Lo resaltante de esta encuesta es que se ha constituido en una Línea de Base que permite conocer con cifras reales la verdadera situación socio-demográfica de las personas con discapacidad, refirió Rocío Rivera León, coordinadora del Proyecto Trabajando sin barreras, de la ONG Edaprospo. De la población estudiada, el 23% tiene secundaria completa, el 5% ha culminado sus estudios superiores y otro 5% tienen estudios superiores no universitarios completos. Sin embargo, al momento de la encuesta, 361, 658 de las personas con discapacidad no asistía a centro o programa de enseñanza regular. La causa más frecuente era la edad (44%), seguida de la falta de dinero (12%), y en tercer lugar por su propia discapacidad.
Rivera León hizo notar que la reducida inclusión laboral de este grupo no tiene su origen en la misma discapacidad, sino en condiciones excluyentes del entorno. Refirió que “muchas empresas se inhiben de contratar personas en silla de ruedas o que tienen dificultad para ver u oír, debido a prejuicios originados por el desconocimiento de sus habilidades, por indiferencia hacia su situación, falta de visión de responsabilidad social y el temor o inseguridad al interactuar con una persona con discapacidad”.
Recientemente, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, a través del Conadis, presentó el libro Estudio de Línea de Base “Demanda Laboral de Trabajadores con Discapacidad en las Empresas del Perú”, según el cual dos tercios de los empleadores aceptarían el apoyo y la asistencia técnica para la identificación de personas con discapacidad idóneas de acuerdo al perfil solicitado. Por esta razón, Edaprospo trabaja con las empresas que las contratan de modo que se pueda crear un vínculo entre los trabajadores, sin distinción de sus habilidades. Es más, señaló Rivera, en que las compañías que contratan personas con alguna limitación se forman lazos de camaradería y apoyo constante.
Asimismo, manifestó que se ha comprobado que existen grandes dificultades para que las familias que tienen alguno de sus miembros con discapacidad puedan acceder y permanecer dentro del sistema educativo. Según indicó Rivera, “esta carencia educativa entre los miembros del hogar, genera que la persona con discapacidad no cuente con la debida calificación ni entrenamiento para aspirar a un puesto óptimo en una empresa o entidad pública cuando llega a la edad de trabajar”.
