(Aeronoticias) El “Proyecto de Reforma Constitucional de Indecopi” impulsado por las congresistas de la Comisión de Constitución del congreso: Patricia Juárez y Adriana Tudela, aumentan el gasto público en S/. 150 millones de soles anuales, lo que está prohibido por el “Art. 79 de la Constitución Política”. Se olvidaron del pequeño detalle que los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos.
Esta es la razón por la cual la Congresista Patricia Juárez, Presidenta de la Comisión de Constitución, antes de aprobar el Predictamen, le consultó primero a CONFIEP y a los abogados de las empresas multadas y nunca le consultó al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Presidencia de Indecopi, al Ministerio de Producción, al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, que preside el Congresista José Luna Gálvez, a las Asociaciones de Consumidores, a la Comisión de Presupuesto del Congreso y tampoco se sustentó económica y financieramente este aumento del gasto. Es decir, el trámite fue dictatorial ni siquiera en defensa de los derechos de Indecopi se les permitió una opinión constitucional y la de los abogados de Indecopi que sostienen la inconstitucionalidad, fue la aprobación de un dictamen express con el beneplácito y campaña comunicacional de sectores privados que saben que ya no tienen el control de la institución y que pretenden, confiscar Indecopi para no pagar deudas en multas de más de S/. 3,000 millones de soles.
El pretendido copamiento de Indecopi a través de un nuevo Consejo Directivo nombrado por CONFIEP a través del Congreso, tiene vicios procesales en esta reforma constitucional que prueba que este copamiento no ha tenido en cuenta que el Art. 79 de la Constitución, en su texto señala, que los congresistas de la Comisión de Constitución no tienen iniciativa para crear y aumentar el gasto público. Se olvidaron, además, que el “Reglamento del Congreso” indica que esta reforma Constitucional del Indecopi no puede contener propuestas de creación ni aumentos del gasto público.
Esta iniciativa estaría impulsada por lobbies y lobistas de sectores multados por Indecopi en S/. 2,700 millones de soles, que quieren recuperar el control político de esta institución a través del Congreso de la República, violentado el “Art. 118 de la Constitución en lo referido a las facultades del Poder Ejecutivo” y para ello, la Comisión de Constitución violó el derecho de Indecopi a presentar siquiera un abogado que defienda a la institución, no los dejaron defenderse, esta es una prueba que tiene el país frente a un comportamiento de la Comisión de Constitución en perjuicio del futuro de Indecopi, de los consumidores y de la libre competencia.
La Reforma Constitucional de Indecopi que plantea Adriana Tudela y Patricia Juárez en el fondo busca el control político de la institución por parte del Congreso de la República y la supuesta meritocracia, es el pretexto perfecto para inconstitucionalmente sacar del cargo al actual Presidente de Indecopi, antes de los 3 meses de gestión, y de esta forma lograr que se anulen las multas al “Cartel de la Construcción”.
Actualmente, Indecopi en defensa de los derechos del consumidor, en base a la autonomía que le da el Decreto Legislativo 1033, está combatiendo las puertas giratorias de estos grupos de poder que impulsan la reforma constitucional para retomar el control.
En menos de 100 días de gestión, la actual administración de Indecopi ha sido reconocida internacionalmente y en poco tiempo la institución ha logrado establecer las Políticas Públicas y la hoja de ruta para un funcionamiento eficiente y autónomo de las Salas, con libre competencia en el mercado, sin embargo, los sectores privados multados por el caso Odebrecht, han desarrollado una estrategia para sacar del cargo al actual Presidente vía reforma constitucional y buscar que se anulen sus deudas por casi 3,000 millones de soles.
Consideramos que la Comisión de Ética del Congreso deberá investigar, lo que le permitirá verificar con quiénes se reunieron los Congresistas de la Comisión de Constitución que impulsan tomar políticamente Indecopi para solucionar las 2,700 millones de razones de multas que se han impuesto y que están originando esta Reforma Inconstitucional, que busca que el Poder Legislativo invada las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo, y de esta forma todas las multas del Cartel de la Construcción sean anuladas, es decir, usan al Congreso y hacen una reforma constitucional para proteger estos intereses privados.
Sería interesante, que el Congreso de la República investigue si los supuestos abogados, aparentemente independientes, que consultó la Congresista Patricia Juárez, Presidente de la Comisión de Constitución, han prestado individualmente o a través de sus estudios jurídicos, servicios legales a las empresas multadas ya que podría haber conflictos de intereses.
Por último, el Proyecto de Patricia Juárez y Adriana Tudela viola el Art. 103 de la Constitución en lo referido a la función Legislativa, ya que si son abogadas en primer año de derecho se aprende que ninguna ley puede tener fuerza ni efecto retroactivo, dice la constitución que la ley desde su entrada en vigencia, se aplica las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efecto retroactivo, sin embargo, como el Presidente actual de Indecopi está nombrado por 5 años, hasta el 14 de septiembre del 2026, pero los posibles lobbies que impulsan esta iniciativa han puesto en el proyecto que se le debe cesar en 60 días, lo que prueba la inseguridad jurídica que vive el país con estas prácticas legislativas de estas Congresistas que defenderían intereses privados y que no tendrían ningún reparo en violar los derechos Constitucionales de las personas y los derechos de los consumidores del pueblo peruano.
Por último, el país tiene que saber que CONFIEP fue el gremio consultado para impulsar esta reforma constitucional que pretende confiscar Indecopi, sacar del cargo al actual Presidente con el objetivo de que se anulen las multas de 2,700 millones de soles al Cartel de la Construcción.
