El Parlamento de Honduras ha aplazado el debate para emitir su opinión sobre la propuesta de otorgar una amnistía política al presidente depuesto Manuel Zelaya. Con esta proposición, incluida dentro del proyecto del presidente de Costa Rica, Óscar Arias, se pretende superar la crisis que sufre este país desde que tomara el poder Roberto Micheletti.
El Acuerdo de San José, presentado por Arias al Congreso Nacional hondureño, no se discutirá de inmediato sino que pasará a una comisión de dictamen, según ha informado su presidente, Alfredo Saavedra.
La comisión deberá presentar su informe al pleno de diputados entre el miércoles y el jueves, y hará su análisis basado en los antecedentes, jurisprudencia y marco constitucional de Honduras y en el texto propuesto por Arias en su calidad de mediador.
Saavedra ha añadido que de esta forma habrá más tiempo para que los diputados analicen la propuesta, y puntualizó que al Parlamento sólo se le ha pedido «dar su opinión» sobre la conveniencia o no de otorgar amnistía política a los involucrados en la crisis.
La recomendación que emita la comisión requiere una aprobación por mayoría simple de 65 diputados. Saavedra ha pedido a los congresistas «no adelantar juicios» sobre este asunto, aunque también recordó que tienen libertad de opinión, y les instó a «respetar al mediador».
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Saúl Escobar, ha indicado a la prensa que ese organismo analizará esta semana la propuesta de adelantar las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, incluido también en el plan de solución de Arias.
La propuesta de Arias incluye la vuleta al poder condicionada de Zelaya, derrocado por los militares el 28 de junio, una amnistía política, el adelanto de las elecciones, y el establecimiento de una comisión de la verdad y verificación internacional, entre otros puntos.
La misión de Zelaya rechazó la propuesta de Arias y dio por fracasado el diálogo, mientras que el gobierno de Micheletti, insiste en rechazar el retorno de éste, pero ha sometido a consultas las otras propuestas porque competen a otros órganos del Estado. En este contexto, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público también estudian la propuesta de Arias.
