La esposa de Pérez, Marta Molina, dijo en una entrevista telefónica con la AP que su esposo solicitó asilo «porque no hay posibilidad de un juicio justo en Venezuela», ya que, el sistema judicial «está controlado por el gobierno, y los jueces hacen lo que manda el presidente (Chávez)». Molina señaló que su esposo no le comunicó su decisión ni a ella ni a sus hijas y que lloraron por horas cuando se enteraron por los medios de comunicación. Le pidió a Chávez «pensar en todas las familias que está destruyendo».
Pérez, asesor principal del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, y miembro de la Dirección Nacional del partido opositor Alianza Bravo Pueblo (ABP), es el cuarto venezolano que solicita asilo a Perú. El gobierno peruano concedió ese beneficio al ex alcalde de la ciudad de Maracaibo, Manuel Rosales, en abril. También evalúa los pedidos del líder estudiantil Nixón Moreno y de Didalco Bolívar, disidente del oficialismo. Pérez es acusado en Venezuela por los desmanes ocurridos durante una marcha cívica el 22 de agosto que la policía reprimió duramente. El 27 de ese mes, un tribunal dictó una orden de detención en su contra por delitos de instigación a delinquir y asociación para delinquir.
«Se trata de un pretexto porque estamos ante un dirigente político, un adversario del régimen (de Chávez) en la arena democrática», afirmó Delgado. «Estamos convencidos que el gobierno peruano, honrando su tradición continental de apego a la defensa de los luchadores por la libertad democrática, acogerá el asilo toda vez que se trata con toda claridad de un caso de persecución política», agregó.
