(Aeronoticias) Continúan las estafas inmobiliarias en el Perú en agravio de propietarios indefensos, dijo el abogado Julián Palacin Fernández del Estudio Jurídico Julián Palacin Abogados.
Expresó que, “no obstante el esfuerzo de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), sobre la aplicación de los beneficios de la Ley Nº 30313, Ley de oposición al procedimiento de inscripción registral en trámite y cancelación de los Asientos por suplantación de identidad y falsificación de documentos, lo cierto es que ha crecido cualitativa y cuantitativamente las estafas inmobiliarias, en el Perú y algunos Notarios Públicos incurriendo en culpa inexcusable por omisión, no notifican a SUNARP la falsificación de firmas y sellos de las Notarias Públicas que dan lugar a que bandas delictivas se apoderen de las propiedades ajenas”.
Expresó que, “hoy hay una serie de bandas delincuenciales frente a las cuales la Policía Nacional del Perú no hace absolutamente nada, operan utilizando indigentes que los convierten en accionistas de empresas, que supuestamente les otorgan poderes para vender todo su patrimonio y que siempre tienen como protagonistas a diversas Notarias, que son agraviadas con estos delitos y que en aplicación a la Ley 30313, algunas de ellas con honor y cumpliendo la Ley 30313 “solicitan la cancelación de los Asientos Registrales delictivos”, y ellos son la reserva moral del Notariado frente a otros Notarios Públicos, que no informan a SUNARP la falsificación de documentos y se podrían convertir en cómplices de estas bandas delictivas “tienen que ser individualizados”, es decir, hay Notarios que detectan la falsificación y no informan a SUNARP, estos casos específicos tienen que ser investigados, sancionados y de encontrárseles responsabilidad, destituidos porque son un peligro para la sociedad y la Asamblea del Colegio de Notarios y el Consejo del Notariado del Ministerio de Justicia de encontrárseles responsabilidad civil y penal en el fraude inmobiliario en algún Notario Público, no les debe temblar la mano porque todos estamos en peligro.
El Ministerio de Justicia tiene la obligación de crear un Registro de Víctimas del Fraude Inmobiliario por negligencia en las Notarias en una investigación que pido aperture el Ministerio de Justicia y en el que deberían participar todos los agraviados para que se conozca la verdad, ya que un Notario Público incurre en dolo y culpa inexcusable cuando se presta a violar la Ley en beneficio de estas organizaciones delictivas, por ejemplo cuando legaliza DNI de personas fallecidas, o Libros de Actas con firmas falsificadas a Notarios Públicos o permite a indigentes con firmas falsificadas de Notarios Públicos apoderarse de millones de soles en acciones de una conocida constructora, por citar un ejemplo de los casos que son indignantes y nos demuestran que el Estado y sus instituciones no están entendiendo cómo la criminalidad organizada está avanzando con el fraude notarial, responsabilidad de algunos Notarios que nunca son sancionados.
Las estafas inmobiliarias representan una amenaza latente para las personas que ya cuentan con varias propiedades o plantean adquirir otras más. El servicio de ‘Alerta Registral’ de la SUNARP, viene funcionando como mucha eficiencia evitando que algunos propietarios pierdan sus casas en manos de estas bandas delincuenciales que están operando hoy en Lima, sin embargo los Notarios que detectan firmas falsificadas y no denuncian a SUNARP la cancelación de los Asientos podrían convertirse en cómplice de estos delitos, dijo el abogado Julián Palacin Fernández, que viene defendiendo 2 casos públicos por fraude notarial.
Hay Notarios Públicos que se enteran que sus firmas y sellos han sido falsificados por estas organizaciones delictivas y actúan con prontitud pidiendo a SUNARP la cancelación del Asiento Registral, sin embargo existen algunos casos en donde los Notarios Públicos, que se enteran de estas falsificaciones de firmas de otros Notarios Públicos y que han participado en el proceso de inscripción Registral delictivo y no informan a la SUNARP y esto es grave porque la sociedad está en peligro y el Colegio de Notarios y el Ministerio de Justicia ante la denuncia de los agraviados debe iniciar procedimiento de destitución de aquellos Notarios Públicos que por acción u omisión estén apoyando a estas bandas delincuenciales que se dedican al fraude inmobiliario.
No es posible que un Notario Público que tenga varias denuncias, por ejemplo, eleve Escritura Pública una Compra-Venta fraudulenta de una empresa constructora que no tenga RUC y que no verifique el pago de la alcabala por parte del comprados y es más grave aún si este Notario advierte que los supuestos accionistas de esta empresa constructora son 2 indigentes que falsificaron firmas notariales, que no tienen domicilio conocido, que no tienen RUC, pero que se apropian de 2 millones de soles en acciones, esto es inadmisible! se tendrá que fiscalizar bien a los Notarios que están poniendo en peligro a la sociedad con su accionar a favor de estas bandas delictivas en lo que yo creo que actúan con culpa inexcusable, por decir lo menos, tienen responsabilidad civil y al final las víctimas pierden sus propiedades y ellos nunca responden porque el sistema no está funcionando, dijo.
El caso que nos ocupa y que ya está denunciando a SUNARP por 2 distinguidos Notarios, es el de una familia limeña que es propietaria de un terreno de 360 metros cuadrados en San Borja valorizado en 800 mil dólares, y hace unos días fueron a pagar su impuesto predial a la Municipalidad de San Borja y se dieron con la sorpresa, cuando en la Municipalidad le informaron que SUNARP inscribió a otros propietarios. Investigando, pudo advertir que esta asociación ilícita para delinquir, sacó un Libro de Actas N° 2 ante un conocido Notario, quien informó que él no legalizó este Libro de Actas, un segundo Notario legalizó la firma del primero y la firma de la propietaria de la Constructora, lo cual resultó totalmente falso, y un tercer Notario se encargó de legalizar todos los documentos falsos de los anteriores Notarios y hacer una Escritura Pública en la que firma un Abogado inhabilitado, no se paga el impuesto de Alcabala y no se advierte que la empresa tenía el RUC inhabilitado y para justificare el Notario dijo que no tenía sistema con la SUNAT y en este Contrato en donde 2 indigentes venden una propiedad de 800 mil dólares, el Notario le permite todo y se gira un cheque a favor de una persona que no tiene absolutamente nada que ver con la constructora y la familia pierde la propiedad.
Creo que toda la sociedad está el peligro, el Ministerio de Justicia deberá crear un portal de denuncias contra aquellos Notarios Públicos que con acciones u omisiones, permitan legitimar a los llamados terceros de buena fe, que en mi opinión son parte de estas organizaciones delictivas, que con fraude inmobiliario se apoderan de las propiedades ajenas, y el Ministerio del Interior tendrá que crear un departamento especializado contra el fraude inmobiliario y el Ministerio Público y los Jueces deberán ordenar la detención no solo de los indigentes, que utilizan estas bandas delincuenciales para hacerlos figurar como accionistas de estas empresas, sino los que están atrás, es decir las organizaciones criminales dentro de un contexto en el cual si no hacemos nada los 30 millones de peruanos, vivirán en una inseguridad jurídica porque podrán llegar a su casa y ya no tienen la propiedad.
Planteo al Ministro de Justicia, Vicente Zeballos, que además de crear el Registro de víctimas del fraude inmobiliario para que reciban apoyo del Ministerio de Justicia por la violación de sus derechos, este sector reglamente que los Notarios Públicos que participen en transacciones inmobiliarias, contraten una Póliza de Seguros y Reaseguros por su posible Responsabilidad Civil y que estas Pólizas sean registradas en el Ministerio de Justicia y que cualquier agraviado pueda solicitarla para demandar al Notario Público y solidariamente a su Compañía de Seguros y Reaseguros, de conformidad al Artículo 1987 del Código Civil.
La SUNARP viene actuando con eficiencia, sin embargo hay Notarios Públicos, que hay que individualizar que por acción u omisión pueden incurrir en responsabilidad civil o penal en favor de estas organizaciones criminales que se dedican al fraude inmobiliario, ya que se han detectado casos con falsificación de firmas de Notarios Públicos, en los cuales un Notario Público que participa en la venta fraudulenta no cumple con su obligación de denunciar a SUNARP en aplicación a la Ley 3013 para lo cual invoco al Colegio de Notarios de Lima, a publicar todas las denuncias contra estos Notarios Públicos inmersos en fraude inmobiliario para que la sociedad civil le haga seguimiento y que detectárseles alguna irregularidad, tendrán que ser destituidos por el Colegio de Notarios y en segunda instancia esta sanción tiene que ser ratificada por el Consejo del Notariado de acuerdo a la Ley del Notariado.
