El mandatario aclaró que pese al levantamiento del decreto que establecía el estado de sitio, los medios de prensa opositores cerrados (canal 36 y radio Globo) deberán demostrar ante los tribunales que deben ser reabiertos.El decreto fue cuestionado por diversos sectores de Honduras, entre ellos los cuatro candidatos a la presidencia que participan de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre próximo y que apoyaron el golpe de Estado.
Por su parte, la senadora estadounidense por el estado de La Florida, citada por el diario local La Prensa, afirmó hoy, al ser recibida por Micheletti, que «estoy con el presidente de Honduras, porque él es el presidente de este país». La decisión de levantar el estado de sitio se produce luego de una reunión secreta de Micheletti con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, en la base militar estadounidense de Palmerola, a 80 kilómetros de Tegucigalpa, a fines de la semana pasada.
Allí «se le hizo saber al dictador la urgencia del diálogo a fin de restablecer la democracia», lo que podría ser el llamado final a la cordura, según un editorial del diario hondureño Tiempo. Por su parte, Micheletti dijo ayer que la crisis política del país podría ser resuelta esta semana y que está dispuesto a renunciar, pero sin la restitución de Zelaya. El titular del régimen de facto indicó que la solución más viable a la crisis sería a través de una propuesta de «tercería», en la que él renunciaría al poder y Zelaya se olvidaría de su restitución, según declaraciones a la televisión local que reprodujo la agencia de noticias ANSA.
Pero también admitió, por primera vez, que los responsables de haber sacado del país a Zelaya, a quienes no identificó, serán llevados ante la justicia y «castigados» porque a su juicio «se cometió un error» al enviar al mandatario depuesto a Costa Rica después de su derrocamiento. En tanto el destituido presidente hondureño, Manuel Zelaya afirmó ayer que sólo su «regreso al poder garantiza las elecciones». «Hay elecciones convocadas. Mi restitución garantiza las elecciones, una transición pacífica (y) permite la alternancia del poder», destacó Zelaya, citado por la Agencia Brasil.
También aseguró que está «pronto» a realizar concesiones que garanticen un resultado positivo para la misión negociadora de cancilleres de 10 países de las Américas, prevista para el miércoles próximo. Entre ellas, Zelaya, depuesto hace 100 días, explicó que no cree que sea posible realizar en los tres meses que le restan de mandato los cambios exigidos por sus aliados de la resistencia antigolpista, como el llamado a una Asamblea Constituyente para reformar la Carta Magna de Honduras.
Pero Zelaya también descartó cualquier posibilidad de aceptar un acuerdo en el cual él y Micheletti renuncien para que una tercera persona asuma el poder. Explicó que «eso sería otro golpe de Estado. Los países del mundo están luchando por la restitución del presidente. Colocar una tercera persona sería legitimar el golpe», explicó. Por otra parte, según un comunicado dado a conocer hoy en Washington por la misión hondureña ante la Organización de Estados Americanos (OEA), que responde al presidente Zelaya, el diálogo «es únicamente posible y será fructífero si se lleva a cabo en un ambiente de transparencia, franqueza, tolerancia y libertad».
Por eso, señala que el gobierno «constitucional» exige en primer lugar «el cese de toda actividad represiva, sin excepción»; el «restablecimiento de una irrestricta libertad de expresión e información», así como la «rehabilitación inmediata» de los medios de comunicación antigolpistas «arbitrariamente cerrados».
Zelaya también reclama el «cese del hostigamiento y acoso a la sede diplomática» brasileña donde se encuentra alojado, informó la agencia noticiosa alemana DPA. De acuerdo con el comunicado, fechado el 2 de octubre pero dado a conocer ayer lunes, el gobierno de Zelaya considerará el «cumplimiento fiel» de estos puntos como un «mínimo de garantías de credibilidad» y una «muestra de voluntad real de diálogo» por parte del gobierno de facto.
