(Aeronoticias).- Son dos las cláusulas que contempla el decreto 1191/12 – el cual ordena ordena, en territorio argentino, a que las entidades burocráticas realicen sus vuelos a través de la compañía Aerolíneas Argentinas o Austral, actualmente en manos de administradores aeroportuarios afines al gobierno de Cristina Fernández- para no volar en Aerolíneas Argentinas.
En dos incisos, el funcionario público no estará obligado a volar en alguna de dichas aerolíneas sí el tiempo de espera entre conexiones aéreas fuera menor a tres horas o mayor a seis, o sí el tramo de un vuelo a requerir costara 20% más que otra aerolínea no estatal.
La medida, que data del año pasado, ha ganado la afiliación de los gobernadores -quienes, políticamente hablando, tienen el poder federal de una región- en los últimos dos meses. Su cumplimiento, tras la rúbrica, es de obligatorio cumplimiento.
Con información de Urgente24.
