(Aeronoticias) En la historia de la injusticia y de las infamias en el Perú, el caso del aplastamiento de un niño de 11 años ocurrido el 22 de febrero de 2012, cuando un camión de la empresa PROSEGUR atropelló en la Av. Huancaray, en Santa Anita, al niño Julio César Huaylla Pacheco, tiene un lugar en la historia de las muertes injustas en el Perú, habida cuenta que no solo lo aplastaron sino que ahora el sub oficial PNP que ve el caso haría un parte policial echándole la culpa al niño muerto, hecho que tendrá que investigar la Inspectoría de la PNP, ya que se está estudiando denunciar a la justicia militar a este sub oficial que no estaría diciendo la verdad en esta investigación policial, expresó el padre del niño, Víctor Huaylla Carbajal.
Trascendió, que frente a tanta injusticia se denunciaría penalmente al directorio de PROSEGUR, a su gerente general y a todos los que resulten responsables, ya que nadie entiende porqué aparentemente intereses de terceros querrían tergiversar en la investigación policial sobre la verdad de los hechos, ya que PROSEGUR atropelló al niño y no éste a PROSEGUR.
Fuentes consultadas nos informan que la estrategia de los responsables de esta muerte es que el parte policial salga culpando al niño y de esta forma la indemnización será menor a S/. 100,000, sin embargo si hay atestado policial y se denuncia como corresponde al Ministerio Público al chofer de PROSEGUR la indemnización no sería menor a S/. 260,000.
El padre del niño, indignado informó que denunciará este hecho a la Defensoría del Pueblo y al Congreso de la República y que pondrá en conocimiento de estas triquiñuelas policiales a todos los medios de comunicación, ya que no es justo que maten a mi hijo, dijo indignado Víctor Huaylla y para no indemnizarme quieran exonerar de responsabilidad a PROSEGUR y a su compañía de seguros RIMAC, que tiene que responder hasta por $200,000, según una Póliza de seguros que cubre la muerte de mi hijo, afirmó.
Fuentes a la defensa informaron que están estudiando someter este caso a las más altas instancias de la Policía Nacional del Perú para que peritos expertos puedan revisar la investigación que un sub oficial PNP de la jurisdicción de Santa Anita viene realizando en forma parcializada, es decir a favor de quienes serían los responsables de la muerte, el chofer de PROSEGUR que lógicamente involucra la responsabilidad de PROSEGUR y de RIMAC su compañía de seguros y reaseguros.
Por su parte, el día de mañana la familia tendrá una cita con la directora de Derechos Humanos del ilustre Colegio de Abogados de Lima, Dra. Angélica Sayán, a quien se encomendará la atención de este caso a fin de que el CAL pueda defender los derechos humanos de una familia avasallada por este caso.
