El derrocado presidente Manuel Zelaya espera que el Congreso lo restituya en el poder antes del jueves, fecha en que se instalará un gobierno de reconciliación surgido de los acuerdos para solucionar la crisis política hondureña, pero la OEA negó que haya un plazo convenido. «Para el jueves deberá estar organizado e instalado el gobierno de unidad nacional. Para ese día se tiene que tener resuelto el punto cinco (referente a la restitución)», planteó Zelaya durante una mesa redonda realizada el sábado con sus asesores en la embajada brasileña, que transmitió la emisora local Radio Globo.
«Este acuerdo sólo tiene un propósito: revertir el golpe de Estado colocando al presidente destituido en el cargo que corresponde», expuso. «Ese día será un día de fiesta o un día de luto si no se logra la reconciliación nacional». Sin embargo, el secretario de Asuntos Políticos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Víctor Rico, afirmó tajantemente a The Associated Press que «no hay ningún límite para restituir a Zelaya en el poder».
Indicó que «de acuerdo a lo concertado en las negociaciones para solucionar la crisis política hondureña, no hay ningún plazo para que Zelaya vuela al cargo porque el Congreso es la única institución estatal hondureña facultada a adoptar esa determinación» Subrayó que «el Congreso es soberano y ni la OEA ni nadie, menos alguien de afuera de Honduras, puede imponer un plazo a los diputados, que analizarán y evaluarán el asunto cuando ellos lo dispongan porque eso no lo establece el propio Acuerdo de Tegucigalpa-San José».
Alcanzado el jueves con el fuerte impulso de Estados Unidos, el acuerdo le deja al Congreso la decisión de reinstalar o no a Zelaya, quien fue derrocado por los militares el 28 de junio y expulsado en pijamas al extranjero. Se convino en la formación e instalación de un gobierno de unidad a más tardar el 5 de noviembre y éste debe respetar las elecciones del 29 de noviembre y entregar el poder el 27 de enero al candidato presidencial triunfador. Una comisión de cuatro miembros, coordinada por la OEA, verificará los acuerdos, que no incluyen amnistía por delitos políticos ni de otra índole. El pacto no contempla fechas para la convocatoria del Congreso, el cual es soberano, y fue el que decretó la destitución de Zelaya.
El secretario del legislativo Ramón Velásquez informó que el martes presentará a la presidencia de ese órgano el acuerdo que solicita el voto por la restitución o no de Zelaya. «Será hasta el martes porque estoy en plena campaña por mi reelección como congresista y este fin de semana visito a mis simpatizantes de varias comunidades», dijo en una entrevista Velásquez, del minoritario Partido Demócrata Cristiano y secretario del legislativo. «El lunes es Día de Difuntos y debo atender compromisos en mi pueblo».
Velásquez debe trasladar el documento con el punto polémico del retorno de Zelaya al presidente del Congreso, José Alfredo Saavedra, quien aseguró que «pronto» convocaría a los legisladores a debate. Los negociadores de Zelaya y del presidente de facto Roberto Micheletti elevaron el viernes el polémico tema a la secretaría del Congreso, como paso establecido en el acuerdo.
«Es importante que al Congreso se le dé el espacio y sin presiones poder tomar la mejor de las decisiones», planteó el sábado el diputado del opositor Partido Nacional, Juan Orlando Hernández. Micheletti reiteró el sábado su llamado al Congreso para que «la decisión que tomen sea la legal, que no se permita influencias de ninguna naturaleza, de nadie».
Se espera que los legisladores hondureños debatan pronto el punto de la restitución, pero ellos están de vacaciones y muchos ocupados en proselitismo con miras a los comicios del 29 de noviembre. El Congreso tiene 128 curules, 65 del Partido Liberal de Zelaya y Micheletti y 55 del Nacional. El resto corresponde a colectivos minoritarios.
Estados Unidos prometió apoyar las elecciones hondureñas, tras alcanzarse el acuerdo, mientras que la OEA consideró el envío de observadores a los comicios.
Zelaya mencionó el punto del acuerdo sobre que el Congreso puede consultar a la Corte Suprema de Justicia sobre su restitución.
«Me han levantado como 24 procesos (en la corte). Yo voy a enfrentarlos uno por uno con mis abogados para desvirtuar todas esas falsas acusaciones, pero así quiero también que la corte le dé trámite a todos los procesos que se han presentado en contra de los que dieron el golpe, de los que han reprimido al pueblo en forma violenta, de los que cancelaron los medios ilegalmente, de los que han declarado estado sitio; los que derrocaron y asaltaron mi casa para expulsarme a Costa Rica», dijo.
«De esa forma la corte demostraría que tiene altísimo nivel para administrar la justicia», añadió.
