(Aeronoticias).- El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó este miércoles el Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario (Pacri) para la Liberación de áreas para la ampliación y modernización del aeropuerto internacional Jorge Chávez.
La ampliación del aeropuerto Jorge Chávez contempla que su capacidad crezca para poder atender a un promedio de diez millones de pasajeros al año, lo que se prevé alcanzar en el 2014 o 2015.
Las principales obras del proyecto incluyen la ampliación del espigón internacional en 8,700 metros cuadrados, para construir en esta zona siete nuevas salas de embarque y se instalarán siete mangas o puentes de embarque.
También incluye la remodelación de la Torre Central, la ampliación de la zona de plataforma en 15,000 metros cuadrados, la habilitación de una calle de rodaje para la salida rápida de aviones.
Según la resolución de la Dirección General de Asuntos Socio ambientales del MTC publicada hoy, los trabajos en esta zona se harán por etapas a fin de no afectar las operaciones aeroportuarias ni el flujo de pasajeros.
El terreno destinado a la ampliación y modernización del aeropuerto se ubica en los ex fundos Bocanegra, San Agustín y La Taboada del valle del río Rímac.
En estos ex fundos se han identificado ocho asentamientos humanos con un total de 758 predios ubicados dentro del perímetro de la expropiación.
El MTC recordó que la Ley N° 29836 declaró de necesidad pública la expropiación de inmuebles adyacentes al aeropuerto a fin de que sea implementado y dotado de la infraestructura suficiente al volumen del comercio integral y tráfico de pasajeros, así como para mejorar el sistema de aeronavegabilidad, lo cual permitirá brindar un servicio adecuado a los usuarios.
Dicha ley facultó al MTC a utilizar alternativamente el procedimiento de reasentamiento de la población afectada de los asentamientos humanos, en los terrenos proporcionados por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), o a la adquisición o financiación de inmuebles de programas de vivienda ya construidos, tanto del sector público o privado.
Una tercera alternativa es el pago de una indemnización asistida que debe ser utilizada únicamente para los fines del reasentamiento de la población afectada.
La resolución directoral también determina el procedimiento para la selección y cálculo del monto del beneficio económico a los beneficiarios.
Agencia Andina.
