(Aeronoticias).- El reciente execrable asesinato de la niña Fátima con signos de haber sido ultrajada al habérsele hallado completamente desnuda y envuelta en unos plásticos muy cerca de su casa, ha vuelto a paralizar a todo México, encimado por la ola de violencia estructural. Indignado, recuerdo que hace pocos días llegó a Lima un experto mexicano en temas internacionales y nos dijo en nuestras narices que no deberíamos creer todo lo que se dice de su país cuando se le imputa como uno de los más violentos del mundo.
Se trató de un rentado por el gobierno de López Obrador, lo cual sería gravísimo para un líder de opinión, no por coincidir o defender la postura gubernamental que puede ser legítimo, sino por mentir y en consecuencia, falsear la realidad, o era un completo irresponsable porque deforma deliberadamente la realidad de su país. El caso mexicano de la niña Fátima -donde la gente habla del país de “…los derechos de papel…”, debo traerlo al Perú donde nuestras autoridades a lo largo de nuestra vida republicana han sido crónicamente reactivas, es decir, esperan que suceda la desgracia para recién actuar.
En esta columna vengo sosteniendo reiteradamente la aplicación en nuestro país de la pena de muerte para el caso de los violadores de menores de edad cuya consecuencia sea la muerte. Los grupos -dizque- defensores de derechos humanos, se oponen y sigue de inmediato la inútil discusión de siempre, mientras como en México, siguen masacrando mujeres y niñas y niños. El nuevo Congreso debe hacer historia mostrando decisión como respuesta al clamor ciudadano y no dejar que los radicales y extremistas de la mano de los demagogos, capitalicen el hartazgo social y lo propongan como propio. La desgracia mexicana nos obliga a mirarnos en el espejo sin evasiones.
Tenemos que hacerlo en democracia y pegados a la Constitución y los tratados internacionales por lo que sin pérdida de tiempo deberíamos denunciar el Pacto de San José de Costa Rica y para no quedar en la orfandad que erradamente preocupa, reitero mi propuesta en esta columna (08/02/18) de consensuar en el marco de la Comunidad Andina el denominado Tribunal Andino de Derechos Humanos garantizando nuestra vinculación supranacionalidad.
