El consejo de administración del BBVA anunció el martes que iba a proponer a la próxima asamblea general de accionistas la sustitución de su consejero delegado, José Ignacio Goirigolzarri, de 55 años, de «mutuo acuerdo» con él.
Goirigolzarri no cobrará los 68 millones de euros de indemnización a los que tendría derecho en caso de despido, pero el banco va a desembolsar 52,49 millions de euros para garantizar el pago de su jubilación anticipada, que alcanzará los tres millones de euros brutos anuales, según los medios de comunicación.
Los secretarios generales de UGT y CCOO, los dos principales sindicatos, han criticado esta medida anunciada en momentos en que la patronal pide un abaratamiento del coste de despido de los asalariados. Este tipo de noticias, que «lamentablemente no son infrecuentes», causan «una irritación justificada», declaró Cándido Méndez, de UGT.
«Es un escándalo nacional e internacional» en este periodo de crisis, aseguró el diputado de Izquierda Unida (IU) Gaspar Llamazares. «Hay cosas que son legales, pero que son obscenas en términos democráticos teniendo en cuenta la situación que atraviesa el país», afirmó la diputada del partido UPyD, Rosa Díez.
La ministra de Economía, Elena Salgado, se mostró más prudente. «Creo que no tenemos que opinar sobre esos temas. Es una consideración de ética sobre la que saben cual es la opinión del Gobierno pero, en todo caso, es una decisión de los accionistas», dijo. El responsable económico del Partido Popular, Cristóbal Montoro, consideró «especialmente llamativo» que se tome esta medida en época de recesión.
