Un contratista norteamericano detenido en Cuba cuando supuestamente intentaba entregar sistemas de comunicación satelital a grupos disidentes trabaja para los servicios de inteligencia de Estados Unidos y está bajo investigación en la isla, informó el líder parlamentario Ricardo Alarcón. «Este (el detenido) es un señor contratado que trabaja para los servicios secretos norteamericanos», afirmó el miércoles el funcionario, uno de los más cercanos asesores gubernamentales en las relaciones con Estados Unidos.
«Hay una nueva institución en Estados Unidos que son agentes, torturadores, espías que en la privatización de la guerra los contratan», explicó en relación a los llamados «contratistas». El hombre cuyo nombre no trascendió en ninguno de los dos países, fue detenido a comienzos de diciembre y es empleado de Development Alternatives Inc., una compañía de Washington que recibe dinero del gobierno estadounidense para programas de apoyo a la disidencia en Cuba.
Según Alarcón el contratista «está sujeto a investigación». Medios de prensa estadounidenses sacaron a relucir el caso hace unas semanas indicando que la persona había sido detenida en un aeropuerto cubano.
«Le puedo asegurar que está mucho mejor, mucho mejor (en la cárcel cubana) que las víctimas de esos contratistas en todo el mundo», agregó en alusión a las irregularidades y violaciones a los derechos humanos denunciadas sobre todo en Irak donde estas empresas privadas desplegaron mayoritariamente a su personal. Un oficial de inteligencia estadounidense que prefirió el anonimato dijo que la acusación cubana es un «total absurdo»; mientras ningún funcionario de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en esta capital estuvo disponible para realizar comentarios.
Se desconoce también la situación procesal del «contratista» o su perspectiva judicial futura.
A finales de diciembre la oficina estadounidense en La Habana informó sobre una reunión consular con el hombre, pero rechazó proporcionar detalles alegando cuestiones relacionadas con la sensibilidad en la relación de las dos naciones. El presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro, indicó el miércoles que el caso no había llegado a la instancia judicial todavía.
Alarcón y Ferro encabezaron la constitución de la Comisión Electoral Nacional que supervisará el proceso comicial isleño programado para este año y allí fueron abordados por periodistas. En general las autoridades cubanas y estadounidenses guardaron reserva sobre el caso. La mención más específica correspondió al presidente Raúl Castro, quien en un discurso en diciembre lo señaló como un ejemplo del empeño del nuevo titular de la Casa Blanca, Barack Obama, por destruir la revolución.
Castro indicó que el hombre arrestado «se dedicaba al abastecimiento ilegal con sofisticados medios de comunicación vía satélite» a agrupaciones disidentes sin estatus legal y consideradas por las autoridades como «mercenarias» y usadas para desprestigiar a la revolución. Recordó que el presupuesto federal estadounidense destina al menos 55 millones de dólares para apoyar a la oposición isleña y parte de ese dinero es con el que opera Development Alternatives Inc.
