(Aeronoticias) El candidato al Decanato del Ilustre Colegio de Abogados de Lima (CAL) para el periodo 2018-2019, Julián Palacin Fernández, expresó que las empresas constructoras de los puentes destruidos en el Fenómeno del Niño que nos azota, habrían incurrido en incumplimiento contractual frente a las Municipalidades y el Estado, por dolo o culpa inexcusable por su obligación de deliberadamente construir mal los puentes, por lo que tenemos que hacer una valorización del resarcimiento de los daños y demandarlos judicialmente.
Se han dado los presupuestos de la responsabilidad contractual de las constructoras, ya que hay autoría, antijuridicidad, imputabilidad, dañosidad y relación de causalidad entre el hecho antijurídico, construcción de los puentes y los daños que han sufrido.
La Contraloría General de la República tiene hoy la carga de la prueba de la Responsabilidad Contractual de estas constructoras y el Estado a través de un Estudio de Abogados especializado en Responsabilidad Civil deberá probar el incumplimiento material de la obligación prometida porque consideramos que el incumplimiento contractual de las constructoras de estos puentes destruidos, violaron la obligación preexistente de su deber específico, concreto de construir puentes de acuerdo a las normas técnicas vigentes.
Los alcaldes que guarden un silencio cómplice frente a la responsabilidad civil de las constructoras tendrían que ser demandados solidariamente por el Estado por su Responsabilidad Civil, asimismo un Alcalde diligente sabe que en las bases de la licitación debe incluir la Responsabilidad Civil de los constructores de puentes y exigirles una Póliza de Seguros y Reaseguros de Responsabilidad Civil reasegurada en el mercado internacional por la cantidad de años que se haya consensuado contractualmente.
El Estado ha pagado miles de millones de dólares en la construcción de puentes que luego se destruyen por los huaicos, por la responsabilidad civil de las constructoras de construirlos mal, violando las normas técnicas vigentes.
Por último, el jurista dijo que la responsabilidad civil de las constructoras es un hecho “derivado de un comportamiento antijurídico imputable a dolo o culpa de esta empresas y solidariamente a las supervisoras y a quienes desde las Municipalidades hubieran tenido comportamientos omisivos en agravio del Estado, el Alcalde Luis Castañeda no puede afirmar con falsedad que la naturaleza supera la ingeniería, eso no es verdad los grandes puentes del mundo bien construidos resisten terremotos y huracanes, lo que pasa que en el Perú existe la cultura de dejar hacer y dejar pasar de malas autoridades municipales, en un sistema en donde Odebrecht nos ha demostrado que la corrupción es la regla y la honestidad y excepción, es por ello que los abogados del CAL exigimos que por seguridad jurídica se demande por la responsabilidad civil de las constructoras de estos puentes destruidos.
Por último, el Estado está notificado que en la jurisdicción arbitral existen un grupo de árbitros vinculados a los casos Odebrecht que siempre han fallado en contra del Estado y que deben ser investigados, es por ello que creo que con estos señores si siguen arbitrando corre en riesgo el patrimonio del Estado, es decir, no habría ninguna imparcialidad, es por ello, que me ratifico en que la Procuradora Anticorrupción, Dra. Julia Príncipe Trujillo debería solicitar vía medida cautelar que mientras duren las investigaciones del Ministerio Público todos los árbitros que tengan cuestionado su principio constitucional de inocencia por denuncias del Ministerio Público, sean suspendidos en todos los arbitrajes en vigencia, ya que si en el caso de la responsabilidad civil de las constructoras en agravio del Estado caemos en la cláusula arbitral con los llamados «árbitros Chicago Boys», no habrá ninguna seguridad jurídica para que el Estado gane un solo arbitraje, es por ello, que desde el Colegio de Abogados de Lima si es que llegamos al Decanato, plantearemos una nueva Ley de Arbitraje que terminará con estos grupos de poder arbitral que tanto daño le han hecho al Estado peruano.
