(Aeronoticias) La colegiatura del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, fue suspendida por cuatro meses por el Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL). La resolución fue emitida ayer por la mañana por el presidente de esta instancia, Walter Ayala, quien sostuvo que este veredicto inhabilita al titular del Ministerio Público mientras afronte las pesquisas que tiene por infracciones éticas en los audios de la corrupción.
La disposición fue suscrita por tres de los cinco vocales que integran el Consejo de Ética: Ayala Gonzales, María Vera Tudela y Víctor Cabanillas Alhuay, en respaldo a la medida cautelar interpuesta por organizaciones de la sociedad civil.
En diálogo con La República, el presidente del Consejo de Ética recalcó que según la Ley de Carrera Fiscal, un requisito indispensable “para ser fiscal de la Nación es estar colegiado”.
“Ahora quien decide si Pedro Chávarry deja el cargo es la Junta de Fiscales Supremos. Ya no puede seguir porque no cumpliría los requisitos”, enfatizó.
Sin embargo, el fiscal de la Nación sostuvo después, a través de Twitter, que no acatará la resolución del grupo que preside Ayala Gonzales.
“Resolución de la Comisión de Ética del CAL, suspendiendo mi colegiatura, es ilegal, ha violentado el debido proceso y el principio de reserva”, escribió.
En los próximos días, Chávarry deberá apelar esta medida ante el Tribunal de Honor del CAL.
Sin embargo, diversos juristas coincidieron en que mientras la resolución del Consejo de Ética no sea resuelta en segunda instancia, el fiscal de la Nación quedará suspendido del cargo.
El exprocurador José Ugaz comentó que “si hay una solicitud de revisión, reconsideración o apelación de la cautelar, eso no debería suspender la decisión que ha tomado el Consejo de Ética del CAL”.
“Siendo una medida cautelar, es ejecutable de inmediato”, puntualizó.
De igual forma, la abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL) Cruz Silva enfatizó que la resolución de Ayala anula cualquier decisión que adopte el fiscal de la Nación desde hoy.
“La Junta de Fiscales debe acatar esa medida cautelar porque ellos son defensores de la legalidad. Cualquier acto que haga Chávarry a partir de este momento no es válido porque está inhabilitado”, manifestó.
Discrepancias en el CAL
En el fuero interno del Colegio de Abogados de Lima, la decisión del grupo de Ayala ha polarizado a los letrados.
Su decana María Elena Portocarrero refutó que el fallo del Consejo de Ética aún no puede ser cumplido porque falta que Chávarry Vallejos presente su apelación al Tribunal de Honor, última instancia que resolverá el veredicto.
“En todo proceso tiene que hacerse el traslado de la modificación y la persona interpondrá el recurso respectivo”, apuntó.
En esa línea, el presidente del Tribunal de Honor del CAL, Fernando Vidal, calificó que la resolución del grupo de Ayala es un intento de “ganar notoriedad respondiendo a ciertas presiones”.
“La decisión del Consejo de Ética es inédita. Supongo que la apelación de Chávarry se hará de inmediato”, dijo.
Por otro lado, Portocarrero restó legitimidad al voto de Ayala debido a que Chávarry lo demandó en noviembre del año pasado para que sea retirado del proceso.
“Recuérdese que el director del Consejo de Ética ha sido recusado”, expresó.
En efecto, Ayala Gonzales tiene una recusación vigente que fue presentada por Chávarry Vallejos el año pasado.
Sin embargo, La República accedió al expediente N° 392–2018 MC que sustenta la medida cautelar contra el titular del MP.
El documento fue suscrito por el titular de Ética el 28 de noviembre y la recusación que afronta –presentada por Chávarry– fue puesta a trámite dos días después de su voto.
Por esa razón, según el abogado Julián Palacín, la decisión de Ayala es legítima porque su voto es irrevocable.
“Sostengo jurídicamente que el Tribunal de Honor se ha abocado indebidamente a un discurso de recusación sin esperar el dictamen final del Consejo de Ética. Este consejo es autónomo, no puede ser intervenido y quien la preside tiene el respaldo de 70 mil abogados”, argumentó Palacín.
¿Acatará el fallo?
Ayala invocó a que la Junta de Fiscales Supremos se pronuncie sobre su resolución.
Este diario conversó con el fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez, y consultado sobre la resolución del Consejo de Ética, respondió que el “artículo 51 de la Constitución dice que ante el enfrentamiento de dos normas (en este caso, la Ley de Carrera Fiscal y la Constitución) se aplica la norma de mayor jerarquía”.
“¿Qué dice la Constitución? Que los jueces y fiscales solo son retirados de tres formas: por infracción constitucional, penal o administrativa. Tiene que constituirse la Junta Nacional de Justicia para no estar en esta situación de incertidumbre”, enfatizó.
Una opinión distinta tuvo el exfiscal Avelino Guillén: “Acá es una investigación por conducta ética. Hay una confusión, el procedimiento de la Constitución establece uno por denuncia constitucional y lo del CAL es otro escenario”.
Mientras que Cruz Silva respondió que la Constitución también faculta a los colegios profesionales a sancionar.
Fuentes del CAL respaldaron la tesis de Cruz y se ampararon en el artículo 20 de la Carta Magna que refiere que “los colegios profesionales son instituciones autónomas con personalidad de derecho público. La ley señala los casos en que la colegiación es obligatoria”.
En medio de este debate jurídico, el fiscal Chávarry todavía se aferra a un cargo.
Dos abogados optan por el silencio
– Esta última semana, el abogado Víctor Cabanillas Alhuay se animó a suscribir la medida cautelar, con lo que el fallo obtuvo mayoría simple en el Consejo de Ética del CAL. Sin embargo, aún faltan pronunciarse los letrados Andy Carrasco Huamán y Juan Manuel Salazar Rosales, quienes el último viernes fueron convocados por Walter Ayala para una sesión de emergencia, pero no acudieron.
Dirección de Comisiones del CAL respaldó a Chávarry
– El 13 de diciembre del año pasado, el titular de la Dirección de Comisiones y Consultas, Alberto Balladares Ramírez, envió un oficio al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, manifestando su respaldo al titular del Ministerio Público y criticando el proceso que tiene en la Comisión de Ética.
– “No comparto que usted pueda ser sometido a Ética del Colegio de Abogados de Lima, por cuanto los hechos a que alude IDL-Reporteros y otros no constituyen delito y menos falta ética”, dice el oficio.
– En el escrito, según Balladares Ramírez, “después de largas conversaciones sobre el particular con el director de Ética y por iniciativa de nuestra decana, María Elena Portocarrero, convenimos que los actuados pasen al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados”.
“Por nuestra parte, estaremos vigilantes para actuar conforme a ley y rechazar cualquier pretensión que no se ajuste a derecho, pese a la presión de grupos ideologizados y prensa mediática”, concluye el documento firmado por Balladares Ramírez, lo cual, según fuentes del CAL, constituye un evidente adelanto de opinión.
Fuente: La República
