La Justicia Argentina allanó la sede de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas por las sospechas de que se habrían pagado sobreprecios en perjuicio de las arcas fiscales. La orden la dio el juez federal Sergio Torres, de la ciudad de Buenos Aires, quien investiga si las autoridades de Aerolíneas o incluso de la Secretaría de Transporte cometieron una presunta defraudación o una administración fraudulenta, entre otros eventuales delitos.
Ante la consulta, los voceros de Aerolíneas Argentinas confirmaron que una delegación de cuatro funcionarios judiciales allanó la empresa ayer, a las 15, y que se les entregó toda la documentación que requirieron, aunque reafirmaron que la compañía no cometió irregularidades y el precio fue el adecuado. La investigación se abrió a partir de un artículo que se publicó el 28 de septiembre pasado.
Reveló las sospechas sobre presuntos sobreprecios por US$ 5 millones por cada avión y el presunto rol que asumió en la operación Manuel Vázquez, controvertido asesor del entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime.
Los aviones Embraer E190AR cuestionados, valen cerca de US$ 30 millones en el mercado, mientras que Aerolíneas acordó comprarlos por US$ 35 millones cada uno, lo que justificó en los «opcionales», que incluirían repuestos, la instrucción y equipamientos extras, tanto externos como de cabina.
Sin embargo, la entidad brasileña que financiará el 85% de la adquisición, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes), ofreció una versión distinta cuando estalló la polémica. Para empezar, negó los valores difundidos por el gobierno argentino mediante un comunicado divulgado por la Agencia Estado. «No existe todavía contrato de financiación para la venta de 20 aeronaves de Embraer (?) y la operación y sus precios están en negociación», aclaró.
El Bndes confirmó además que en julio se había firmado sólo una «carta de intención» y que prestaría el 85% del monto de la operación, pero aclaró que no financiaría servicios, «como la capacitación técnica para el mantenimiento de las aeronaves y la instrucción de los pilotos».
«Precios políticos»
Casi dos meses después, fue la propia presidenta Cristina Kirchner quien admitió que el Gobierno había recibido otras ofertas con financiamiento más barato, pero que se inclinó por la opción brasileña por razones que excedían lo económico o financiero.
«En un mundo donde todos ofrecen comprar con financiamiento muy barato, nosotros decidimos hacerlo por una cuestión esencialmente política y adquirir aviones aquí, en Brasil», argumentó el 18 de noviembre pasado, durante una visita al presidente Luiz Inacio Lula da Silva.
Ese mismo día, el sucesor de Jaime como secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, firmó el acuerdo de compra de las 20 aeronaves para ampliar la cobertura de vuelos de cabotaje de Aerolíneas, en línea con el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
Aeronoticias considera que este allanamiento representa un nuevo golpe para la aeronáutica argentina respecto a que si bien la operación de compra no se hizo por licitación, sino mediante un acuerdo entre ambos gobiernos, este eventual «precio político» necesita ser evaluado por el juez Torres, para dilucidar si «resulta razonable el margen de costo adicional a partir de una política estratégica de la Argentina de comprar dentro del Mercosur», tal como indicó un informante judicial.
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