El Presidente del Instituto Peruano de Derecho Aéreo, Dr. Julián Palacin Fernández expresó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones debía solicitar una addenda al contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez a fin de que los servicios de protocolo que se prestan en el primer terminal aéreo del país estén a cargo del Estado y no del concesionario que es un ente privado y el protocolo es un servicio de Estado, sostuvo.
El Dr. Palacin expresó que el TUUA, es decir la tarifa única unificada de uso de aeropuerto, es la fuente de financiamiento de estos servicios y quienes lo pagan son los usuarios, es por ello que existen razones de Estado, como por ejemplo el uso indebido que se podría haber estado dando en esta sala con la atención de personajes investigados por corrupción como Fortunato Canaán lo que nos lleva a pensar que este servicio debe volvere estar a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y de CORPAC, sostuvo.
Agregó que la Comisión de Infraestructura del Congreso de la República le consultó en el 2001 sobre el contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez que ya había pasado por el proceso de licitación y que el gobierno de Paniagua tenía que firmar el 14 de febrero del 2001 y el jurista expresó que él hizo una serie de observaciones recomendando que dicho contrato no se firme en esos términos que eran lesivos para los intereses del Estado y observó dijo: el tema del aprovisionamiento de combustible, fuerzas armadas, vigencia del plazo de la concesión, condiciones de pago, operación de la concesión, seguros, la política de tarifas, las tarifas de aterrizaje y despegue nacional e internacional, el uso de instalaciones de carga aérea y los servicios de protocolo, entre otros temas que no se tuvieron en cuenta.
Por último precisó que los sucesivos ministros de Transportes hicieron addendas al contrato de concesión a solicitud de LAP, nunca los funcionarios de turno se preocuparon por ver el interés del Estado, es por ello dijo que deberíamos empezar por recuperar el servicio de protocolo, ya que la concesión no puede ser un Estado dentro del Estado, y las atenciones a dignatarios, autoridades y personalidades debe ser prerrogativa del Estado Peruano y no de particulares.
