El Gobierno de facto de Honduras redobló las medidas de seguridad en el país, principalmente en torno a los candidatos presidenciales, ante un aumento de episodios de violencia mientras la crisis política derivada del golpe de Estado sigue sin resolverse. En los últimos días se sucedieron asesinatos a plena luz del día, así como ataques con granadas y bombas caseras, algo que no había sucedido ni siquiera en las primeras tensas semanas que siguieron al derrocamiento del presidente Manuel Zelaya, el 28 de junio.
«Tenemos un plan de protección para los principales líderes políticos del país, especialmente para los candidatos presidenciales y otros políticos que lo han pedido», dijo a Reuters el jefe policial Danilo Orellana. «Este esquema se ha estrechado debido a la escalada de atentados y crímenes de los últimos días con fuerzas y aparatos de inteligencia para detectar y neutralizar grupos o personas que pretendan realizar actos de violencia», explicó.
La violencia no es nueva en el empobrecido país centroamericano, asolado años atrás por las temibles «maras» o pandillas juveniles y donde en el pasado han habido atentados y secuestros contra funcionarios y sus familiares y operan poderosos cárteles del narcotráfico. Aunque las autoridades no vinculan directamente el aumento de delitos en las últimas semanas con la crisis política, hay quienes reconocen que la división que generó en el país avivó la violencia. «Es una situación difícil que en parte es exacerbada por la crisis política. Pero es un problema que no es nuevo», dijo a Reuters Orlín Cerrato, portavoz del ministerio de Seguridad.
La semana pasada, Washington emitió una alerta de viaje a Honduras que avisa a sus ciudadanos de la incertidumbre política y de seguridad, y pide evitar traslados innecesarios al país exportador de café. La advertencia tiene vigencia hasta el 20 de diciembre. En un barrio marginal de Tegucigalpa fue asesinado el martes a tiros el hermano del ex presidente Rafael Callejas (1990-1994), por motivos que aún no están claros. Algunos medios locales, citando a la policía, dijeron que era buscado por la justicia por denuncias de estafa.
Su hermano respaldó el golpe contra Zelaya. El crimen se sumó a la muerte a balazos el lunes de un candidato a alcalde en el interior del país y a un ataque el sábado con armas de fuego contra el fiscal general, que salió ileso. El fiscal tiene la responsabilidad de emitir una opinión para el Congreso sobre el posible regreso de Zelaya al poder.
En ambos casos no eran claras las razones del ataque. «Me siento realmente preocupado, porque son personas conocidas las atacadas, no como los crímenes anteriores», dijo a Reuters el empresario Alejandro Alvarez, vicepresidente de la Cámara de Construcción, que también respalda al presidente de facto, Roberto Micheletti.
Además, los estallidos de artefactos explosivos se están convirtiendo en cosa común en el país, de casi 8 millones de habitantes de los cuales un 70 por ciento vive en la pobreza. La crisis dividió a los hondureños entre los que apoyan el retorno de Zelaya al poder y los que respaldan al Gobierno de facto, que acusa al depuesto líder de violar la Constitución con su intento de hacer un referéndum para allanar el camino a la reelección presidencial.
Zelaya está refugiado en la embajada de Brasil desde el 21 de septiembre, cuando volvió clandestinamente al país. Un acuerdo firmado a finales de octubre entre las partes en conflicto quedó sin efecto por desacuerdos en torno a la conformación de un Gobierno de unidad nacional.
