La policía española actuó en cumplimiento de una orden internacional de busca y captura dictada por la justicia argentina, que considera que Poch es un ex teniente de fragata de la Armada argentina que podría haber pilotado alguno de los aviones que tras el golpe militar de 1976 arrojaban al mar prisioneros vivos, los conocidos como «vuelos del a muerte». Según las autoridades argentinas, el piloto trabajó en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), un conocido centro de torturas en Buenos Aires con cuatro procesos penales instruidos en los que se contabilizan más de 1.000 víctimas.
Poch compareció ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en una sesión a puerta cerrada, en la que negó haber pertenecido a la ESMA y dijo que no aceptaba su extradición Argentina. Velasco, no obstante, consideró que existen las pruebas suficientes para que el piloto detenido permanezca en prisión incondicional sin fianza. Ignacio Peláez, uno de los abogados defensores, anunció que recurrirá la orden de prisión y sostuvo que Poch nada tiene que ver con los «vuelos de la muerte» y la dictadura militar en el país sudamericano (1976-1983).
«(Poch) sigue sin entender nada», dijo Peláez en declaraciones a la AP. «Todo le parece una pesadilla. No entiende porqué está aquí». Después de la decisión del juez Velasco, Argentina dispone de 45 días para cursar una solicitud formal de extradición. En ese momento, España iniciará el proceso de extradición a Argentina, que podría prolongarse durante dos o tres meses.
