(Aeronoticias): Ya las autoridades de Perú lo han catalogado como “el peor desastre ecológico ocurrido en Lima en los últimos tiempos”. A la fecha, las cifras oficiales del Ministerio de Ambiente señalan que el petróleo vertido en las costas se extiende por más de siete millones de metros cuadrados de mar. El agua tóxica ha perjudicado también orillas y franjas de 24 playas por un conjunto de casi dos millones de metros cuadrados.
La desgracia tiene como punto de partida el 15 de enero último, cuando un buque descargaba crudo en uno de los terminales de la refinería La Pampilla, de dominio de la compañía Repsol. Desde entonces, la corporación española ha insistido en que un oleaje anómalo por la erupción del volcán submarino de Tonga rompió conexiones de la embarcación y que sí aplicó correctamente su plan de contingencia, aprobado por el Estado peruano en el 2015.
No obstante, con el pasar de los días, lo comunicado por la empresa ha devenido en inconsistente. El viernes pasado, el gobierno peruano informó a la ciudadanía que el derrame fue de unos 11.900 barriles de petróleo y no solo de 6.000, como había dicho Repsol anteriormente. Además, el capitán del buque italiano contratado para la descarga relató que la compañía no había respondido a tiempo ante la emergencia.
“Ahí hay diversas responsabilidades legales por las que Repsol va a tener que responder; todas igual de importantes. Hay responsabilidad administrativa por incumplir medidas preventivas, pero también hay otras infracciones por dar información imprecisa o falsa sobre la cantidad de barriles derramados y porque se ha demostrado que no tuvo la capacidad de contingencia que afirma haber tenido. De otro lado, también habría responsabilidad penal, por delito de contaminación ambiental”, explicó a France 24 la directora de Política y Gobernanza de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Carol Mora Paniagua.
Como señala Mora, a raíz del desastre, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) de Perú abrió un proceso sancionador contra la compañía y ya dispuso una primera multa de 18.400.000 soles, equivalente a más de 4.800.000 dólares. Además, el Poder Judicial dictó impedimento de salida del país por 18 meses a cuatro representantes de la multinacional, incluyendo a Jaime Fernández-Cuesta, su gerente general. Esto, tras acoger el pedido de la Fiscalía en medio de las indagaciones penales. Adicionalmente, el OEFA, adscrito al Ministerio de Ambiente, dispuso que las operaciones de carga y descarga de hidrocarburos por parte de Repsol queden paralizadas temporalmente.
Pérdida de especies en el corto y largo plazo
El vertido de crudo ha matado decenas de especies marinas y a aves que solían aterrizar en las playas para alimentarse. Cadáveres de pingüinos de Humboldt, pelícanos, zarcillos, piqueros y golondrinas han varado en las orillas o se siguen divisando en las aguas. Además, expertos han alertado sobre la pérdida de rastro de lontras felinas, una especie de nutria que ya se encontraba amenazada y en peligro de extinción local. Cabe destacar que la contaminación también se detectó en islas consideradas como áreas naturales protegidas.
France 24 entrevistó a Guillermo Ramos Bardalez, biólogo y administrador técnico en Lima del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). De acuerdo con el funcionario, la entidad ha logrado rescatar desde el 17 de enero a más de 140 especies afectadas por el petróleo. Sin embargo, el 40%, es decir, una cantidad superior a 50, no sobrevivió a la intoxicación.
“Nosotros hemos estado patrullando y recolectando especies dentro y fuera de áreas protegidas para llevarlas al Parque Zoológico Las Leyendas, donde se les da la atención veterinaria. Nuestra labor es ubicar, transportar, acondicionar y estabilizar a los animales afectados. Recordemos que son especies silvestres, que no suelen tener contacto directo con humanos, y que en primer lugar, están en shock y crisis de estrés. La sobrevivencia de los rescatados es de un 60% porque, en muchos de los casos, los animales no solo están bañados en crudo, sino que se han alimentado de peces o crustáceos contaminados. Salvarlos de esa ingesta usualmente es imposible y han muerto a los pocos días”, explicó Ramos.
El Serfor, que es una entidad dependiente del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ha abierto lugares de acopio de animales en cuatro playas. Algunos ciudadanos también han reportado hallazgos o llevado ellos mismos a especies que encontraron. Para Ramos, el daño no se termina con la fauna que ya sucumbió.
“Mientras siga circulando el petróleo en el agua, seguiremos teniendo animales afectados. Si bien tenemos una estrategia de rescate ya más organizada que en los primeros días y un apoyo ciudadano también constante, el efecto de todo esto no se va a acabar tan pronto. Hemos enviado brigadas a zonas incluso más alejadas del centro del desastre, en Áncash, de donde también hemos trasladado especies. Ya hablando estrictamente como biólogo, el daño ecológico es tremendo. Hay toda una cadena rota: no solamente de fauna grande, sino también de plancton, crustáceos, moluscos. Hay invertebrados varados totalmente negros por el petróleo, y eso dice mucho de lo que habrá dentro del mar ahora mismo”, expresó.
En diálogo con este medio, el especialista en biodiversidad marina, Yuri Hooker Mantilla, refirió que, si bien el derrame en Lima ha sido de gran magnitud, otras regiones de Perú han tenido casos similares que no han concitado la suficiente y debida atención.
“En la Amazonía son bastante frecuentes los derrames, pero muchas veces pasan desapercibidos por esta ruptura cultural que tenemos en el país (centralizado en la capital). Es importante advertirlo porque no es algo nuevo. Hay un daño en el ecosistema acuático que poco se está atendiendo. Por otro lado, ya comentando sobre lo ocurrido en Lima, es importante mencionar que el derrame se ha dado donde la corriente marina de Perú, conocida como corriente de Humboldt, es densa y donde muy rápidamente gran parte de este combustible ha sido llevado hacia el norte, depositándose en otras partes costeras”, dijo.
Hooker señaló que, con el tiempo, se irán observando especies que aparentan buena condición de salud, pero que mueren por consumo de otros animales marinos infectados. El especialista recalcó que, en el país, no ha habido suficiente compromiso por parte de los gobiernos para implementar políticas ambientales que protejan mejor la naturaleza peruana y endurezcan los requerimientos para las empresas extractivas.
“Lo más representativo de este problema ha sido la entrevista que dio el gerente general de Repsol hace unos días. Aparte de decir que esto se podía limpiar en poco tiempo —cuando el petróleo ya está disperso— también dijo otras cosas absolutamente falsas como que ‘el petróleo flota’ —cuando en verdad tiene elementos pesados que sí lo hacen caer al fondo del mar. Esto es representativo porque lo que demuestra es la poca importancia que muchas de estas empresas le dan a la biodiversidad y que además se sienten intocables cuando tienen que asumir responsabilidades. Este es un tema de raíz que el actual gobierno y los que vengan deben tomar muy en serio”, indicó.
Fallas del Estado y poca importancia hacia lo ambiental
La última semana, el gobierno peruano anunció la entrega de subsidios para las personas afectadas económicamente por la paralización de la pesca local. De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, esta entrega extraordinaria sería de 1.000 soles (unos 260 dólares) y beneficiaría, por cadena familiar, a cerca de 100.000 personas.
Lissette Vásquez Noblecilla, adjunta de Medio Ambiente en la Defensoría del Pueblo, señaló a France 24 que las reacciones del Estado no han sido las más efectivas en algunas materias. Por ejemplo, advirtió que su institución insiste en mayor transparencia informativa y actualización diaria por parte del gobierno sobre las medidas que adopta.
Vásquez explicó que se desconocen los avances de un empadronamiento de pescadores, comerciantes y otros ciudadanos perjudicados por el derrame. La funcionaria también destacó que, si bien el sistema de limpieza ha mejorado con las semanas, la acción estatal no fue inicialmente la que ameritaba un desastre de tales magnitudes. En ciertos casos, sigue siendo limitada.
“Debemos informar que, cuando el derrame se produjo, la Defensoría supervisó y registró poca cantidad de personal e incluso sin la protección necesaria para esas labores. Por otro lado, el jueves estuvimos en la playa Puerto Chancay (en Huaral, Lima) y ahí reportamos que 500 pescadores habían quedado afectados por la suspensión de sus actividades como producto de la contaminación. Ellos, básicamente, están subsistiendo con el apoyo de ollas comunes (colectas para la preparación de alimentos entre la comunidad). Entonces, la ayuda es insuficiente o no está llegando con la rapidez que se requiere”, declaró.
De otro lado, Carol Mora, directora de Política y Gobernanza de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), recalcó que, en Perú, “lo ambiental no ha tenido el peso político que merece”, pues desde el Estado existen pocas garantías de sanciones administrativas reales para empresas infractoras.
“Además de la responsabilidad de la empresa, sí debemos decir que ha habido una respuesta tardía del Estado, que demoró casi una semana en emitir la declaratoria de emergencia ambiental. No hubo un protocolo de actuación del propio Estado frente a un escenario como este. Además, hay un sistema de cierta impunidad en el que las multas administrativas que reciben las empresas por infracciones ambientales se pueden impugnar casi ilimitadamente. Las multas, ciertamente, no devuelven lo perdido, pero pueden ser emblemáticas para que se internalice la seriedad del asunto”, refirió.
Hace unas semanas, el portal Salud con Lupa informó que Repsol ya registraba hasta 32 infracciones por prácticas similares a las que se denuncian actualmente: daño ambiental, información inexacta, almacenamiento inadecuado de residuos sólidos y falta de monitoreo. Cabe recordar que el país aún no ha ratificado su adherencia al Acuerdo de Escazú, un tratado entre países de América Latina y el Caribe para fortalecer el acceso a la información y la justicia en temas ambientales. La aprobación del proyecto no se ha agendado entre las prioridades del actual Parlamento.
Fuente: France24
