(Aeronoticias): Cada vez que la historia nos da la oportunidad, de capitalizar las ofertas económicas tanto nacionales como extranjeras, la clase política bajo excusas de traer la inversión internacional, renuncian a concesiones, privatizaciones, contratos ley y otras modalidades de lograr opciones que nos favorezcan, para desarrollar las obras dirigida de la Alta Dirección Pública, en educación, medicina, vías de comunicación, desarrollo de derechos fundamentando la democracia nacional.
Primero fue el salitre, una vez que se perdiera esta fuente en la Guerra con Chile que tomo Arica al firmar el Tratado de Ancón, luego la venta del Guano de la isla, Contrato Grace, los ingresos cuantiosos en la venta de materias primas en la Primera y Segunda Guerra Mundial, el auge repentino de la minería entre el año 60 al 90, privatizaciones y ventas de empresas del Estado, nuevamente el boom de la minería extractiva; y así progresivamente se fue quebrando la economía del país.
Al crecer como país, se necesitaba infraestructura en colegios y universidades para la educación, hospitales, centros médicos, postas, edificación de comisarias, carreteras y otras imprescindibles para el desarrollo. En paralelo aparecieron las mafias y carteles con el apoyo de la clase política y Gobernantes, y quien dentro del Poder Legislativo y Ejecutivo, depredaron los intereses nacionales, por una miserable pitanza; sin importarles el enorme grado de lesividad al país. Como ejemplos tenemos el caso de Odebrecht (parte del mega-caso Lava Jato), por coimas de varios cientos de millones, para buscar estas empresas miles de millones de utilidad, sin auditarse hasta ahora, no solo por la dolosa intervención política, sino que también por falta de Organismos Fiscalizadores.
Parte de esta desgracia nacional, la encontramos en las limitadas funciones del Poder Judicial, comenzando por una Legislación distorsionada, hay veces impulsadas por el Congreso en Leyes malas, un Código Penal y Procesal lleno de modificaciones en sus capítulos procesales, garantías humanas inaplicables para este tipo de delitos; resultando que no hay ningún Funcionario brasileño sentenciado y menos de cumplir sentencia, aplicándose Fallos solo a los pobres diablos Presidentes y unos cuantos empleados de la Alta Administración Pública.
Una muestra de ello, es Camisea que provee cerca del 50% de la energía eléctrica del Perú, sus operadores principales son el consorcio que está conformado por Pluspetrol (27.2%), Hunt Oil (25.1%), SK (17.6%), Tecpetrol (10%), Sonatrach (10%) y Repsol (10%), operado principalmente por Pluspetrol. El transporte desde Cusco hasta la costa está a cargo de Transportadora de Gas del Perú (TGP) , operadora del principal gasoducto del país, es el fondo de inversión estadounidense EIG Global Energy Partners, con una participación del 49,87% a principios de 2026, otros socios es la española Enagás y la argelina Sonatrach; y la distribución a consumidores en Lima y Callao es realizada por Cálidda, y Contugas.
Como vemos, estamos sometidos a Operadoras, que por etapas se han distribuido los beneficios sin responsabilidades, unas son las operadoras en Boca del Pozo, otras son las transportadoras hasta el Cusco, otras hacia la Costa, y las ultimas para Lima, Callao y Provincias; cada una de ellas con su tramo de monopolio conocidas como el Cartel del Gas, en centavos esta valorizada por metro cúbico, y cuando llega a la población tiene un costo inaceptable de S/. 55 x galón de consumo doméstico, casi igual el de uso industrial.
Las fallas recientes han puesto en evidencia la precariedad de la operación de extracción y transporte, con un monopolio con tramos sin responsabilidad contractual por los daños que están causando, incremento exorbitantes de precios por las fallas de sus gasoductos, costos que asume el Estado con bonos para los transportistas y los sufridos consumidores del país; y lo que es peor que los postulantes a la Presidencia y al Congreso de la República tengan una propuesta política para el desarrollo del petróleo y gas.
Por: Julio Ubillus Soriano
