(Aeronoticias) El Estado peruano ha asumido una posición firme respecto del gobierno de Venezuela, reconociendo que es una dictadura, el quebrantamiento del orden constitucional, del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos.
Ha sido uno de los países promotores para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en contra de Venezuela.
El Estado peruano ha venido sopesado el delicado y sensible principio de la No Injerencia en asuntos internos y soberanía territorial frente a la masiva violación sistemática de los derechos humanos que se viene dando en Venezuela.
La reciente reunión de cancilleres en Perú, demostró el compromiso de respetar la paz, la democracia y los derechos humanos en la Región, un compromiso internacional de los Estados que no usurpa ni irrumpe el respetuoso principio de la No Injerencia de asuntos internos cuando se yuxtapone la vigencia de los derechos humanos en el mundo.
El Estado peruano decidió retirar al embajador de Perú en Venezuela y expulsar al embajador de Venezuela del Perú.
El Régimen dictatorial de Nicolás Maduro ha evidenciado a través de sus cadenas de mando la violación sistemática de derechos humanos en contra de civiles, menores de edad, disidentes, políticos opositores, fiscales, forzando un desplazamiento de venezolanos a huir de su Nación y buscando refugio en países hermanos porque no es posible vivir lo viven, sentir lo que sienten.
Es una opresión que no se puede seguir permitiendo y Nicolas Maduro se burla de las organizaciones internacionales, de los Estados, hace caso omiso a todo. Y mientras tanto este dictador sigue libre y sus cadenas de mando torturando, violando, encarcelando, juzgando en tribunales civiles; sometiendo a todo un pueblo opositor que es la gran mayoría, a una opresión sin límites, al peor vejamen que es haberles destruido su proyecto de vida.
Ese dictador y sus cadenas de mando deben asumir la responsabilidad penal que corresponda por los delitos de lesa humanidad que se vienen cometiendo.
Por ello, en aras de seguir una línea coherente del liderazgo y acciones que el Estado peruano ha venido sosteniendo respecto del régimen dictatorial en Venezuela, considero que es necesario adoptar una firme decisión de impulsar una denuncia de Estado a Estado en aplicación del artículo 14 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
El Perú podría sumar esta iniciativa con otros Estados democráticos de la Región y presentar una denuncia de Estados contra el gobierno de Venezuela, ello haría que la Corte Penal Internacional solicite a la Fiscal abra una investigación contra el régimen dictatorial; pues sería un precedente histórico y el fin probable de este régimen.
Sin perjuicio de las responsabilidades económicas e internacionales a la que hubiere lugar promovidas por los Estados en el seno de las organizaciones internacionales (Consejo de Derechos Humanos, Consejo de Seguridad, órganos de tratados, procedimientos especiales de las Naciones Unidas).
