El Tercer Juzgado Penal del Callao expidió el auto de apertura de instrucción por delito de abuso de autoridad contra Luis Sipan Hernandez, quien se desempeña como inspector de seguridad de la Dirección de Aeronáutica Civil-DGAC en el Aeropuerto Internacional Jorge Chavez, quien en comunicación previa con su jefe Cesar Matos jefe del departamento de seguridad de la aviación de la DGAC supervisaron operaciones de atención de pasajeros de Aerocondor en junio del 2007 en momentos en que personal de seguridad de esta empresa de aviación chequearon sus equipajes facturados el inculpado Sipan habría retrasado arbitrariamente y con claro de abuso de atribuciones la partida del aeronave boeing 737-200 de Aerocondor con destino a Iquitos perjudicando a 120 pasajeros nacionales que no pudieron salir en el vuelo de itinerario por el problema aviario en Iquitos y, mas de 100 turistas extranjeros se habrían quedado varados en el Aeropuerto de Iquitos por estos hechos, perdiendo sus conexiones internacionales, lo que generó un malestar en el sector turismo, afectando gravemente la imagen internacional del Perú.
Juez Penal del Callao abre instrucción penal por delito de abuso de autoridad en agravio de Aerocondor y del estado contra el funcionario DGAC Luis Sipan, lo que seria el eslabón de como en la gestión Zavala habría existido de la consigna para sacar Aerocondor del mercado regular
Según la Resolución del Tercer Juzgado Penal del Callao, el funcionario de la DGAC paralizó el vuelo porque supuestamente no se habían revisado 4 equipajes que fueron abordados por personas en lista de espera, lo que motivo que la supervisora de tráfico Elsa Viaña de Chacón, sugiriera que dichas maletas o cajas se quedaran en tierra, aún así el Inspector DGAC no accedió, lo que trajo como consecuencia la cancelación del vuelo.
Fuentes del Aeropuerto informaron que entre junio y agosto del 2007 estas inspecciones eran normales y habrían afectado con reiteradas paralizaciones indebidas gravemente la economía de esta línea aérea, frente a funcionarios DGAC que violando el Artículo 74 de la Ley 27261 Ley de Aeronáutica Civil del Perú, desconocían la autoridad del comandante de la aeronave, su competencia, atribuciones y responsabilidades.
Tendrá que explicar el uso de recursos públicos, sin licitación publica para contratar a abogados particulares, estudio Carrion para defender al funcionario de la DGAC denunciado por la Fiscalía penal del Callao, por delito de abuso de autoridad por agravio de Aerocondor y del Estado.
La Fiscalía Provincial y la Fiscalía superior del Callao han considerado que la conducta del denunciado Luis Sipan, se encuentraría prevista y sancionada en el Artículo 376 del Código Penal, por lo que el juez penal abrió instrucción en la vía del proceso sumario, contra Luis Guillermo Sipan Hernandez por delito contra la Administración Pública-abuso de autoridad-en agravio del Estado y de la empresa Aerocondor ordenándose mandato de Comparecencia restringida y se solicitó se trabe embargo formándose el cuaderno cautelar.
Lo interesante es que la Ministra Verónica Zavala y su Viceministro Carlos Puga lejos de sancionar estas conductas de estos funcionarios DGAC utilizaron recursos públicos sin licitación pública para defenderlos y por montos que se tienen que investigar para contratar a unos abogados de nombre Carrión, Herrera y Corilloclla para que los defiendan en los juzgados penales del Callao alos funcionarios DGAC he inclusive para que querellen a quienes ante la opinión pública, en la búsqueda de la verdad, protestaron por este abuso que probaría que habría existido presuntamente- se tendrá que investigar- cierta direccionalidad política de Carlos Puga Pomareda y tal vez de su jefa la Ministra de Transportes Verónica Zavala para sacar del mercado regular a la empresa de aviación Aerocondor en momentos a que esta comenzó a crecer en la preferencia de los pasajeros peruanos frente a sus competidores.
El juez citaría en el mes de noviembre como testigo a verónica Zavala, a Carlos Puga y a Cesar Matos y no se descarta que de testigos algunos funcionarios de la DGAC puedan pasar a ser inculpados y que se presente una demanda indemnizatoria ante el juez en lo civil de Lima contra los funcionarios responsables y contra el Estado peruano en la vía civil ya que este sería el eslabón que probaría como comenzó la tragedia de Aerocondor en la gestión de Verónica Zavala al frente del MTC.
Por último sería importante que el primer ministro Yehude Simon pida un informe a la ministra de transportes sobre este caso y sobre los recursos del tesoro público que está utilizando el MTC en la contratación de estos abogados en razón a que no se a publicado en el Diario Oficial el Peruano licitación o adquisiciones de menor cuantía por lo que se podría estar violando la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado sin que la OCI del MTC y la misma Contraloría investiguen.
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