El gobierno calificó el miércoles de «suma gravedad» hipótesis que indican que nueve colombianos asesinados hace 11 días en territorio venezolano eran paramilitares. El canciller Jaime Bermúdez leyó un comunicado a los periodistas en la sede del ministerio y advirtió que «algunas voces en ese país (Venezuela) pretenden sugerir que por tratarse de presuntos integrantes de los mal llamados grupos paramilitares, existiría algún tipo de justificación para lo ocurrido».
Bermúdez, aunque sin mencionarla, hizo referencia a la masacre del 24 de octubre de 11 personas en la frontera entre Colombia y Venezuela: nueve colombianos, un venezolano y un peruano. El canciller consideró también como «grave la situación de orden público que se vive en Venezuela», e insistió en que «la justicia debe operar plenamente, sin que haya espacio al prejuzgamiento político» en el caso de las investigaciones por la muerte de los colombianos.
«Frente al asesinato de cualquier ciudadano la acción del estado debe ser igual de contundente, trátese de actores que intentan suplantarlo (como) terroristas, narcotraficantes o milicias», agregó. Bermúdez también envió un mensaje de solidaridad a los familiares y allegados de dos guardias venezolanos que fueron asesinados hace dos días en la frontera con Colombia. Venezuela cerró el lunes el paso en el principal punto de cruce desde su territorio a Colombia, luego que desconocidos mataran a dos agentes de la Guardia Nacional apostados en un punto de control fronterizo en territorio venezolano. Pero el martes en la noche se abrió el paso en la agitada frontera.
María Eugenia Riascos, alcaldesa de Cúcuta, ciudad en la frontera con Venezuela y a 400 kilómetros al noreste de Bogotá, explicó en diálogo telefónico a la AP que «ya se dio vía libre al paso, tanto de vehículos como de personas que transitan, tanto colombianos como venezolanos». Las cifras varían sobre cuántas personas y autos cruzan en ambos sentidos la frontera, pero superan los miles. «Diariamente circulan alrededor de 40.000 personas para estudio, para trabajo, para vivienda, que son los que viven aquí cerca en la zona de frontera», dijo la alcaldesa.
«Nos preocupa», agregó, «la declaración del presidente venezolano Hugo Chávez sobre la posibilidad de cerrar definitivamente la frontera colombo-venezolana». Cuando se cierra la frontera, dijo la alcaldesa, «podemos hablar de pérdidas diarias de 15 millones de dólares».
Para Margarita Silva, secretaria de gobierno del fronterizo departamento de Norte de Santander, los guardias venezolanos en la frontera «molestan, detienen la gente, es un hostigamiento general, no hay una tranquilidad, no hay garantías para los colombianos». La molestia de Caracas con Bogotá, que desembocó en la «congelación» de relaciones políticas en julio pasado, se debe a un acuerdo de Colombia con Estados Unidos para el uso de bases militares en esta nación andina, un convenio que Venezuela considera una «amenaza» a su seguridad interna.
Sobre este punto, el martes el presidente Chávez calificó a Colombia como «colonia» de Estados Unidos y dijo que las decisiones del gobierno de Bogotá no las toma la Casa de Nariño o la sede de gobierno sino la Casa Blanca.
