(Aeronoticias) El abogado Iván Zuñiga Castro con Reg. CAL 41009, pidió al Congreso de la República y al Ministerio Público que investiguen el caso de la empresa israelí Hatehof, que violó el contrato con el Estado peruano actuando con dolo contractual, e incumpliendo sus obligaciones, en razón a que los vehículos portatropas que le vendió al Estado peruano no cumplían las especificaciones técnicas, lo que originó que el Ministerio del Interior resuelva el contrato, sin embargo el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Lima integrado por los árbitros Javier Belaunde López, Fernando Cantuarias Salaverry y Richard Miranda Tirado contra lo que dice el Código Civil en el Libro VII sobre Fuente de las Obligaciones, le da la razón a la empresa israelí en un claro caso de cosa juzgada arbitral fraudulenta que debe ser exhaustivamente investigada, ya que se tiene conocimiento que estos 3 árbitros tienen en un 80, 90 y 100% de fallos siempre contra el Estado, expresó el jurista.
Dijo, que en la investigación del diario La República se puso de manifiesto el abandono cerca del mar de Ventanilla de estos vehículos PNP, el tiempo, el polvo y la corrosión se están comiendo un lote de vehículos rompemanifestaciones y portatropas adquiridos el año 2009 a una empresa Israelí para las unidades policiales del VRAEM.
En el kilómetro 14.5 de la avenida Néstor Gambeta, en el Callao, se ubican los depósitos de «Chillón Almacenes Generales». En este lugar, cerca del mar de Ventanilla, 32 vehículos portatropas y multipropósito construidos para la Policía Nacional del Perú se oxidan y deterioran. Solo los visitan únicamente las palomas y otras aves voladoras que han hecho sus nidos allí.
La República ha podido observar, como se ve en las imágenes que acompañan esta información, que el óxido y el polvo acabaron con el brillo de las carrocerías. Las pesadas puertas de los vehículos blindados se han desprendido ganadas por la oxidación.
El aire escapó de las llantas y, en otros casos, parece que sujetos inescrupulosos se llevaron algunas autopartes, espejos retrovisores, llantas de repuesto y otros equipos de comunicación. Las baterías que quedan están inservibles.
Esperan a García
¿Qué hacen esos vehículos allí, mientras la delincuencia avanza por las calles de Lima en modernos y bien equipados autos Porsches y Audis del año? «Esos carros están allí desde hace años, los dejó el presidente Alan García para entregarlos a la policía cuando regrese a Palacio de Gobierno», asegura el guardia de seguridad privada que custodia el ingreso a los almacenes.
Aunque, ante una ruidosa llamada por radio, perdió la memoria y, tras pedirnos que nos retiremos, hasta el habla. Andrés Ramírez, supuesto jefe de almacén, nos mandó con la Policía Nacional o el Ministerio del Interior. Él no sabe nada de lo que se guarda en los almacenes, aseguró.
En el Mininter tampoco nadie sabe nada oficialmente de los portatropas. Es un asunto tabú, más en época electoral. Preguntando aquí y por allá y revisando los archivos, aclaramos que el guardia de seguridad está equivocado.
Los portatropas no fueron dejados en custodia por García Pérez, pensando en regresar a la presidencia, pero sí son parte de la historia de su segunda administración. Una historia tan llena de suciedad, dirían algunos, como están ahora los portatropas.
Los vehículos de uso policial están en los depósitos de «Chillón Almacenes Generales» desde junio del 2010. Casi seis años en abandono y el Estado adeuda un aproximado de 1’247,344.06 dólares por el almacenaje.
Una compra, una estafa
Los 32 portatropas y vehículos blindados que hoy se oxidan en el Callao son parte de un lote de 44 vehículos que en diciembre del 2009 la administración aprista pretendía comprar a la empresa israelí Hatehof para las unidades policiales de los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, por un costo total de 11,099,000 dólares americanos.
Se trataba en total de 13 vehículos multipropósito blindado, denominado Wolf 1, por un valor de US$ 5’798,00 y 31 vehículos portatropas, denominados Wolf 2, por US$ 5’301,000. La adquisición iba a buen ritmo hasta que en febrero del 2010 IDL Reporteros denunció que los vehículos Wolf 2 estarían sobrevalorados, al menos en dos millones de dólares.
Según IDL Reporteros, los Wolf 2 eran los mismos vehículos que al comienzo del segundo gobierno aprista el entonces ministro del Interior, Luis Alva Castro, había rechazado comprar al considerarlos sobrevalorados, al tener un precio de 107 mil dólares cada uno. En el nuevo contrato se les adquiría por 171 mil dólares.
El entonces ministro del Interior, Octavio Salazar, rechazó la denuncia periodística y siguió adelante con la adquisición. Para entonces ya se había adelantado un pago de US$ 4’439,600, que equivalía al 40% del monto del contrato, mientras que Hotehof había entregado una carta fianza por 554,950 dólares.
Se rompe el contrato
Sin embargo, en marzo del 2010 una Comisión Especial de la Policía viajó a Israel y descubrió que las especificaciones técnicas de los vehículos no eran las ofertadas, en cuanto al año de fabricación, transmisión y medidas de aro de las llantas.
El escándalo estalló a mediados de abril cuando trascendió a la prensa el referido informe de la comisión policial. Pero, en medio del griterío político, la división de abastecimiento de la policía dio la conformidad y los Wolf 1 y Wolf 2 fueron embarcados y llegaron a Lima y fueron desaduanados por la policía.
El contrato establecía como fecha límite de entrega el 10 de mayo del 2010. En medio del escándalo político y los pedidos de investigación en el Congreso, el 9 de mayo del 2010, por orden del presidente García y el primer ministro Javier Velásquez Quesquén, el gobierno resolvió el contrato y ejecutó las cartas fianzas.
Batalla legal
En enero del 2014 concluyó la disputa legal con un fallo de la 2a Sala Civil de Lima, de la subespecialidad comercial, que ratifica los términos de un laudo arbitral de octubre del 2014. El laudo y los jueces dicen que ganó Hatehof y que el Perú debe pagar todo, hasta los gastos de almacén y quedarse con los vehículos oxidados.
Según diversas fuentes no oficiales en realidad se habría producido un empate. En otras palabras, la controversia sigue y el óxido seguirá corroyendo los vehículos.
El laudo arbitral, dictado por los árbitros de la Cámara de Comercio de Lima, Javier Belaunde López de Romaña, Fernando Cantuarias Salaverry y Richard Miranda Tirado, concluyó que el Perú no debió resolver el contrato, sino recibir los vehículos, lo que a juicio de los especialistas en derecho civil no procede ya que el Estado al resolver el contrato no tenía la obligación de recibir los vehículos, lo que podría originar a través de una investigación del Ministerio Público, las responsabilidades del Ley.
Luego, de ser el caso, devolverlos por incumplir las especificaciones técnicas.
Por eso, la gente del Mininter se declara ganadora. Interpreta que el laudo retrocede en el tiempo, al 10 de mayo del 2010. Según el laudo, ratificado por el Poder Judicial, el Perú debe devolver las garantías más intereses, pagar daños y perjuicios, los honorarios del tribunal arbitral y almacenaje, unos 12’929,949 dólares, más intereses.
Hatehof deberá entregar los 12 vehículos faltantes. Pero, como dijimos, en el Mininter aún confían en que pueden devolver los portatropas a la empresa israelí y que el acero de los vehículos resistirá la corrosión. Tal vez resistan, pero ¿y qué pasa con la corrupción?
Faltó verificar las características técnicas
El contrato con la empresa Hatehof establecía que a fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, especialistas de la PNP efectuarían dos viajes a Israel. Solo se realizó un viaje a cargo del ex jefe de Logística de la PNP general Mario Obregón, quien constató que dos de los vehículos tenían doble numeración en el chasís y otras del 2007 y 2009.
El 6 de mayo del 2010, el mismo jefe de logística de la PNP, Mario Obregón, dio por superadas las observaciones y autorizó el embarque de los portatropas al Perú.
Los portatropas y blindados estacionados en los depósitos de la almacenera Chillón no se encuentran registrados en la base de datos de la PNP, aunque según los guardias de seguridad de los almacenes de vez en cuando unos policías se acercan a verificar que los vehículos permanezcan en ese lugar.
Fuente: La República
