Entre los que se solidarizaron con dichos anteproyectos figuran los legisladores Víctor Andrés García Belaúnde, de Alianza Parlamentaria y Edgard Raymundo, del Bloque Popular, así como el ex procurador anti corrupción, Ronald Gamarra y la representante del Grupo Contra la Corrupción, Inés Arias. Este último grupo reúne en su seno a instituciones como Fórum Solidaridad y también ILD.
El paquete nacionalista considera que un ex presidente, que acaba su mandato, no debe abandonar el país por lo menos durante 5 años para facilitar cualquier ulterior acusación; también que se impida la doble nacionalidad y que se destituya e inhabilite de sus cargos a aquellos funcionarios que cometan delitos contra la administración Pública.
Igualmente posibilitar la revocatoria, por acción ciudadana, del mandato del presidente de la república y de los parlamentarios. Este proyecto de ley está contenido en el Nª 4007, es uno de los más comentados.
Comentando la iniciativa de los nacionalistas el sacerdote Marco Arana, quien lidera el movimiento político denominado Tierra y Libertad, aplaudió el gesto pero vaticinó que no tendría total apoyo en la mayoría del Congreso, siendo su destino final similar a la que el régimen dio a la Oficina Nacional Anticorrupción, que quedó en nada.
