El presidente Luiz Inacio Lula da Silva se decidió por la compra del avión supersónico francés Rafale para modernizar las Fuerzas Armadas brasileñas, después de que la fabricante Dassault aceptara bajar el precio a 6.200 millones de dólares por 36 aparatos, aseguró el jueves el diario Folha de Sao Paulo.
El Rafale, que hasta ahora no fue comprado por ningún país fuera de Francia, está en competencia con el F/A-18 Super Hornet de la estadounidense Boeing y el Gripen NG de la fabricante sueca SAAB, para una licitación por la compra de 36 aviones de combate, número que podría ampliarse a futuro.
La presidencia brasileña, consultada por la AFP, indicó que «no hay nada nuevo» en lo que atañe a la licitación.
Un portavoz de Dassault aviación consultado por la AFP en Francia, indicó: «No tenemos ningún comentario sobre el artículo de Folha de Sao Paulo. Hoy por hoy el gobierno brasileño no anunció su elección. Esperamos este anuncio con serenidad y confianza. Estamos confiados».
La reducción del precio en 2.000 millones de dólares fue acordada el sábado, cuando el ministro de Defensa, Nelson Jobim, hizo una corta visita a París volviendo de un viaje a Israel, según Folha, que no cita fuentes. El rotativo subraya que, aun con el precio rebajado, el Rafale sigue siendo el más caro de los aviones, comparado con los 5.700 millones de dólares que costaría la operación con los cazas estadounidenses y los 4.500 millones si se optara por la aeronave sueca.
Aeronoticias considera que este avión dará una nueva perspectiva a las fuerzas armadas Brasileras, en un contexto en el que Lula expresó su preferencia por el Rafale ante la promesa de Francia de que daría una total transferencia de tecnología, hecha durante una visita en setiembre pasado del presidente francés Nicolas Sarkozy. Semanas atrás el mismo diario Folha divulgó que la fuerza aérea prefería el avión sueco por cuestiones de precio y comercialización en la región si este fuera fabricado en Brasil.
La respuesta de Jobim y del presidente Lula ha sido siempre la misma: la decisión será del Ejecutivo y la prioridad es la transferencia de tecnología.
