(Aeronoticias): .- Después de la grave inmoralidad del régimen de Toledo, donde se modifico delictivamente la Ley de Compras y Adquisiciones de Bienes y Servicios del Estado, con la cual bajo el fraude legislativo de permitir que empresas impedidas de licitar por deber impuestos, obras inconclusas, procesos con el Supremo Gobierno; permitiendo que la Constructora Odebrecht, Camargo Correo y otras, que incentivaron la corrupción dominaran en el llamado Cartel de la Construcción, monopolizando muchos años las obras y edificaciones del país.
Calculando que nunca se descubriría esta severa afectación a los intereses nacionales, de Norteamérica hicieron de conocimiento de la forma en las cuales estas empresas brasileñas, venían acaparando bajo medios ilícitos todo aquello referido a las construcciones; creando estupefacción en los medios de comunicación nacionales, y pánico en la clase política comprometida con este gran daño a los intereses públicos.
Es así, tal como lo hemos comentado en notas anteriores, vía facultades delegadas por el Congreso de aquel momento – año 2016 – el Presidente Pedro Pablo Kuczynski expidió 112 Decretos Legislativos, y con el numero 1326 creo la Procuraduría General de la Republica y reformando el Sistema Administrativo, sin modificar el Art. 47 de la Constitución que no contemplaba la Procuraduría General de la Republica. Lo perverso de este DL, radica en que privo al Ministro de Justicia de dirigir la Defensa del Estado, es decir que nadie se responsabiliza administrativa, políticamente, civil o penalmente por el dolo con el que se maneje los asuntos judiciales del país.
Después de modificar la Constitución en el Art. 47, apuntando a una regularización de esa norma inconstitucional, se instaló finalmente la Procuraduría General de la República, sin intervención del Ministro de Justicia, en una especie de lavado de manos política evadiendo responsabilidad, y dejando esta función publica en manos de una servidumbre administrativa, cuyos titulares 3 sucesivos Procuradores, nombrados sin conocer lo que es Estado, y menos como se le debe defender.
Para muestra un botón, la reciente Procuradora Pública, ha merecido que el Poder Judicial declaró culpable a María Caruajulca Quispe, actual procuradora general del Estado, por los delitos de omisión y rehusamiento de actos funcionales, en una decisión que marca un precedente en la más alta instancia encargada de la defensa jurídica del Estado Peruano; demostrándose con ello la pésima decisión del Ejecutivo, que exprofesamente coloca a este tipo de Funcionarios, beneficiándose de la poca representación del Estado, para facilitar la salida de una clase política involucrada en un numero incalculable del proceso, que tienen como común denominador los actos de corrupción.
Por: Julio Ubillus Soriano
