(Aeronoticias): El Perú necesita hacer borrón y cuenta nueva en educación. No para desconocer lo avanzado ni para empezar otra reforma destinada a desaparecer con el siguiente ministro, sino para abandonar una forma de gobernar que administra la urgencia, cambia de rumbo con cada gabinete y confunde anuncios con resultados. En educación, el tiempo político se mide en meses; el daño y la recuperación se miden en generaciones.
Los resultados de PISA 2025, difundidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos el 8 de septiembre de 2026, han colocado nuevamente un espejo incómodo frente al país. El Perú obtuvo 382 puntos en Matemática, 390 en Lectura y 406 en Ciencias. Frente a 2022, perdió nueve puntos en Matemática, dieciocho en Lectura y dos en Ciencias. La caída en Matemática y Lectura fue estadísticamente significativa. No se trata de un ranking deportivo ni de una competencia por ocupar un puesto decoroso. Detrás de cada punto hay adolescentes que encontrarán mayores dificultades para comprender un contrato, evaluar una noticia, calcular un interés, interpretar evidencia científica o participar plenamente en una economía cada vez más tecnológica.[1][2]
La distancia con la OCDE dimensiona el desafío: su promedio fue de 463 puntos en Matemática, 461 en Lectura y 482 en Ciencias. El Perú quedó, respectivamente, 81, 71 y 76 puntos por debajo. En Matemática, siete de cada diez estudiantes peruanos no alcanzaron el nivel 2, considerado por PISA como el umbral básico para desenvolverse en situaciones sencillas. En Lectura, alrededor del 58 % permaneció debajo de ese nivel. En otras palabras, la escuela está recibiendo a millones de niños, pero no está garantizando a una mayoría el dominio funcional de los aprendizajes que hacen posible continuar aprendiendo.[2][3]
Es indispensable leer esas cifras con rigor. PISA evalúa a jóvenes de 15 años y mide la capacidad de aplicar conocimientos a problemas, no todo lo que una persona sabe ni el valor completo de una comunidad educativa. Tampoco permite culpar mecánicamente a un solo gobierno por resultados formados a lo largo de toda la trayectoria escolar. Pero sí funciona como una alarma sistémica. El retroceso de 2025 interrumpe avances acumulados durante años y demuestra que la mejora no estaba asegurada. Una política educativa que depende del nombre del ministro, del calendario electoral o del entusiasmo pasajero de una gestión no es política de Estado.
América Latina comparte la crisis pero no puede convertirla en excusa
El problema peruano forma parte de una crisis regional. Trece países latinoamericanos participaron en PISA 2025. El promedio regional fue de aproximadamente 370 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 399 en Ciencias, muy lejos de los promedios de la OCDE. Ningún país de la región mejoró significativamente en Matemática o Lectura respecto de 2022. En Matemática, Uruguay lideró América Latina con 405 puntos y Chile obtuvo 403; en Lectura, Chile llegó a 436 y Uruguay a 423; en Ciencias, Uruguay alcanzó 445 y Chile 442. Incluso los líderes regionales continúan distantes de los sistemas de mayor desempeño.[2]
No obstante, el promedio regional no debe convertirse en coartada. Costa Rica, El Salvador y Uruguay lograron avances en Ciencias en un contexto adverso. Eso prueba que las tendencias no son un destino biológico ni cultural. Las políticas sostenidas importan. La estabilidad de los equipos técnicos, la claridad curricular, el acompañamiento docente, la evaluación diagnóstica y la atención focalizada a quienes se rezagan pueden modificar trayectorias.
Los datos de la CEPAL muestran que América Latina ha ampliado el acceso, pero no ha convertido ese acceso en igualdad de aprendizajes y culminación. Cerca de 2024, la conclusión de primaria alcanzaba en promedio 95,4 % en dieciséis países, pero las diferencias crecían en secundaria y educación superior. Entre el quintil de menores ingresos y el de mayores ingresos, las brechas de conclusión se vuelven abismos: la expansión educativa benefició de manera desproporcionada a los grupos medios y altos.[4] La UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial han advertido que la región enfrenta una crisis de aprendizajes fundamentales. Antes de la pandemia, los resultados de ERCE 2019 ya mostraban que apenas 54,6 % de los alumnos de tercer grado alcanzaba el nivel mínimo en Lectura y 50,9 % en Matemática; en sexto grado, las proporciones bajaban a 31,3 % y 17,2 %, respectivamente.[5]
Esta es la paradoja latinoamericana: escolarizamos más, pero demasiados estudiantes avanzan de grado sin adquirir bases sólidas. La matrícula es indispensable, pero no equivale a aprendizaje. El certificado que no representa competencias termina siendo una promesa incumplida del Estado y una forma silenciosa de desigualdad.
El hambre también rinde examen
¿Qué puede comprender un niño que llega a una escuela rural con el estómago vacío? ¿Qué atención sostenida se le puede exigir si su cuerpo está ocupado en administrar el hambre, la fatiga o una infección intestinal? La pregunta no es retórica sentimental. La nutrición, la salud, el agua segura y el aprendizaje integran un mismo circuito de desarrollo humano.
Según la ENDES 2025, el 34,9 % de los niños peruanos de 6 a 35 meses padeció anemia. En el área rural la prevalencia llegó a 43,2 %, frente a 31,5 % en el área urbana. Puno alcanzó 56,1 % y Loreto 45,6 %. La desnutrición crónica afectó al 12,1 % de los menores de cinco años, pero en el ámbito rural llegó a 21,7 %, casi tres veces la tasa urbana de 7,9 %.[6] Estas cifras preceden por muchos años al adolescente evaluado por PISA. Cuando el país observa el resultado a los 15 años, buena parte de la desigualdad comenzó antes del ingreso a primaria.
La evidencia debe expresarse con precisión. No es correcto afirmar que todas las consecuencias de la anemia son automáticamente irreversibles ni fijar una única ventana cerebral entre los cinco y siete años. El desarrollo cerebral empieza antes del nacimiento, es especialmente intenso durante la primera infancia y continúa durante la niñez y la adolescencia. La anemia y la desnutrición tempranas se asocian con perjuicios en el desarrollo cognitivo, inmunológico, emocional y social; la prevención y el tratamiento oportunos importan precisamente porque pueden evitar o mitigar esos daños.[7]
La alimentación escolar, por ello, no es beneficencia ni complemento ornamental. Es infraestructura pedagógica. El Programa Mundial de Alimentos ha encontrado efectos positivos de los programas de alimentación escolar en matrícula y asistencia, además de su función como red de protección para los hogares. También advierte que los resultados educativos dependen del contexto y de insumos complementarios: una ración no sustituye a un buen docente, agua segura, saneamiento, materiales ni evaluación.[8] La conclusión sensata es integrar, no fragmentar.
El Perú debe garantizar que todo estudiante vulnerable reciba alimentos inocuos, nutritivos, culturalmente pertinentes y trazables. Los episodios de alimentos en mal estado o fallas de supervisión no son meras irregularidades administrativas: quebrantan la confianza y pueden poner en riesgo la salud de niños cuya alimentación diaria depende del Estado. La respuesta no puede limitarse a cambiar el nombre del programa o reemplazar funcionarios después del escándalo. Se requiere trazabilidad digital por lote, controles sanitarios independientes y aleatorios, publicación de proveedores y sanciones, compras locales competitivas donde sean viables, veeduría de padres y directores, y canales de alerta con respuesta inmediata.
El menú debe diseñarse con criterios nutricionales y territoriales, incorporando productos locales y respetando hábitos culturales. En zonas donde la jornada y el desplazamiento lo exijan, el Estado debe evaluar desayuno y almuerzo, no una entrega homogénea desconectada de la realidad. Cada escuela debe registrar recepción, condiciones de almacenamiento, consumo efectivo e incidentes. Los tableros agregados deben ser públicos, sin exponer datos personales de los alumnos. La transparencia es el mejor desinfectante frente a redes de proveedores que capturan programas sociales.
No hay escuela digna sin agua ni baños
La brecha material es brutal. UNICEF informó en 2026 que más de la mitad de las escuelas públicas peruanas carecía de acceso adecuado a agua potable, saneamiento e higiene y que 43.714 colegios enfrentaban estas carencias. Sin agua segura y baños dignos aumentan las enfermedades diarreicas, parasitarias y cutáneas, el ausentismo y los riesgos para las adolescentes durante la menstruación.[9]
Resulta incoherente hablar de inteligencia artificial en aulas donde lavarse las manos, beber agua o usar un servicio higiénico seguro no está garantizado. La modernización no comienza repartiendo dispositivos; empieza asegurando condiciones humanas básicas. Primero electricidad, agua, saneamiento, conectividad y ambientes seguros; después equipos, plataformas y contenidos. Pero “primero” no significa esperar décadas para introducir tecnología: las inversiones deben avanzar como un paquete territorial coordinado.
El Estado conoce la brecha, la mide, la presupuesta y vuelve a medirla. Lo que falta es capacidad de ejecución, mantenimiento y coordinación. El mantenimiento preventivo suele ser políticamente menos visible que inaugurar una obra, pero evita que techos, baños, redes eléctricas y equipos se deterioren hasta exigir una reposición costosa. Cada local escolar necesita un diagnóstico verificable, un estándar mínimo, un responsable y un calendario de cierre de brecha. Las prioridades deben definirse por riesgo y privación, no por presión política.
La escuela rural requiere soluciones distintas. Allí donde extender redes convencionales tarde años, deben emplearse sistemas autónomos de agua segura, saneamiento adaptado, energía solar, conectividad satelital o inalámbrica y mantenimiento comunitario financiado. La dispersión geográfica no puede seguir operando como una sentencia de inferioridad educativa.
La desigualdad entra al aula con el estudiante
PISA 2025 registró en el Perú una diferencia cercana a 78 puntos entre estudiantes socioeconómicamente favorecidos y desfavorecidos. El 36 % de los participantes peruanos pertenecía al grupo más desfavorecido.[3] La escuela no crea por sí sola toda esa desigualdad, pero puede reproducirla o reducirla. Cuando se asignan docentes menos experimentados, infraestructura más precaria y menor conectividad a quienes ya tienen menos, el sistema hace lo contrario de compensar.
La igualdad formal —el mismo currículo, calendario o dispositivo— no produce igualdad real cuando los puntos de partida son radicalmente distintos. La política debe aplicar una fórmula explícita de equidad: más recursos, acompañamiento y tiempo pedagógico para estudiantes y escuelas con mayores necesidades. Ello comprende tutorías en grupos pequeños, recuperación de aprendizajes, atención bilingüe intercultural, equipos itinerantes de salud y psicología, incentivos efectivos para docentes rurales, transporte y residencias estudiantiles seguras cuando la geografía lo requiera.
También exige mirar las transiciones. Muchos estudiantes permanecen matriculados en primaria, pero se rezagan o abandonan en secundaria por pobreza, trabajo, embarazo adolescente, violencia, distancia o una escuela que perdió significado para ellos. Un sistema moderno debe integrar registros para activar alertas tempranas de inasistencia y riesgo de abandono, y desplegar una respuesta humana antes de que el estudiante desaparezca de la estadística.
Docentes para este siglo no para la era de piedra
No habrá reforma sin maestros. Tampoco habrá reforma limitándose a responsabilizarlos por fallas sistémicas. El docente peruano trabaja con grupos heterogéneos, déficits acumulados, carga administrativa, problemas de convivencia y escaso apoyo especializado. Exigir resultados sin ofrecer formación, materiales, acompañamiento y condiciones profesionales es una forma de simulación política.
La capacitación debe dejar de consistir en certificados, talleres aislados o plataformas que nadie acompaña. Debe partir de lo que ocurre en el aula: cómo enseñar comprensión profunda, razonamiento matemático, investigación científica, escritura, ciudadanía digital y pensamiento crítico; cómo identificar rezagos; cómo adaptar la enseñanza; cómo usar evidencia y tecnología; y cómo trabajar en contextos multigrado y bilingües.
Proponemos un sistema nacional de desarrollo profesional continuo, vinculado a la práctica. Cada docente debería contar con horas protegidas para formación y trabajo colaborativo, mentoría durante sus primeros años, observación de aula con finalidad formativa y acceso a comunidades profesionales. Los directores necesitan una carrera de liderazgo pedagógico, no solo habilidades administrativas. Las promociones y reconocimientos deben premiar competencia y contribución, con evaluaciones serias, transparentes y acompañadas de oportunidades reales de mejora.
El país debe atraer buenos candidatos a la docencia. Eso requiere selección rigurosa, formación inicial de calidad, prácticas supervisadas y una carrera que ofrezca dignidad, estabilidad condicionada al desempeño profesional, especialización y crecimiento. La defensa de los derechos laborales es compatible con la defensa del derecho del estudiante a recibir una enseñanza competente. Convertir ambas causas en enemigas solo beneficia a quienes prefieren la parálisis.
Inteligencia artificial con inteligencia pedagógica
La revolución digital ya está dentro de las aulas, aunque las normas y la formación docente lleguen tarde. Los estudiantes consultan asistentes de IA, producen textos e imágenes, traducen, programan y resuelven ejercicios. Prohibir de manera absoluta sería tan ineficaz como entregar acceso sin enseñar criterio.
PISA 2025 incorporó el aprendizaje en el mundo digital y examinó el uso de inteligencia artificial. La OCDE encontró una relación compleja: quienes usan IA para tareas escolares específicas —como resumir, redactar o investigar— obtuvieron en promedio alrededor de veinte puntos menos en Ciencias que quienes no la usaban de esa manera, una asociación que no prueba causalidad. En cambio, el uso general semanal combinado con oportunidades escolares para desarrollar alfabetización en IA se relacionó con resultados similares o ligeramente superiores. Esas oportunidades, sin embargo, fueron más frecuentes entre estudiantes favorecidos, lo que amenaza con ampliar una nueva brecha.[1]
La lección no es “IA sí” o “IA no”. Es enseñar a usarla. Un alumno debe saber formular preguntas, verificar fuentes, detectar invenciones, proteger datos personales, reconocer sesgos, citar la asistencia recibida y conservar la capacidad de leer, escribir y resolver problemas sin delegar todo a una máquina. La UNESCO ha insistido en que la tecnología debe ser apropiada, equitativa, basada en evidencia y sostenible, y que debe apoyar, nunca sustituir, la relación humana que sostiene el aprendizaje.[10]
Antes de comprar licencias masivas, el Minedu debe responder: ¿qué problema pedagógico se busca resolver?, ¿qué evidencia respalda la herramienta?, ¿funciona con conectividad limitada?, ¿qué datos recoge?, ¿quién es dueño de esos datos?, ¿cómo se protege al menor?, ¿qué capacitación recibirá el docente?, ¿cómo se medirá el impacto y cuál es el costo total de mantenerla? Sin esas respuestas, la innovación se transforma en mercado cautivo y el dispositivo termina guardado en un almacén.
La prioridad tecnológica debería ser una plataforma pública interoperable, accesible aun con baja conectividad, que organice contenidos curriculares de calidad, bancos de actividades, evaluaciones diagnósticas, tutoría adaptativa bajo supervisión docente y recursos en lenguas originarias. La IA puede ayudar a preparar clases, generar ejercicios diferenciados y detectar patrones de rezago, pero las decisiones de alto impacto deben conservar supervisión humana. Ningún algoritmo debe decidir en secreto el futuro educativo de un niño.
Qué puede aprender el Perú de los países nórdicos
Con frecuencia se invoca a Finlandia o a los países nórdicos como si existiera una receta única “socialista”. Esa simplificación empobrece el debate. Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia son democracias de mercado con Estados de bienestar robustos, alta capacidad fiscal e instituciones diferentes entre sí. Tampoco todos lideran hoy PISA y varios han experimentado retrocesos. Copiar una estructura fuera de contexto sería tan ingenuo como ignorar sus lecciones.
Lo valioso es observar principios sostenidos: una primera infancia protegida; servicios universales; docentes profesionalizados; confianza acompañada de evaluación; apoyo temprano al alumno; baja tolerancia a que el origen social determine el destino; bibliotecas y cultura lectora; autonomía local dentro de estándares nacionales; y continuidad institucional. Finlandia garantiza una comida escolar gratuita cada día a todos los alumnos de educación preprimaria, básica y secundaria superior. No la concibe como dádiva para pobres, sino como parte del derecho educativo y de la jornada escolar.[11]
Estonia, país nórdico-báltico y uno de los sistemas europeos más destacados, combinó una base sólida de lectura, Matemática y Ciencias con servicios digitales, autonomía responsable y formación docente. Su experiencia recuerda que digitalizar no es comprar computadoras, sino construir instituciones que integren currículo, maestros, infraestructura, contenidos y datos.
La adaptación peruana debe reconocer la diversidad geográfica, cultural y lingüística. No se trata de convertir una escuela amazónica en una réplica de Helsinki. Se trata de que un niño en Loreto reciba la misma promesa de dignidad, nutrición, buen maestro y oportunidad de aprender, usando soluciones pertinentes para su territorio.
La mediocridad política se expresa como discontinuidad
La educación peruana no carece de diagnósticos. Carece de una disciplina de ejecución que sobreviva al cambio de autoridades. Ministros, viceministros, directores regionales y responsables de programas rotan antes de consolidar reformas. Cada nueva gestión rebautiza iniciativas, modifica prioridades y presenta como innovación lo que ya estaba diseñado. La administración aprende poco porque su memoria institucional se desarma.
Esa es la forma más dañina de mediocridad política: no solamente desconocer los problemas, sino carecer de la visión pragmática para sostener soluciones verificables. Gobernar la educación exige aceptar que los frutos principales quizá sean cosechados por otro gobierno. Quien subordina todo al aplauso inmediato no está preparado para conducir una política generacional.
La fragmentación agrava el problema. Educación administra el aula; Salud atiende anemia y desarrollo infantil; Desarrollo e Inclusión Social maneja alimentación; Vivienda interviene en agua; Transportes y Comunicaciones en conectividad; gobiernos regionales contratan docentes; municipios tienen responsabilidades territoriales. Para el niño, todas esas entidades son un solo Estado. Cuando no coordinan, es el alumno quien carga el costo.
Necesitamos metas nacionales pequeñas en número, ambiciosas y auditables. El Congreso debe fiscalizar resultados y continuidad, no capturar plazas ni multiplicar normas declarativas. La Contraloría debe combinar control de legalidad con alertas tempranas que no paralicen la gestión honesta. La prensa debe fiscalizar contratos y promesas, pero también seguir indicadores de aprendizaje, nutrición e infraestructura con la misma persistencia que dedica a la coyuntura criminal y política. Una democracia educada necesita periodismo que explique, compare y exija.
Una hoja de ruta para 2027 a 2036
Proponemos un pacto educativo de diez años, aprobado mediante un acuerdo político y social con mecanismos de cumplimiento anual. No otro documento general, sino una cartera priorizada con responsables, presupuesto, indicadores y consecuencias públicas ante el incumplimiento.
Primero, recuperar los aprendizajes fundamentales. Durante los primeros noventa días de cada año escolar, todas las escuelas deben aplicar diagnósticos breves y comparables en Lectura y Matemática. Los resultados no deben usarse para estigmatizar ni construir rankings simplistas, sino para asignar tutorías, materiales y acompañamiento. La meta nacional debe ser que cada niño lea con comprensión y maneje operaciones y razonamiento esenciales al terminar primaria. Quien se rezaga debe recibir apoyo dentro del año, no repetir mecánicamente después del fracaso.
Segundo, asegurar que ningún niño aprenda con hambre. Debe establecerse una garantía nacional de alimentación escolar segura, con prioridad rural y de pobreza, hasta alcanzar cobertura pertinente según jornada. El sistema debe integrar nutrición, control de anemia, desparasitación cuando corresponda, agua segura y educación alimentaria. La compra de alimentos tiene que ser trazable, competitiva y abierta al control social.
Tercero, cerrar la brecha de agua y saneamiento como emergencia nacional. Cada escuela sin agua segura o baño funcional debe aparecer en un mapa público con solución, presupuesto, responsable y fecha. Las intervenciones deben agruparse territorialmente para reducir costos y asegurar mantenimiento. No puede llegar 2030 con decenas de miles de locales todavía privados de lo elemental.
Cuarto, transformar la profesión docente. Un programa de mentoría debe acompañar a todos los maestros nuevos. La capacitación en servicio debe concentrarse en didáctica, evaluación formativa, inclusión, educación intercultural bilingüe, bienestar y alfabetización digital e IA. Deben crearse redes de maestros expertos que observen, modelen y acompañen la práctica. La evaluación ha de identificar necesidades y reconocer excelencia, no ser un ritual punitivo ni una formalidad sin consecuencias.
Quinto, implementar conectividad útil. La meta no puede ser contar escuelas “con internet” cuando la señal es inestable o insuficiente. Debe medirse disponibilidad efectiva, velocidad, continuidad, número de usuarios y uso pedagógico. Equipos y plataformas requieren soporte, reposición y ciberseguridad. En ámbitos remotos, deben combinarse soluciones satelitales, energía autónoma, servidores locales y contenidos sin conexión.
Sexto, crear un marco nacional de IA educativa. Este debe proteger datos de menores, exigir transparencia a proveedores, establecer revisión humana, enseñar alfabetización en IA y financiar evaluaciones independientes. Las adquisiciones deben comenzar con pilotos comparables y escalar solo cuando demuestren aprendizaje o ahorro verificable. La IA debe liberar tiempo administrativo del docente y personalizar apoyos, no debilitar el razonamiento del alumno.
Séptimo, financiar con equidad y resultados. La asignación debe reconocer ruralidad, dispersión, pobreza, discapacidad, lengua y rezago. El gasto adicional debe llegar al servicio y no diluirse en capas burocráticas. Cada programa tendrá una teoría de cambio, línea de base y evaluación. Lo que funciona se amplía; lo que no funciona se corrige o termina.
Octavo, profesionalizar la gestión. Los puestos técnicos críticos del Minedu, direcciones regionales y unidades de gestión educativa deben cubrirse por mérito, contar con perfiles adecuados y tener estabilidad suficiente. La interoperabilidad de datos permitirá seguir matrícula, asistencia, aprendizaje, alimentación, salud e infraestructura sin duplicar formularios. El uso de datos debe respetar privacidad y servir para actuar, no para producir reportes que nadie lee.
Noveno, involucrar a familias y comunidades. Las escuelas deben comunicar en lenguaje claro qué aprenden los estudiantes, dónde están las dificultades y cómo apoyar desde el hogar. En zonas rurales e indígenas, las soluciones se diseñarán con la comunidad y en su lengua. Los comités de alimentación e infraestructura necesitan atribuciones claras, información y protección frente a represalias.
Décimo, blindar la continuidad. Un consejo técnico independiente debe publicar un informe anual sobre diez o quince indicadores, verificar la ejecución del pacto y comparecer ante el Congreso. Sus miembros requerirán solvencia profesional, mandatos escalonados y reglas contra conflictos de interés. La información será abierta para universidades, periodistas y ciudadanos.
Metas que el país pueda exigir
Un pacto sin metas es literatura administrativa. Para 2030, toda escuela pública debería contar con agua segura, saneamiento funcional, electricidad y una solución de conectividad acorde con su territorio. Para 2031, todos los docentes en servicio deberían haber completado formación práctica certificada en enseñanza de aprendizajes fundamentales y alfabetización digital e IA, con evidencia de aplicación en aula. Para 2033, el país debe reducir de manera sustantiva la proporción de estudiantes por debajo del nivel básico y cerrar brechas rural-urbanas y socioeconómicas. Para 2036, el Perú debe sostener una mejora verificable en PISA y evaluaciones nacionales sin sacrificar inclusión.
Las metas exactas deben fijarse con líneas de base oficiales y márgenes estadísticos; no deben inventarse desde una tribuna. Pero sí corresponde establecer una regla: cada sol adicional destinado a educación debe vincularse con una mejora concreta en acceso, bienestar, enseñanza o aprendizaje. La rendición de cuentas no puede consistir solo en acreditar que el presupuesto se gastó.
Educación como libertad y política de seguridad
Una persona que comprende lo que lee, razona cuantitativamente y distingue evidencia de manipulación tiene más libertad. Puede defender sus derechos como consumidor, trabajador y ciudadano; detectar una estafa; entender una tasa de interés; evaluar una propuesta política y resistir la desinformación. La educación no es únicamente política social o laboral. Es política de competencia, productividad, salud, seguridad y democracia.
El Perú discute todos los días la inseguridad, la informalidad, la corrupción y el bajo crecimiento como si fueran compartimentos. La escuela no resolverá sola esos males, pero ninguna solución será sostenible sin ciudadanos capaces y oportunidades legítimas. La prevención más profunda de la violencia empieza en una infancia protegida y una escuela que vincula al estudiante con un proyecto de vida.
La era de la inteligencia artificial vuelve más urgente, no menos, la formación humanista. Cuando una máquina produce respuestas plausibles en segundos, el valor del ser humano está en formular buenas preguntas, juzgar la evidencia, comprender contextos, crear, cooperar y asumir responsabilidad ética. Un país cuyos alumnos no comprenden un texto ni una proporción quedará relegado a consumir tecnologías creadas por otros y a aceptar decisiones que no entiende.
Borrón y cuenta nueva
Borrón y cuenta nueva no significa negar la historia. Significa aprender de ella y dejar atrás la costumbre de reiniciar el Estado. Significa conservar programas eficaces, corregir los deficientes y cerrar los que solo sobreviven por interés burocrático o contractual. Significa que alimentación, salud, agua, buenos docentes y tecnología dejen de competir por atención y formen una sola política centrada en el estudiante.
PISA 2025 no es una condena. Es una advertencia entregada a tiempo. Nos dice que siete de cada diez adolescentes peruanos no alcanzan el umbral básico en Matemática, que la Lectura sufrió una caída severa y que la distancia social sigue marcando lo que un niño puede aprender. También nos dice, al comparar países y tendencias, que el retroceso puede revertirse.
La pregunta es si la política peruana será capaz de mirar más allá de la próxima elección. Un niño que hoy empieza primaria terminará la secundaria alrededor de 2037. Ese debe ser el horizonte mínimo de quienes gobiernan. No necesita otra promesa grandilocuente; necesita desayunar, beber agua segura, encontrar un maestro preparado, leer buenos libros, experimentar la ciencia, conectarse al mundo y aprender a usar la inteligencia artificial sin perder la suya.
El seguimiento debe incluir algo que la política suele evitar: reconocer públicamente cuándo una intervención no funciona. Las evaluaciones nacionales, PISA, ERCE y los registros administrativos sirven para propósitos distintos y deben leerse en conjunto. Un puntaje promedio puede ocultar mejoras en cobertura o brechas enormes entre territorios; una tasa de matrícula puede ocultar ausencia frecuente; una conexión declarada puede ocultar una señal inutilizable. Por ello, el tablero educativo nacional debe mostrar tanto promedios como distribución de resultados, diferencias por sexo, lengua, discapacidad, ruralidad y nivel socioeconómico, siempre protegiendo la identidad del estudiante.
También debemos abandonar la falsa oposición entre evaluación y confianza. Un sistema serio evalúa para ayudar, asignar recursos y rendir cuentas. Las escuelas que atienden a poblaciones más vulnerables no pueden ser castigadas por recibir a quienes el sistema ha postergado; necesitan indicadores de progreso y contexto. A la vez, ninguna autoridad debe esconder resultados bajo el argumento de que medir estigmatiza. Lo que estigmatiza es condenar a un niño a pasar once años en la escuela sin aprender y declarar éxito porque estuvo matriculado.
La sociedad civil, las universidades y el sector privado pueden contribuir, pero no reemplazar la rectoría estatal. Sus proyectos deben alinearse con estándares públicos, compartir evidencia y evitar convertir las escuelas en vitrinas comerciales. Las alianzas son valiosas cuando fortalecen capacidades permanentes y dejan conocimiento instalado; son frágiles cuando dependen de una donación, una fotografía o una plataforma propietaria imposible de sostener. El Estado debe aprender a comprar innovación sin comprar dependencia.
El futuro del Perú no será decidido únicamente en Palacio de Gobierno, el Congreso o los directorios empresariales. Está siendo decidido esta mañana en una escuela rural donde quizá falta agua, en un aula urbana donde cuarenta estudiantes esperan atención y en la pantalla desde la que un adolescente pregunta a una máquina lo que nadie le enseñó a verificar. Allí debe comenzar la nueva hoja de ruta. La única revolución nacional que merece ese nombre es la que permite a cada niño pensar por sí mismo.
Fuentes
[1] OCDE. PISA 2025 Results Volume I Future Ready Students. 8 de septiembre de 2026. https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2025-results-volume-i
[2] Ministerio de Educación del Perú, Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes. Resultados PISA 2025. Septiembre de 2026. https://umc.minedu.gob.pe/resultadospisa2025/
[3] Ministerio de Educación del Perú. Características de la evaluación PISA 2025 en el Perú. Septiembre de 2026. https://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2026/09/Presentacion-Logros-de-aprendizaje-PISA-2025.pdf
[4] CEPAL. Education inequality and inclusive social development. Agosto de 2026. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/4dbd5975-5a7a-4f33-9b36-ab88c32c1313/content
[5] CEPAL. Social Panorama of Latin America 2022. 2022. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/529d3a38-c272-4adf-8c69-c5e9732e4f90/content
[6] Instituto Nacional de Estadística e Informática. El 34,9 % de la población de 6 a 35 meses de edad sufrió de anemia en el 2025. 16 de mayo de 2026. https://www.gob.pe/institucion/inei/noticias/1392685
[7] UNICEF Perú. Nutrición. https://www.unicef.org/peru/nutricion-ninez-adolescencia
[8] Programa Mundial de Alimentos. Strategic evaluation of the Contribution of School Feeding Activities to the Achievement of the Sustainable Development Goals. 2021. https://www.wfp.org/publications/strategic-evaluation-contribution-school-feeding-activities-achievement-sustainable
[9] UNICEF Perú. Garantizar agua y saneamiento Una de las grandes tareas del año escolar 2026. 18 de marzo de 2026. https://www.unicef.org/peru/comunicados-prensa/garantizar-agua-y-saneamiento-una-de-las-grandes-tareas-del-ano-escolar-2026
[10] UNESCO. Global Education Monitoring Report 2023 Technology in education. 2023. https://www.unesco.org/gem-report/en/publication/technology
[11] Finnish National Agency for Education. School meals in Finland. https://www.oph.fi/en/education-and-qualifications/school-meals-finland
Por:
Por Julián Palacín Gutiérrez, abogado y ex Presidente del Indecopi, y
Julio Ubillús Soriano, abogado y ex Gerente General del Indecopi
