(Aeronoticias).- El reparto de las licitaciones entre las empresas investigadas por Indecopi se habría realizado a nivel nacional entre 2002 y 2016, con un valor total de más de S/13.000 millones. Entre ellas, se encuentra Odebrecht, Obrainsa, Graña y Montero e ICCGSA
Indecopi inició un procedimiento administrativo sancionador contra 35 empresas constructoras y 28 de sus ejecutivos por un presunto acuerdo (cártel) para repartirse entre sí diversas licitaciones convocadas por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) y otras entidades del Estado para la adjudicación y contratación de diversas obras públicas a nivel nacional.
Las infracciones habrían ocurrido entre noviembre de 2002 y diciembre de 2016, a través de una serie de reuniones entre las empresas involucradas con la finalidad de evitar competir entre ellas y determinar, de antemano, a las ganadoras de cada proceso de selección.
Estas reuniones se habrían llevado a cabo en distintos hoteles, restaurantes, clubes y oficinas de aquellas empresas, según Indecopi.
La evidencia obtenida por el ente fiscalizador revelaría que las empresas investigadas se repartieron 112 procesos de contratación pública para la construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de carreteras en el país.
La evidencia consiste principalmente en documentos, declaraciones, archivos y correos electrónicos obtenidos durante la investigación, así como información vinculada con las propuestas, características y resultados de los procedimientos de contratación analizados.
La presunta infracción investigada habría distorsionado las condiciones en las que se adjudicaban dichas obras públicas a nivel nacional, generando que el Estado incurra en mayores gastos. La suma de los valores referenciales de las 112 obras objeto de investigación fue superior a los S/13.000 millones.
Cabe señalar que el inicio de un procedimiento administrativo sancionador se basa en la existencia de indicios razonables sobre la realización de una presunta conducta anticompetitiva y no constituye un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de los investigados o el resultado del procedimiento.
Las empresas y ejecutivos cuentan con un plazo de 30 días hábiles para presentar sus descargos. Vencido dicho plazo, se abrirá un periodo de prueba de siete meses, conforme al artículo 29 del Texto Único Ordenado de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas (“Ley de Libre Competencia”).
El Club de la Construcción es el nombre con el que se conoce al grupo de constructoras que se repartieron obras adjudicadas por el MTC. Se encuentran Obrainsa, Graña y Montero, ICCGSA, JOHESA, Grupo Plaza, Cosapi, Constructora San Martín, Málaga Hermanos, H & H Casa, Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao, Mota-Engil, entre otras.
En un hecho de importancia enviado a la la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), Cosapi indicó que no puede hacer declaraciones adicionales a lo informado, debido a la reserva del proceso iniciado por Indecopi.
