Según esta nueva normatividad, la Junta Directiva en las nuevas administraciones aeroportuarias, incorporará la representación de las Asociaciones de Aerolíneas, comerciantes y trabajadores aeroportuarios, y de cuatro funcionarios públicos que representen al Estado, cargos que serán de libre nombramiento y remoción.
En la Junta Directiva, estará además la Contraloría General de la República, un representante de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Panamá, la Gerencia del Aeropuerto correspondiente, quienes participarán de las reuniones con derecho a voz. Asimismo, destacó que cada una de las directivas de los distintos aeropuertos panameños deberán establecer a partir de los cambios normativos introducidos por la Ley 23 sus políticas financieras, de inversión y adquisiciones que requieran como sociedad anónima en operación.
Estarán facultados para establecer convenciones colectivas de trabajo y en sus informes anuales al Consejo de Gabinete deberán plantear sus estados financieros y balances.
En la búsqueda de la eficiencia aeroportuaria se deberán realizar la auditoria externa y contratos para que terceras personas presten servicios en los aeropuertos dentro de un contexto en que el legislador panameño busca optimizar la infraestructura y los servicios aeroportuarios en el Aeropuerto Internacional de Tocumén-Panamá, que es un importante hub redistribuidor de tráfico en la región.
Aeronoticias considera que el concesionamiento y la optimización de las políticas aeroportuarias que vienen implementando los Estados de la región son positivas, sin embargo requieren de un adecuado control para que las tasas aeroportuarias no aumenten desmesuradamente en razón a que pueden afectar a la industria aérea y a la turística, es por ello que las autoridades de aeronáutica civil deben de tener presente que el principio de economicidad que rige el desenvolvimiento el transporte aéreo internacional debe tener un sano equilibrio con los principios de eficiencia y seguridad en un momento en que la IATA acertadamente viene reclamando por los sobrecostos que crean una implementación inadecuada y antieconómica de los programas AVSEC, de los Estados, lamentablemente aquí también existe la falta de liderazgo de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC) que desde 1994 mantiene un secretario ecuatoriano en Lima, que ha sido totalmente ineficiente a los intereses del desarrollo de la aviación civil en la región, habrá pues que comenzar a trabajar en una nueva convocatoria que le permita a la CLAC, un nuevo secretario con nuevas ideas y proyecciones que necesita el desarrollo de la aviación civil de los países latinoamericanos.
