El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, lo definió como un «fondo turístico» en el que se «está empezando a trabajar» con el objetivo de que esté implantado «el año que viene». Eso sí, no será, en principio, una aventura en solitario de la capital catalana, sino que el Consistorio trabajará para que sea el Estado quien legisle este nuevo impuesto al que se puedan acoger los municipios que lo deseen.
De momento la capital catalana, en voz de su edil, ve «positiva» la propuesta que ya tiene en Joan Gaspart, hotelero y presidente de Turisme de Barcelona, a su primer gran defensor. Gaspart aseguró este lunes en La Vanguardia que está «dispuesto a iniciar una lucha» para lograr su aplicación, después de haberla rechazado rotundamente durante años. En esta oposición siempre estuvo acompañado del presidente del Gremi d’Hotels, Jordi Clos, que ayer no respondió a las llamadas de ADN pero que en los últimos años insistió en estar «absoluta y radicalmente en contra» de la tasa turística por ser «terrible a largo plazo» y previsiblemente «matar a la gallina de los huevos de oro».
Gaspart justifica ahora esta nueva postura por el «recorte de los presupuestos de las administraciones que afecta muy directamente a la promoción turística». Asegura que los hoteleros no pueden «asumir más aportaciones» y que «sólo quedan los clientes».
La medida se ha analizado en el último año en el seno del Pla Estratègic deTurisme, cuyas conclusiones definitivas se presentarán en unos días. Pero ya en la Diagnosi previa que se presentó en octubre el documento anticipaba «la necesidad de abrir nuevas fórmulas de financiación complementarias», entre las que planteaba «mecanismos de cofinanciación por parte de los visitantes».
Según fuentes municipales, el Ajuntament ya trabaja con mecanismos que le permitan incluir en los presupuestos del año que viene los ingresos que este nuevo fondo produzca. De momento, CiU y PP lo rechazan e ICV lo apoya.
Baleares fue la primera Comunidad en aplicar un impuesto específico sobre los turistas. Fue en 2001, tras llegar al poder PSOE, PSM y EU-Verds, en un gobierno presidido por Francesc Antich. Se la bautizó como la ‘ecotasa’ y su objetivo era obtener fondos para mantener la calidad medioambiental de las islas. La medida supuso unos ingresos de 60 millones de euros. Y es que muchos hoteleros la boicotearon (en 2002 sólo el 20% la pagó). Su aplicación, tras los atentados del 11-S, coincidió con un descenso del turismo, y en 2003 el Parlamento de Baleares la anuló tras la llegada al poder del PP.
Aeronoticias considera que esta iniciativa de las autoridades ediles de Barcelona es negativa, ya que crea un sobrecosto para pagar tasas por servicios turísticos inexistentes, los gremios se tienen que pronunciar, ya que cualquier impuesto, tasa o contribución municipal tiene que tener la justificación de un servicio que en este caso no se da.
