(Aeronoticias) El Presidente del Instituto Peruano de Derecho Aéreo (IPDA), Julián Palacin Fernández, expresó su sorpresa por la pretendida clausura de nuestro primer terminal aéreo el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, por parte de funcionarios de la Municipalidad del Callao.
Al respecto, expresó que jurídicamente todos los Alcaldes del Perú y Presidentes Regionales tienen que entender que la Aeronáutica Civil en el Perú se rige por la Constitución Política del Perú, por los Instrumentos internacionales vigentes, por la Ley 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú, sus Reglamentos y Anexos técnicos, las Regulaciones Aeronáuticas del Perú y demás Normas complementarias, es decir, el Estado peruano opera sus aeropuertos de conformidad al Convenio sobre Aviación Civil Internacional o Convenio de Chicago de 1944 que obliga al Perú, en consecuencia la Municipalidad del Callao se está irrogando facultades que no tiene, porque solo la Dirección General de Aeronáutica Civil, jurídicamente hablando puede por razones de seguridad operacional, emergencia nacional u otras causas previstas en los instrumentos internacionales y en las Leyes especiales, cerrar o clausurar un aeropuerto.
Recomendó al Procurador Público del Ministerio de Transportes que interponga una denuncia penal contra los funcionarios públicos de la Municipalidad del Callao por delito contra los medios de transportes; se tiene que sentar un precedente para que las Municipalidades entiendan que no tienen jurisdicción en aeropuertos nacionales e internacionales, donde la única autoridad competente del Estado peruano es la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes, que es la llamada por Ley de acuerdo a las competencias nacionales e internacionales establecidas en la Ley 27261 y los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Perú y que nos obligan como país, lo hecho por la Municipalidad del Callao es un papelón para la imagen del Perú y no ayuda.
Por último, dijo que el punto controvertido no es Lima Airport Partners (LAP), la concesionaria, acá lo que está en juego es la imagen internacional del Perú y el cumplimiento de los instrumentos internacionales que obligan al Perú, si existía algún cuestionamiento municipal por carteles, se conversaba y solucionaba, pero cerrar un aeropuertos y afectar a miles de pasajeros con pérdidas de millones de dólares, afectando el turismo a la imagen del Perú internacionalmente sin respetar la competencia de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Perú que es la autoridad del Estado peruano, es un despropósito que no se puede volver a repetir sin perjuicio de las sanciones contra los que resulten responsables porque la ignorancia y la improvisación de autoridades municipales sin la debida preparación nos puede causar daños irreparables, además del abuso de autoridad que ello significa y que no se debe pasar por alto, aquí no se defiende a LAP, se defiende al Perú.
