(Aeronoticias) Hoy hay una serie de bandas delincuenciales frente a las cuales la Policía Nacional del Perú no hace absolutamente nada, operan utilizando indigentes que los convierten en accionistas de empresas, que supuestamente les otorgan poderes para vender todo su patrimonio y que siempre tienen como protagonistas a diversas Notarias, que son agraviadas con estos delitos y que en aplicación a la Ley 30313, algunas de ellas con honor y cumpliendo la Ley 30313 “solicitan la cancelación de los Asientos Registrales delictivos”, y ellos son la reserva moral del Notariado frente a otros, de los que no podemos decir lo mismo y que tendrán que ser investigados y destituidos de encontrárseles responsabilidad civil y penal en el fraude inmobiliario en una investigación que pido aperture el Ministerio de Justicia y en el que deberían participar todos los agraviados para que se conozca la verdad, ya que un Notario Público incurre en dolo y culpa inexcusable cuando se presta a violar la Ley en beneficio de estas organizaciones delictivas.
Las estafas inmobiliarias representan una amenaza latente para las personas que ya cuentan con varias propiedades o plantean adquirir otras más. El servicio de ‘Alerta Registral’ de la Sunarp, viene funcionando como mucha eficiencia evitando que algunos propietarios pierdan sus casas en manos de estas bandas delincuenciales que están operando hoy en Lima.
Hay Notarios Públicos que se enteran que sus firmas y sellos han sido falsificados por estas organizaciones delictivas para delinquir, y actúan con prontitud pidiendo a SUNARP la cancelación del Asiento Registral, sin embargo existen algunos casos en donde los Notarios Públicos, que se enteran de estas falsificaciones y que han participado en el proceso de inscripción Registral delictivo no informan a la SUNARP y esto es grave porque la sociedad está en peligro y el Colegio de Notarios y el Ministerio de Justicia ante la denuncia de los agraviados debe iniciar procedimiento de destitución de aquellos Notarios Públicos que por acción u omisión estén apoyando a estas bandas delincuenciales que se dedican al fraude inmobiliario.
No es posible que un Notario Público que tenga varias denuncias, por ejemplo, eleve Escritura Pública una Compra-Venta fraudulenta de una empresa constructora que no tenga RUC y que no verifique el pago de la alcabala por parte del comprados y es más grave aún si este Notario advierte que los supuestos accionistas de esta empresa constructora son 2 indigentes que no tienen domicilio conocido.
El caso que nos ocupa es el de una familia limeña, que es propietaria de un terreno de 360 metros cuadrados en San Borja valorizado en 800 mil dólares y hace unos días, fueron a pagar su impuesto predial a la Municipalidad de San Borja y se dieron con la sorpresa, cuando en la Municipalidad le informaron que SUNARP inscribió a otros propietarios. Investigando, pudo advertir que esta asociación ilícita para delinquir, sacó un Libro de Actas N° 2 ante un conocido Notario, quien informó que él no legalizó este Libro de Actas, un segundo Notario legalizó la firma del primero y la firma de la propietaria de la Constructora, lo cual resultó totalmente falso, y un tercer Notario se encargó de legalizar todos los documentos falsos de los anteriores Notarios y hacer una Escritura Pública en la que firma un Abogado inhabilitado, no se paga el impuesto de Alcabala y no se advierte que la empresa tenía el RUC inhabilitado y para justificare el Notario dijo que no tenía sistema con la SUNAT y en este Contrato en donde 2 indigentes venden una propiedad de 800 mil dólares, el Notario le permite todo y se gira un cheque a favor de una persona que no tiene absolutamente nada que ver con la constructora y la familia pierde la propiedad.
Creo que toda la sociedad está el peligro, el Ministerio de Justicia deberá crear un portal de denuncias contra aquellos Notarios Públicos que con acciones u omisiones, permitan legitimar a los llamados terceros de buena fe, que en mi opinión son parte de estas organizaciones delictivas, que con fraude inmobiliario se apoderan de las propiedades ajenas, y el Ministerio del Interior tendrá que crear un departamento especializado contra el fraude inmobiliario y el Ministerio Público y los Jueces deberán ordenar la detención no solo de los indigentes, que utilizan estas bandas delincuenciales para hacerlos figurar como accionistas de estas empresas, sino los que están atrás, es decir las organizaciones criminales dentro de un contexto en el cual si no hacemos nada los 30 millones de peruanos, vivirán en una inseguridad jurídica porque podrán llegar a su casa y ya no tienen la propiedad.
La SUNARP viene actuando con eficiencia, sin embargo hay Notarios que hay que individualizar que por acción u omisión pueden incurrir en responsabilidad civil o penal en favor de estas organizaciones criminales que se dedican al fraude inmobiliario, para lo cual invoco al Colegio de Notarios a publicar todas las denuncias contra estos Notarios Públicos inmersos en fraude inmobiliario y que detectárseles alguna irregularidad, tendrán que ser destituidos.
Creo que toda la sociedad está el peligro, el Ministerio de Justicia deberá crear un portal de denuncias contra aquellos Notarios Públicos que con acciones u omisiones, permitan legitimar a los llamados terceros de buena fe, que en mi opinión son parte de estas organizaciones delictivas, que con fraude inmobiliario se apoderan de las propiedades ajenas, y el Ministerio del Interior tendrá que crear un departamento especializado contra el fraude inmobiliario y el Ministerio Público y los Jueces deberán ordenar la detención no solo de los indigentes, que utilizan estas bandas delincuenciales para hacerlos figurar como accionistas de estas empresas, sino los que están atrás, es decir las organizaciones criminales dentro de un contexto en el cual si no hacemos nada los 30 millones de peruanos, vivirán en una inseguridad jurídica porque podrán llegar a su casa y ya no tienen la propiedad.
Planteo al Ministro de Justicia, Vicente Zeballos, que además de crear el Registro de víctimas del fraude inmobiliario para que reciban apoyo del Ministerio de Justicia por la violación de sus derechos, este sector reglamente que los Notarios Públicos que participen en transacciones inmobiliarias, contraten una Póliza de Seguros y Reaseguros por su posible Responsabilidad Civil y que estas Pólizas sean registradas en el Ministerio de Justicia y que cualquier agraviado pueda solicitarla para demandar al Notario Público y solidariamente a su Compañía de Seguros y Reaseguros, de conformidad al Artículo 1987 del Código Civil.
Conclusiones:
La SUNARP viene actuando con eficiencia, sin embargo hay Notarios Públicos, que hay que individualizar que por acción u omisión pueden incurrir en responsabilidad civil o penal en favor de estas organizaciones criminales que se dedican al fraude inmobiliario, ya que se han detectado casos con falsificación de firmas de Notarios Públicos, en los cuales un Notario Público que participa en la venta fraudulenta no cumple con su obligación de denunciar a SUNARP en aplicación a la Ley 3013 para lo cual invoco al Colegio de Notarios de Lima, a publicar todas las denuncias contra estos Notarios Públicos inmersos en fraude inmobiliario para que la sociedad civil le haga seguimiento y que detectárseles alguna irregularidad, tendrán que ser destituidos por el Colegio de Notarios y en segunda instancia esta sanción tiene que ser ratificada por el Consejo del Notariado de acuerdo a la Ley del Notariado.
Fuente: Justo Medio
