(Aeronoticias).- La agenda conservadora del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, continúa avanzando en medio de la pandemia de coronavirus, que ha causado más de 11.000 muertos. Eclipsado por la grave crisis sanitaria, política y económica, en los 70 días transcurridos desde que la covid-19 llegó al país el mandatario ha acelerado políticas que son claros guiños a sus principales bases electorales: Iglesias evangélicas, ruralistas, madereros, minería, deforestadores y defensores de las armas. Todo ello en detrimento de los derechos indígenas y ambientales, la educación y la reducción de la violencia.
El empeño del presidente por minimizar la crisis del coronavirus persiste mientras se acelera el incremento de fallecidos y contagios, y su popularidad se resiente. Esta será una semana intensa para el mandatario porque los tres ministros más cercanos a él van a ser interrogados dentro de la investigación del Supremo sobre la injerencia en la Policía Federal que denunció el exministro de Justicia Sergio Moro al dimitir.
El área ambiental es una de las que más ha sufrido durante la pandemia. Bolsonaro tiene previsto desplegar al Ejército en la Amazonia dentro de la operación para combatir los incendios y la deforestación en un intento de prevenir que se repita dentro de unos meses la crisis política y ambiental del año pasado. La deforestación sigue aumentando veloz. Las alertas se incrementaron un 64% en abril, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE). Aunque el despliegue de los soldados podría ser un estímulo para los defensores del medio ambiente, el decreto presidencial que lo autoriza deja un vacío para que los equipos de Ibama (el Instituto de Medio Ambiente) se sometan a las decisiones de las Fuerzas Armadas, que estarán de facto a cargo de las operaciones.
El ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, ha dado claras señales de que no permitirá a los inspectores que persigan a los que practican la minería ilegal en tierras indígenas. En abril destituyó a dos altos cargos del Ibama, encargado de la fiscalización ambiental, después de que aparecieran en un reportaje televisivo sobre la lucha contra los garimpeiros, incluida la destrucción de sus equipos, que es una actividad legal, pero que Bolsonaro critica. Este presentó en febrero un proyecto de ley que autoriza la extracción de oro en tierras indígenas, visto como una tragedia por los ambientalistas y que aún no ha sido debatido en el Congreso.
El ministro Salles también saludó a los madereros al pedir a las agencias de control medioambiental que ignoren una ley para reforestar las áreas ilegalmente deforestadas. La Fiscalía reclamó al Ibama que hiciera caso omiso de la directriz del ministro.
El presidente Bolsonaro nunca ha ocultado su deseo de armar a la población para garantizar el “derecho a la legítima defensa”, a pesar de que el 100% de los estudios serios realizados sobre el tema apuntan al hecho de que tener un revólver en casa es un factor de riesgo para residentes, principalmente para mujeres, y especialmente en este período de cuarentena. Este abril revocó las ordenanzas adoptadas un mes antes por el Ejército para reforzar el rastreo de municiones y armas. Bolsonaro argumentó en redes sociales que la ordenanza revocada “no se ajustaba» a sus pautas, «definidas en decretos”. En otra maniobra para complacer a sus votantes que defienden las armas, este abril publicó un decreto que aumenta 12 veces el límite de municiones que cada persona puede comprar: de 50 balas a 600 al año, un número que varía según el calibre. Para algunas armas el límite alcanza los 6.000 proyectiles.
El Ministerio Público Federal determinó a fines de abril que el Ejército debería dar explicaciones sobre la revocación de las ordenanzas y recalcó que son directrices esenciales “para la investigación de actos ilícitos con armas de fuego”.
El presidente Bolsonaro depende cada vez más del apoyo evangélico, ya sea en el Congreso o en las urnas. Su último guiño fue el mes pasado, cuando, según el periódico Estadão, pidió a las autoridades fiscales que estudiaran las peticiones de las Iglesias evangélicas para que el fisco les perdone las deudas. Según un balance realizado a fines del año pasado, adeudan un total de mil millones de reales (160 millones de euros).
Retrocesos en educación
La educación sufrió su retroceso más reciente el 30 de abril, al excluir a los cursos de ciencias humanas de una convocatoria de 25.000 becas del Consejo Nacional para el Desarrollo Científico y Tecnológico, dejando fuera a miles de estudiantes de filosofía, economía, ciencias sociales, geografía, etcétera. Este organismo explicó que la nueva directriz busca priorizar áreas de conocimiento más orientadas a la tecnología. El escándalo generado provocó que el Gobierno retrocediera parcialmente respecto a las becas y el director del Consejo de Desarrollo Científico fue destituido. Más de 70 entidades relacionadas con la enseñanza y la investigación criticaron la decisión del Ejecutivo porque hará a los jóvenes desistir de investigar temas no directamente vinculados a las áreas tecnológicas prioritarias.
Fuente: El país
