(Aeronoticias): El controvertido expresidente de 83 años fue liberado una primera vez en diciembre de 2017, en una discutida decisión que el Tribunal Constitucional del país canceló posteriormente.
Pero esta nueva resolución vuelve a poner el indulto a Fujimori en la agenda, especialmente tras el nombramiento de jueces considerados más indulgentes con el ex jefe de Estado.
«Lamentablemente podemos confirmar esta información, la libertad de Fujimori implica que habrá anulado, por lo menos, dos sentencias de la Corte Suprema referidas al indulto», dijo Carlos Rivera, abogado de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), a la agencia de noticias EFE.
La decisión del TC de liberar a Fujimori no es humanitaria, tiene una clara intención política, y es una afrenta a los asesinatos de la dictadura. La memoria de la patria no se negocia.
— Hernando Cevallos (@HCevallosFlores) March 17, 2022
Alberto Fujimori gobernó Perú durante 10 años, entre 1990 y 2000. Es una figura muy polémica en el país sudamericano, donde es tan odiado como adorado.
En su primer mandato, logró poner fin a un periodo de hiperinflación que estaba minando el país y pudo reactivar la economía, pero después, fue acusado y luego condenado por corrupción y por graves violaciones de los derechos humanos, especialmente relacionadas entre otras denuncias, con su violenta represión contra la guerrilla de Sendero Luminoso.
En el año 2000, dimitió después de que circularan vídeos en los que se veía a su jefe de servicios secretos intentando sobornar a varios políticos.
Fujimori voló entonces a Japón, donde solicitó la ciudadanía y permaneció durante años, antes de marcharse a Chile en 2005. Allí fue detenido y extraditado a Perú en septiembre de 2007.
La crisis institucional a la cual me referí en mi mensaje al Congreso se refleja en la última decisión del @TC_Peru.
Los órganos de justicia internacional a los que el Perú está adscrito y el Estado de derecho deberán cautelar el ejercicio efectivo de la justicia para el pueblo.
— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) March 17, 2022
En 2009, fue condenado a 25 años de cárcel. En 2017, el presidente de entonces, Pedro Pablo Kuczynski, lo perdonó y ordenó su liberación, rompiendo una de sus promesas de campaña. Pero una decisión del Tribunal Supremo peruano terminó por devolverlo a prisión en 2018.
Sus aliados, incluida su hija, Keiko Fujimori, excandidata presidencial, han constantemente pedido su liberación, alegando problemas de salud.
Las masacres de Barrios Altos y de La Cantuta
En 2009, Alberto Fujimori fue convicto por primera vez, por violar los derechos humanos durante su presidencia y fue sentenciado por un tribunal de Lima, a 25 años de prisión.
Su condena se basó principalmente en su papel como instigador de dos masacres de civiles que dejaron 15 muertos en 1991 y 10 en 1992, llevadas a cabo por unas bandas paramilitares organizadas y entrenadas por el Estado, en el marco de una guerra despiadada contra las guerrillas de extrema izquierda.
Los defensores de los derechos humanos han calificado de terrorismo de Estado estas tácticas del régimen de Fujimori.
🔵🔴La secretaria ejecutiva de la coordinadora nacional de Derechos Humanos, Jenni Dador, indicó que la liberación de Fujimori sería evaluada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. https://t.co/FTtZTH814N
— Exitosa Noticias (@exitosape) March 17, 2022
La violencia política en Perú, resultado de la lucha entre los rebeldes de Sendero Luminoso y varios Gobiernos, entre ellos, el de Fujimori, causó más de 70.000 muertos.
Fue en 1991 cuando los «escuadrones de la muerte», comenzaron a aplicar la ley de represalias contra la guerrilla maoísta.
El 3 de noviembre de este año, en el primer piso de un edificio de Barrios Altos, en Lima, una docena de residentes estaban reunidos en un apartamento para debatir sobre la mejora de los servicios comunitarios, cuando 10 hombres irrumpieron y abrieron fuego.
El grupo paramilitar mató a 15 personas ese día, entre ellas un niño. Las víctimas eran sospechosas de colaborar con Sendero Luminoso.
La segunda masacre tuvo lugar en la mañana del 18 de julio de 1992, un día después de que 20 personas murieran en un atentado con coche bomba en Lima, atribuido a Sendero Luminoso.
La sentencia del #TC a favor de Fujimori:
«#Vulnera el derecho al acceso a la justicia que tienen las víctimas».
Jennie Dador secretaria ejecutiva de la #CNDDHH👇🏾@TC_Peru @presidenciaperu @CorteIDH @bbcmundo https://t.co/pV1DIn8MJ6
— CNDDHH 🇵🇪 (@cnddhh) March 17, 2022
Nueve estudiantes y un profesor universitario presuntamente implicados en el ataque fueron secuestrados en su residencia universitaria. Sus cuerpos carbonizados fueron descubiertos un año después, el 8 de julio de 1993, en el fondo de un precipicio.
Entre estas dos masacres, Fujimori había suspendido el orden constitucional, concentrando el poder en sus manos para no responder por sus acciones ante los tribunales o el Parlamento. Durante el mandato del expresidente, se impidió cualquier investigación.
El escándalo de las esterilizaciones forzadas
En los años 1990, bajo la presidencia de Alberto Fujimori, cientos de miles de mujeres indígenas y pobres fueron esterilizadas a la fuerza.
Según los testimonios, las autoridades recogían a estas mujeres, las obligaban a subir a ambulancias y las llevaban a centros donde las desnudaban con violencia y las operaban en condiciones sanitarias deplorables, antes de enviarlas a casa sin ningún seguimiento médico.
Con ese modo operativo, el Gobierno de Fujimori pretendía luchar contra la pobreza.
Fue en 1996 cuando su Administración lanzó su “programa de salud reproductiva y planificación familiar”, con el argumento de reducir la pobreza e impulsar la economía, a través de la esterilización de las mujeres pobres e indígenas como método anticonceptivo.
Esta tarde, mujeres víctimas de las #EsterilizacionesForzadas fueron insultadas y agredidas por el grupo «Fujimori Libertad», entre los que se encontraban miembros del colectivo extremista Los Combatientes, derivado de La Resistencia. pic.twitter.com/R4otyQ8UCS
— saludconlupa.com (@saludconlupa) March 17, 2022
La iniciativa recibió el apoyo financiero y técnico de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y de la agencia del Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Según varios informes, en 2000, cuando se abandonó el programa tras la huida de Fujimori a Japón, entre 270.000 y 350.000 mujeres y 25.000 hombres habían sido víctimas de esta política de esterilizaciones forzadas.
Veinte años después de las primeras acusaciones, la impunidad sigue total y nunca se condenó a ningún responsable.
Es solamente en diciembre de 2021 que se abrió un proceso penal contra Fujimori, el principal acusado, junto con tres de sus ex ministros de salud.
La investigación durará ahora al menos ocho meses.
Un total de 2.000 personas han presentado denuncias y más de 8.000 están inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas, que mantiene el Ministerio de Justicia; aunque varias de ellas ya han fallecido.
El actual presidente, Pedro Castillo, prometió durante su campaña presidencial que el Estado presentaría disculpas públicas. Pero ocho meses después de su elección, esta promesa sigue sin cumplirse, en medio de las varias crisis políticas que atraviesa el país andino.
Fuente: France24.com
