(Aeronoticias) El nuevo gobierno que asuma el 28 de julio de 2011 deberá declarar en reorganización la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes, ya que es lamentable que en esta dependencia entre los múltiples problemas que arrastra uno de los más preocupantes es la falta de autoridad para sancionar las omisiones a la seguridad aeroportuaria de CORPAC en el aeropuerto María Reiche de Nasca el 10 de junio de 2010 en donde narcoterroristas secuestraron una aeronave Cessna Grand Caravan de una empresa turística
Los pilotos de la línea aérea turística Aerodiana, declararon ante el departamento AVSEC de la DGAC, que fueron reducidos con armas por los pasajeros que clonando identidades se apoderaron ilícitamente de la aeronave que está desaparecida hasta la fecha, lo cual prueba que burlaron los controles de seguridad de CORPAC, abordaron la aeronave con objetos prohibidos perpetrando un acto contra la seguridad de aviación civil, lo cual para la ley de procedimiento administrativo del Perú, significa “el principio de veracidad”, es decir estas declaraciones son prueba plena de la responsabilidad por omisión de CORPAC y por ende de su compañía de seguros y reaseguros que todavía no responden económicamente porque en la DGAC del Perú hay alguien que no quiere que este caso llegue a la Junta de Infracciones y Sanciones y se le aplique a los responsables la infracción correspondiente como lo manda la Ley de Aeronáutica Civil del Perú.
La DGAC peruana incurriendo en responsabilidad administrativa no quiere someter hace más de 10 meses a la Junta de Infracciones y Sanciones como lo manda la Ley 27261 a los que resulten responsables y ello perjudica a los reaseguradores que ya pagaron el siniestro y todavía no pueden repetir contra los reaseguradores de CORPAC porque en el Perú, con este caso se estaría demostrando que no habría seguridad jurídica para las inversiones extranjeras en reaseguros porque el principio de autoridad en la DGAC se ha resqurebajado o perdido, el director general de Aeronáutica Civil, Crnel. FAP Ramón Gamarra Trujillo no hace nada por encontrar la verdad administrativamente hablando en este caso y el ministro de Transportes, Enrique Cornejo Ramírez se le pasea el alma y sigue en el espacio ultraterrestre, ya que parecería ser que no sabe o no le interesa lo que pasa en su sector.
Esperamos que en los pocos meses de gobierno se solucione administrativamente con las sanciones de ley, este secuestro aéreo que es grave para el mercado aerocomercial nacional y que no puede quedar administrativamente sin sanción, salvo que las autoridades del MTC, se burlen de la ley de aeronáutica civil del Congreso y de la opinión pública.
El Congreso de la República a través de la congresista nacionalista Susana Vilca Achata pidió al ministro Enrique Cornejo un informe el 27 de enero, es decir hace dos meses, sin embargo la DGAC no puede responderlo porque sencillamente no somete o no quiere someter a la Junta de Infracciones y Sanciones a CORPAC, creando un vacío administrativo preocupante, ya que un secuestro aéreo implica omisiones aeroportuarias, que no se quieren investigar en la Junta de Infracciones y Sanciones de la DGAC porque el departamento AVSEC hasta la fecha no emite ese informe, lo cual es realmente vergonzoso porque la inmunidad administrativa reina y el desinterés por encontrar la verdad y sancionar administrativamente como manda la ley gobierna, que pena por una administración que ya termina.
