Convocó a sus simpatizantes a congregarse el lunes en la Universidad Pedagógica Nacional, al sur de la ciudad, para marchar «hacia algún lugar de Tegucigalpa que allí se definirá… y nuestras manifestaciones se harán con o sin toque de queda o la restricción de las libertades en el país». La orden anunciada por las autoridades gubernamentales el domingo por la noche suspende libertades individuales cruciales y garantías contenidas en la Constitución, permitiéndole a las autoridades prohibir cualquier reunión pública «no autorizada», arrestar a la gente sin necesidad de una orden judicial y cerrar temporalmente los medios noticiosos que alteren «la paz y el orden».
Así, el gobierno incrementó las disposiciones de emergencia que impone desde hace más de tres meses, cuando los militares derrocaron a Zelaya el 28 de junio. «Las medidas se imponen por los llamados públicos a la insurrección del señor Manuel Zelaya y para evitar afectar a las grandes mayorías de la población que no están comprometidas con los grupos de manifestantes violentos afines al ex presidente (derrocado)», afirmó el régimen interino en un comunicado difundido por radio y televisión.
Anunció que restringirá «toda reunión pública no autorizada y la policía, con el apoyo de las fuerzas armadas, queda facultada a disolver cualquier reunión o manifestación no autorizada o, habiendo sido autorizada, que altere el orden público, la paz y la tranquilidad social». También se impedirá la emisión de cualquier medio periodístico «que atente contra la paz, el orden publico o que ofenda la dignidad humana, a los funcionarios públicos o atente contra la ley y las resoluciones gubernamentales».
Advirtió que suspenderá cualquier radioemisora, canal de televisión o sistema de cable que no cumpla las disposiciones. El gobierno de facto ordenó asimismo a la policía y al ejército arrestar a toda persona que ponga en peligro su propia vida y las de los demás y remitirla a la fiscalía. Instó a los seguidores de Zelaya, que desde hace 92 días se manifiestan en las calles para exigir la restitución al poder de su líder, a deponer sus actitud de provocación a fin de ayudar a crear el clima propicio para llegar al diálogo nacional.
Por su parte, horas antes el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva rechazó los 10 días que el gobierno de facto le dio para definir la situación de Zelaya en la embajada de Brasil en Tegucigalpa. El gobierno de facto amenazó con adoptar «medidas adicionales» que no especificó si Brasil no cumple con el periodo establecido, y también condicionó el retorno de embajadores extranjeros al país centroamericano después que se prohibió la entrada de un grupo de diplomáticos al país.
Lula respondió en una rueda de prensa en isla Margarita, Venezuela, a la posición comunicada por las autoridades de facto en Honduras, que «no acata ultimátum de golpistas» y luego calificó al presidente Roberto Micheletti como un «usurpador en el poder». Pidió a Brasil a «que inmediatamente tome medidas para asegurar que el señor Zelaya deje de utilizar la protección que le ofrece la representación diplomática para instigar a la violencia en Honduras».
Pero Zelaya respondió que «no renuncio a las manifestaciones públicas de mis simpatizantes porque es un derecho que nos asiste». «La resistencia debe manifestarse las 24 horas continuas contra el golpe», agregó el depuesto mandatario en rueda de prensa en el interior de la embajada. También defendió la decisión del gobierno brasileño de recibirlo en su embajada y afirmó que «al darme protección, sólo protege al presidente legítimo hondureño y allana el diálogo por la democracia».
Después de la respuesta de Lula al mensaje de Honduras, el canciller de facto Carlos López dijo en conferencia de prensa que «los 10 días están corriendo y desde el momento que Lula respondió significa que nos reconoce como gobierno. Es un plazo de cortesía que se dio a Brasil, que tiene una responsabilidad y no puede ignorar nuestra existencia». Dijo que en este plazo, Brasil tiene de decidir «si (a Zelaya) lo van a entregar a las autoridades del poder judicial de Honduras, o va a pedir algún tipo de solución que sólo a ellos les corresponde formular»
Recordó que «fue Brasil el que rompió con el actual gobierno, (y) simplemente lo que estamos haciendo es reciprocar. No es posible que a nuestra representación la cierren, la desconozcan y que nosotros dejemos abierto indefinidamente una situación del personal de Brasil en Honduras». A la pregunta de cuál sería el estatus diplomático que dará Brasil a Zelaya, Lula, quien se encontraba participando en la cumbre Sudamérica-Africa, expresó que el gobernante depuesto «estará hospedado hasta que la OEA y la ONU decidan qué hacer». El mandatario brasileño dijo que la solución «simple» sería que «los golpistas» salgan del palacio de gobierno y permitan el retorno de Zelaya para que convoque a elecciones.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exigió la semana pasada en un pronunciamiento que las autoridades instauradas en Honduras dejen de hostigar la embajada brasileña en Tegucigalpa. El G-16, un grupo de países industrializados, emitió un comunicado en el mismo sentido. Aeronoticias recalca que Micheletti ha pedido a Brasil que se lleve a Zelaya como asilado o lo entregue a la justicia hondureña, ante la que enfrenta cargos por intentar consultar a la población en un referendo sobre eventuales reformas a la Constitución.
En el mismo comunicado, la cancillería condicionó el retorno de embajadores que fueron retirados de Tegucigalpa después del golpe de Estado, al afirmar que serán recibidos sólo si sus naciones reconocen como legítimo al gobierno de facto. Advirtió además que «la normalización de relaciones con esos países estará condicionada a medidas de reciprocidad inmediata», lo que implicaría el reconocimiento de embajadores hondureños designados por Micheletti.
