciona al mismo abogado hasta noviembre del 2017, es decir, este caso que es el más grave en la historia de la abogacía peruana, ya que está precedido de resoluciones de expulsión, de suspensión, de sanciones del Colegio de Abogados del Callao, dentro de un contexto en que el mencionado abogado luego que lo sancionara el CAL, se incorporó al Colegio de Abogados del Callao con Registro CAL 7591 y cuando lo sanciona el Colegio de Abogados del Callao, se incorpora al Colegio de Abogados de Huancavelica “extrañamente no habría sido informado” por la Directora de Ética Profesional del CAL en la relación de los primeros 17 abogados que enviaron al Ministerio de Justicia.
Es preocupante que el 01/06/2017 en la Cuarta Sala Penal de Lima en el Exp. 27683, este abogado se presente como abogado habilitado estando suspendido en todo el territorio nacional, y la agraviada la Sra. July García Paredes, quien lo denunció expresó que el 34º Juzgado Penal lo condenó a 1 año de cárcel y apeló simulando estar habilitado, estando suspendido en todo el territorio nacional y esto ocurre porque precisamente la Dirección de Ética Profesional del CAL no cumplió con la obligación estatutaria con el Decreto Legislativo 1265 y su Reglamento.
La agraviada, July García Paredes a través de su abogado, se dirigió al Decano del CAL, Pedro Angulo Arana, para que se corrija esta omisión de una obligación tan elemental de la Dirección de Ética Profesional de informar al Ministerio de Justicia la nómina de los abogados que tienen sanción vigente y este es un síntoma ético preocupante que se tendrá que corregir, ya que se han comunicado sanciones de multa y de suspensiones leves de 17 abogados, pero la más grave de todas se ha omitido y el Decano del CAL no lo debe permitir.
