En la resolución, los magistrados destacaron que los presuntos delitos cometidos por Poch –el piloto de la muerte capturado, con doble nacionalidad argentina-holandesa- son «suficientemente graves» y podrían considerarse crímenes de «lesa humanidad», lo que justifica su extradición incluso si tuviera nacionalidad española.
Y es así, que la justicia española autorizó la extradición a la Argentina del ex piloto de la Armada Julio Alberto Poch, detenido el 22 de septiembre de 2009 en España, para que sea juzgado por su presunta participación en los «vuelos de la muerte» que se cometieron durante la última dictadura militar. No obstante, los jueces recomiendan que el detenido «en ningún caso sea condenado a «cadena perpetua», sino a la pena «inmediatamente inferior a ella».
La entrega de Poch, que fue acordada por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, máxima instancia judicial española, tendrá que ser ratificada por el Consejo de Ministros español, que el pasado 30 de octubre decidió dar continuidad al proceso de extradición. El ex militar está acusado en cuatro procedimientos judiciales que investiga el juez federal Sergio Torres por «detenciones ilegítimas, torturas, lesiones, desapariciones y muertes» producidas en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).
Los jueces Angel Luis Hurtado Adrián (ponente), Jose Ricardo de Prada Solaesa y Enrique Lopez López, señalan en su dictamen que la documentación remitida por la justicia argentina aporta indicios suficientes de la participación de Poch en los hechos que se le imputan. Al respecto, los magistrados detallan que Poch está acusado de arrojar «personas vivas desde aviones o helicópteros que el pilotaba, como oficial de aviador naval, que cumplía funciones de pilotaje en la Armada Argentina en el período comprendido entre 1976 y 1980”.
Además, pudo haber participado en «600 hechos concretos” descritos en el procedimiento en relación con la «detención ilegítima de personas”, que fueron «internadas indebidamente en la base operativa de la ESMA”, y en «posteriores torturas, lesiones, desapariciones, y muertes” (…)en el marco de un «plan sistemático o generalizado de un sector de la población argentina por razones ideológicas”, añaden en su resolución.
El 13 de enero pasado, el ex piloto de la Armada aceptó ser extraditado a Argentina, a pesar de que negó haber participado de los hechos que se le imputan. Al declarar ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Poch dijo que fue «acusado falsamente” y que es «inocente”, pero que aceptaba ser extraditado al país para «tener un juicio justo».
El presunto piloto de los «vuelos de la muerte» se había negado a ser extraditado a Argentina cuando declaró en octubre de 2009 ante el juez de instrucción de la Audiencia Nacional EloyVelasco, pero luego cambió de posición y aceptó su traslado, que hoy fue autorizado.
El ex militar de 57 años trabajaba como comandante de avión de la aerolínea comercial neerlandesa Transavia, propiedad del consorcio Air France-KLM, y fue arrestado el pasado 22 de septiembre durante una escala de 40 minutos en el aeropuerto de Manises-Valencia, antes de regresar a Amsterdam, Holanda.
La investigación del juez Torres reúne el testimonio de un compañero de Poch en la aerolínea Transavia al que el ex militar narró cómo se arrojaba a personas al mar desde aviones y justificó ese método de exterminio empleado por la dictadura. El juez había pedido a Holanda la extradición de Poch en 2008, pero el ex militar fue detenido casi un año después en España, durante una escala de su último vuelo antes de jubilarse.
Por este motivo, la defensa de Poch alegó «fraude de ley” para oponerse a la extradición, en virtud de un tratado entre Argentina y los Países Bajos que establece que la extradición no tendrá lugar cuando el individuo reclamado fuese súbdito de la nación requerida. Según el abogado defensor, Ignacio Pélaez, las autoridades holandesas le negaron a Poch su derecho a ser juzgado en Holanda, para no causar problemas a la princesa Máxima Zorreguieta, de origen argentino.
El argumento, «aunque no deja de ser ocurrente” -sostienen los magistrados españoles- «no puede ser compartido”, porque «se asienta sobre aseveraciones que no se acreditan”.
Asimismo, el tribunal subraya que «ni siquiera cabría denegar la extradición equiparándose la nacionalidad holandesa a la española”, ya que a la hora de hacer uso de la facultad de denegar la extradición «deben ponderarse los intereses en juego” y, en este caso, se trata de hechos delictivos de «suficiente gravedad” que podrían constituir «delitos de lesa humanidad”.
Al apoyar la extradición de Poch, el fiscal Miguel Angel Carballo, expresó que en virtud del principio de territorialidad corresponde a Argentina juzgarlo puesto que ha sido allí donde se produjeron los hechos, y «no consta que España haya abierto un procedimiento por la misma causa”.
Aeronoticias considera que si bien el procurador defendió su decisión recordando que Argentina ha derogado las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, es necesario que se aúnen los esfuerzos y el trabajo de las dos naciones tanto Española como Argentina, para que se juzgue con justicia, veracidad y claridad a este piloto que habría estado directamente vinculado con estos hechos de lesa humanidad que enturbiaron la historia argentina desde hace mas de dos décadas.
