(Aaeronoticias).- La crisis de la Covid-19 está sacudiendo nuestras sociedades de múltiples formas, y nosotros estamos reaccionando con medidas de choque pero que en muchos casos, anticipan cambios profundos en lo social, lo económico y el gobierno de lo común. La perpetuidad que pueden traer muchas de las respuestas que experimentamos ahora hace necesario que las diseñemos con mucho cuidado y con una amplia participación ciudadana. En este sentido, el papel de los parlamentos, pero también de la sociedad civil, debe ser fundamental para contrarrestar el de los gobiernos y el de los intereses de las élites económicas y financieras. La pandemia está trayendo aquí y ahora un futuro que considerábamos lejano, en el que debemos tomar parte para configurarlo en común.
En ese futuro, las tecnologías tienen un papel importante. Y el modo en el que las pensemos, diseñemos y regulemos hoy tendrá un peso decisivo en el mañana. Es por eso por lo que no debemos dejarnos llevar por las prisas que demanda la urgencia, para evaluar y realizar buenos diagnósticos que nos lleven a desarrollar respuestas adecuadas, sin dejar de lado la privacidad y el respeto a nuestros derechos y libertades fundamentales. Al igual que las vacunas que se están desarrollando requieren de un tiempo de precaución para probar su fiabilidad, las tecnologías también lo necesitan para garantizar que no producirán daños sociales y brechas inasumibles en estados democráticos, así como para que no lleguen a generar precedentes peligrosos para nuestros derechos.
Hay muchos debates abiertos en la actualidad, pero uno de los más vivos es el que rodea a las aplicaciones de contact tracing. Desde hace semanas, diferentes equipos, tanto a nivel internacional, europeo, como nacional, trabajan para poner en marcha protocolos y aplicaciones que posibiliten diferentes estrategias de desconfinamiento. En Europa, la discusión se concentra en torno a los protocolos que se desarrollan bajo el paraguas del Consorcio Paneuropeo de Proximidad para Preservar la Privacidad. Siguiendo la senda marcada por la aplicación desarrollada en Singapur, TraceTogether, varios grupos están desarrollando sistemas de rastreo de proximidad usando la tecnología bluetooth disponible en los smartphones. De esta forma, cuando dos personas estén cerca, a una determinada distancia, los móviles de ambos se comunicarían y guardarían un código anónimo en el mismo dispositivo. Si con el tiempo, una de esas dos personas diese positivo en Covid-19, el sistema se encargaría de hacer saber a las personas con las que se ha cruzado, y de manera anónima, que ha estado en contacto con alguien contagiado para a continuación indicarle los pasos a seguir, como por ejemplo el confinamiento.
Sin embargo, hay diferentes abordajes para hacer efectivos estos protocolos que, una vez elaborados, quedarán en manos gubernamentales usarlos o no para desarrollar aplicaciones nacionales propias. Los que están en el centro del debate en la actualidad son los centralizados y los descentralizados. Sobre estos últimos, se está poniendo en marcha uno llamado DP-3T, que hasta la semana pasada se encontraba dentro del consorcio PEPP-PT. El proyecto, liderado por la ingeniera española Carmela Troncoso, es de código abierto y toda la documentación puede encontrarse en su GitHub, donde puede ser revisada por cualquier persona. Los datos y la información que recoge son mínimos y se guardan en los propios dispositivos móviles; solo usa un servidor como canal de comunicación y genera claves efímeras entre los diferentes smartphones, lo que hace que no sea posible identificar a ninguna persona usuaria.
En el otro extremo, están los protocolos centralizados, y son por los que apuesta actualmente PEPP-PT. Estos sistemas dependen de un servidor donde se almacenan todos los datos obtenidos por los teléfonos móviles, y es donde radica la mayor diferencia con los protocolos descentralizados. Según el análisis de la protección de datos y de la arquitectura de seguridad que ha realizado el equipo de DP-3T sobre la iniciativa de PEPP-PT, y tal y como explicaba Michael Veale, otro miembro de la opción descentralizada, la propuesta permite que un servidor rastree tanto a las personas infectadas como a las no infectadas a lo largo del tiempo. Esto, sumado al hecho de que la información se centraliza en un servidor, hace que sea posible crear grafos sociales de la población: puede llegar a revelar grupos de amigos, familiares, empleados, reuniones políticas, etc. en una clara vulneración de nuestros derechos y libertades.
La confianza en el diseño es algo que se hace indispensable en este tipo de aplicaciones, pero también es algo que no debemos olvidar en el resto de tecnología con la que convivimos. La transparencia y el conocimiento sobre su funcionamiento son claves para facilitar que la ciudadanía haga uso de ellas. De hecho, regulaciones como la Ley de protección de datos europea que fueron en inicio tan criticadas, han acabado siendo alabadas por propiciar precisamente la confianza en su uso y expandirlo de esa forma. Que el uso sea extendido es fundamental por ejemplo para que las aplicaciones de contact tracing sean realmente útiles. Su penetración debe ser de al menos el 60 %, según un artículo publicado en la revista Science. A pesar de haber sido muy comentada, la app desarrollada en Singapur falló precisamente en esto: solo el 20 % de singapurenses llegó a instalarla en su smartphone.
Si como denuncia el equipo de DP-3T, el proceso de PEPP-PT está siendo opaco y poco transparente, ¿cómo va a confiar la ciudadanía en una aplicación en la que no se garantiza que se cumplan los propósitos para los que se desarrolla? En este punto, la European Data Protection Board, propone varias condiciones básicas que deberían cumplir este tipo de tecnologías: en primer lugar, que sean temporales. Es decir, que cuando termine el estado de alarma, dejen de funcionar. En segundo lugar, que se sepa cuáles son los propósitos y que se cumplan, lo que implica no seguir añadiendo capas con nuevas funcionalidades en cada actualización que extiendan los propósitos iniciales. Y por último, que se conozca quiénes tienen acceso a los datos que se recopilan y que no se permita el acceso a ellos a nadie más.
Al mismo tiempo, la Comisión Europea, en un intento de aunar los esfuerzos y crear unas directrices comunes para los Estados Miembros, ha publicado una caja de herramientas y una guía que deberían usarse para el desarrollo de aplicaciones de contact tracing. Las indicaciones advierten de que estos sistemas deben ser temporales, de uso voluntario, transparentes y deben minimizar la recogida de datos a los que sean estrictamente necesarios para funcionar. Además, la resolución aprobada el pasado 17 de abril en el Parlamento Europeo, incluye que el almacenamiento de los datos debe ser descentralizado, y que “demuestren proyecciones claras sobre cómo el uso de aplicaciones de contact tracing por parte de la población, combinadas con otras medidas específicas, conducirá a un número significativamente menor de personas infectadas”.
Al actual panorama, debemos sumarle dos nuevos actores que no pueden quedar fuera de la reflexión: Apple y Google. Ambas han acordado aunar esfuerzos para hacer sus sistemas operativos interoperables. ¿Qué significa esto? Que van a trabajar en un protocolo que haga que los Bluetooth de IOS y Android puedan comunicarse entre sí. Aseguran que el enfoque elegido vela por la privacidad de usuarias y usuarios, y es similar al que desarrolla el equipo de DP-3T. La potencialidad de la alianza radica en que este sistema se instalaría en los dispositivos en las actualizaciones rutinarias de los smartphones, aunque requerirá el consentimiento personal. El protocolo quedaría como una capa más añadida al sistema operativo, que podría ser usado por los gobiernos para diseñar sus propias aplicaciones con garantías de que funcionen correctamente y en segundo plano sin necesidad de que el teléfono esté desbloqueado, por ejemplo.
Sin embargo, esta colaboración entre ambas compañías les confiere una capacidad de decisión muy amplia en la definición del sistema de rastreo de contagios, y que suma aún más poder de decisión política e incidencia social y cultural de la que han ido adquiriendo estos últimos años. Estas empresas han optado por la opción descentralizada, algo que sin duda beneficia a la privacidad, pero por contra, merma el poder de decisión de los gobiernos y poderes públicos. Y este ha sido el caso en Reino Unido, cuyo gobierno pretendía poner en marcha una aplicación centralizada, algo que ha chocado con la negativa de Google y Apple de prestar su colaboración. Sin el beneplácito de ambas, las posibilidades de asegurar su correcto funcionamiento quedan drásticamente reducidas. Esto vuelve a poner de manifiesto la importancia de recordar qué actores poseen las infraestructuras y, de ese modo, detentan el poder en la toma de decisiones. Una regulación garantista con el interés común y el respeto de los derechos y libertades de las personas se manifiesta como una necesidad inapelable.
La actual situación nos debe servir para reflexionar acerca de la tecnología que queremos, donde la ciudadanía, informada, tome decisiones sobre qué aplicaciones o datos da y a qué actores del ecosistema digital. Los sistemas de cajas negras no deberían ser aceptables en tiempos de pandemia, pero tampoco en ningún otro momento. No debemos dejarnos llevar por el solucionismo: las tecnologías son una herramienta valiosa en estos tiempos, pero tal y como comenta Itziar de Lecuona, subdirectora del Observatorio de Bioética y Derecho-Cátedra de la UNESCO de Bioética de la Universidad de Barcelona, “se necesita tiempo para generar conocimiento y aplicarlo para desarrollar tratamientos e intervenciones que puedan ser eficaces”. Las tecnologías no son ni buenas ni malas ni neutrales, y en muchos casos depende del uso que se les dé o se les permita.
Por eso son importantes los debates en los que nos hallamos; son un ejercicio indispensable del que debemos aprender para poder replicar en el futuro en el marco de otras tecnologías y de la digitalización en Europa. Es necesario que se pueda auditar de una manera transparente una tecnología en cada parte de su diseño. Tenemos que poder mirar debajo de la piel del ecosistema digital para conocer qué intereses y objetivos se encuentran detrás y qué efectos o daños pueden provocar en la sociedad. Y esto deberíamos exigirlo hoy en tiempos de pandemia, pero también mañana.
Al mismo tiempo, debemos ser conscientes de que la tecnología no ofrece soluciones milagrosas; el tecno-optimismo nos hace correr el riesgo de ser acríticos con los procesos tecnológicos; estas herramientas no tienen por qué darnos siempre la respuesta adecuada. Siguiendo el ejemplo de las aplicaciones de contact tracing, desconocemos actualmente si funcionarán o de si las usará la gran parte de la población. Además, su utilidad puede verse reducida si obviamos otros factores, como la disponibilidad de tests que nos indiquen si una persona está o no contagiada. Y precisamente la elaboración de tests fiables no es tan fácil como nos quieren hacer ver, ni su uso está lo suficientemente extendido.
El factor humano sigue siendo igual de inexcusable a la hora de encontrar e imaginar respuestas políticas en nuestras sociedades. Y la reflexión sobre la relación entre la tecnología y lo social debe ser algo que quede anclado en cualquier implementación tecnológica, y para ello, debemos apostar por la interdisciplinariedad y diversidad en los equipos que las desarrollan en cada parte del proceso, y asegurarnos de establecer unos principios éticos a seguir y preservar.
Para que estas discusiones sean posibles, para seguir complejizando el ecosistema digital, la ciudadanía tiene que tener la capacidad de tomar decisiones sin que la tecnología le sea impuesta. La participación no puede limitarse al uso o al no uso de un determinado dispositivo. Por eso, es urgente la alfabetización digital y mediática continua, como la que se trabaja en el Plan de acción de educación digital de la Comisión Europea, para evitar desigualdades y exclusiones, y potenciar el conocimiento sobre los datos.
El diálogo es más necesario que nunca, y en él deben tomar parte todos los actores sociales. Solo así conseguiremos salir de la crisis del COVID-19, y lo haremos mejores, poniendo los cimientos de la sociedad que queremos en el futuro.
Fuente: El Pais
