(Aeronoticias).- El caso de la Pontificia Universidad Católica (PUCP) es de no creerse. El 2010 hasta el Tribunal Constitucional (TC) reconoció que el Arzobispado de Lima tenía derecho a participar en su administración y la designación del rector. Cuatro años después, las autoridades académicas siguen pisoteando los derechos de decisión y patrimoniales del Arzobispado.
¿Podemos esperar otra cosa de un espacio directivo copado por ateos, agnósticos, izquierdistas y políticamente correctos? Es gente que permite y celebra que sus profesores, ex alumnos y alumnos insulten a la figura del cardenal Juan Luis Cipriani y a la Iglesia, inclusive en el propio campus de la “Católica”. Los captores de la PUCP quemarán su último cartucho para no perder sus privilegios.
Menos aún transparentarán cifras o soltarán la administración de un imperio que fue posible gracias al legado de don José de la Riva Agüero y Osma, que genera varios millones de dólares anuales, solo contando los alquileres de Plaza San Miguel. Para perpetuarse en el poder –sea por sueldos, viajes en clase ejecutiva, becas o influencia política– ese grupo llegó al extremo de ignorar los pedidos del Vaticano.
La Comisión Cardenalicia, creada por el papa Francisco, deberá solucionar la controversia con la PUCP siguiendo la Constitución Apostólica ‘Ex Corde Ecclesiae’ (una norma imperativa de la Iglesia y de las instituciones educativas que se rigen por sus preceptos). Un punto pendiente es ejecutar la orden de la Santa Sede y modificar el estatuto universitario a la luz de la ‘Ex Corde Ecclesiae’. La PUCP no quiere eso.
El 23 de septiembre del 2011, en una asamblea encabezada por el rector Marcial Rubio, no se acató la orden del Vaticano de adecuar el estatuto. En febrero del 2012 la Secretaría de Estado del Vaticano solicitó la presencia de Rubio para que conociera las conclusiones de la visita de investigación a Lima del cardenal Peter Erdö, arzobispo de Ezstergom-Budapest, hoy cabeza de la Comisión Cardenalicia encargada de solucionar el caso. No será fácil.
Quienes se benefician del actual status de la PUCP aducen que las decisiones del Vaticano no son vinculantes, pero esa actitud podría valerles una ruptura con el Santo Padre. Se trató de desviar la atención diciendo, maliciosamente, que es un asunto personal del cardenal y de un sector cercano al Opus Dei. Esto muestra cómo tergiversan hechos para perpetuarse y lanzar a los alumnos contra el cardenal Cipriani.
El jesuita Bergoglio sigue la línea de la justicia para terminar con un caso poblado de infamias, malas artes, desinformación, uso del alumnado y ataques arteros contras la Iglesia y la voluntad testamentaria de De la Riva Agüero, quien donó sus bienes para garantizar una educación profesional con base católica. Su testamento es claro: si eso no se cumple los bienes deben revertir al Arzobispado. ¿La “Católica” desautorizará también al papa Francisco? Ya es como demasiado, ¿no?
Con información de El Comercio – Martha Meier.
