(Aeronoticias).- La secretaria técnica de la Comisión de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal NCPP, Dra. Virginia Alcalde Pineda, expresó su preocupación por las disposiciones que tanto el Ejecutivo como el Congreso vienen dando y que retrotraen el espíritu constitucionalista de la norma, así como su progresiva aplicación en el país.
La Dra. Alcalde, precisó que el Código Procesal Penal se ha aplicado en más del 55% del territorio nacional, sin embargo, por razones presupuestales del Ministerio de Economía y cierta resistencia del Ministerio del Interior, no ha sido posible continuar el cronograma de implementación.
“El proceso de implementación de la reforma es progresivo; se cumple por etapas las metas y objetivos, y los resultados deben medirse; pero si no se sigue esta planificación, entonces no vamos a poder corregir los errores que se van dando en la aplicación en los diferentes distritos judiciales” comentó.
También hizo referencia a los recientes dispositivos del Congreso como la norma que amplía el plazo para la detención por flagrancia por parte de la Policía, la cual consideró como un argumento innecesario y riesgoso, puesto que con el NCPP, la detención es solicitada por el fiscal y autorizada por el Juez de manera muy rápida. “El Policía debe trabajar en conjunto con el fiscal y no permitir que un inculpado sea liberado si se comprueba el delito. Un principio básico del nuevo Código es investigar para detener y no detener para investigar”, precisó.
Respecto al Decreto Legislativo 1097 que se debate en el Congreso, la fiscal Alcalde Pineda opinó que resulta discriminatorio beneficiar sólo a unas personas, agregando que la dación de dispositivos apresurados no son positivos para la reforma, ni para los derechos humanos como tales.
BENEFICIOS:
Entre sus beneficios están la transparencia de los procesos que disminuye la corrupción de funcionarios y la no impunidad, la práctica de soluciones eficaces para la resolución de conflictos, la disminución de quejas de los litigantes, y sobre todo la celeridad y rapidez en la resolución de casos, es decir que si con el antiguo modelo un juicio demandaba un promedio de 3 años para su solución, con el NCPP estos procesos no superan los 10 meses o un año. Según informe presentado por el Equipo Técnico de Implementación del NCPP, la mayoría de distritos judiciales ha resuelto el 80% de sus casos, cifra que no se ha registrado antes en los operadores de justicia.
