(Aeronoticias).- La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) exigió la inmediata derogatoria del Decreto Supremo 161-2012 y el Decreto Legislativo 1125, al considerar que atentan contra la actividad turística.
El Presidente de Canatur, Carlos Canales, sostuvo que el Decreto Supremo 161-2012 es discriminatorio a la actividad turística privada ya que hace una notoria diferenciación entre los exportadores de servicios.
En ese sentido, señaló que al sector turismo se le exige una serie de requisitos que ningún exportador tradicional del país se le solicita.
Igualmente, dijo que el dispositivo da amplios poderes a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) para decidir que producto se encuentra afecto al Impuesto General a las Ventas (IGV).
“También crea un registro ilegal (sancionado por Indecopi) de buenos contribuyentes, un registro de exportador de servicios turísticos, genera una serie de obligaciones y responsabilidades al empresariado, así como la aplicación del IGV que no se ha cobrado, ni anunciado y pone en peligro la subsistencia del marco legal y tributario que ha venido rigiendo hasta la fecha”, alertó.
Ante este panorama, Canales planteó reponer mediante una ley de exportación de servicios al producto turístico y al paquete turístico del turismo receptivo, “tal cual estaba establecido y trabajado entre todas las instituciones que fue motivo de la expedición de la ley 29646”, anotó
El titular de Canatur dijo que ante este panorama creado por el referido dispositivo, el turista extranjero asumiría el sobre costo que significará a que el paquete adquirido se convierta en 18% más caro.
“Para la empresa, sería una perdida al asumir el 18 % ya que no le corresponde y ni siquiera puede compensarlo con la utilidad que tiene por la venta de los productos (paquetes turísticos)”, explicó.
Adelantó que este dispositivo tendrá consecuencias negativas para el sector ya que significará eldespido de 5.000 trabajadores de la actividad turística y la paralización de nuevos proyectos turísticos.
“Nos retrotrae a un país que no es competitivo, que no respeta el marco regulatorio y que cambia las reglas de juego de una forma ilícita al haberse dado un dispositivo que vulnera nuestra constitución”, afirmó.
El dirigente gremial estimó también que, a partir de la fecha y hasta diciembre de presente, se producirían cancelaciones de reservas en un cinco por ciento en lo referente de la llegada de turistas.
Agregó que para el 2013, la presencia de turistas extranjeros al Perú caería en un 15%.
“Un consecuencia inmediata sería el cierre de unas 60 empresas, el despido de 1,000 trabajadores o en su defecto, se conviertan en informales. Bajo las reglas de juego establecidas, no va ser negocio ser formal”, advirtió.
Finalmente, dijo que para la empresa turística sería mejor operar desde el extranjero y no tributar bajo la ley peruana para poder buscar y seguir trayendo turistas a nuestro país.
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