(Aeronoticias).- La Fiscalía solicitó al Poder Judicial ordenar el impedimento de salida del país del presidente regional de Tumbes, Gerardo Viñas Dioses, y de otros funcionarios de la administración regional, por presuntos delitos de asociación ilícita, colusión y cohecho.
El pedido fue planteado por el fiscal supraprovincial Walter Delgado Tovar ante la jueza Mercedes Caballero, del 2° Juzgado Penal Nacional. La jueza convocó a una audiencia pública para este jueves 22 de mayo, a fin de evaluar el pedido con participación de los abogados defensores.
El requerimiento de comparecencia restringida incluye a otros nueve funcionarios de Viñas: vicepresidente regional Orlando La Chira Pasache, procurador público Daniel Castañeda Serrano, abogado Juan Quinde Riojas, gerente regional de infraestructura Guilmer Córdova Paker, subgerente de obras Manuel Saavedra Guzmán y el jefe de asesoría jurídica Marco Córdova Rivera.
Igualmente, a los empresarios y representes de A&J Inversiones, Jorge Villegas Angeldonis y Javier Rodríguez Vences, y los miembros del tribunal arbitral Héctor García Briones, Walter Rivera Vílchez y César Guzmán Halberstadt.
Además del impedimento de salida del país, la Fiscalía solicitó que se les imponga no variar de domicilio sin autorización judicial previa y firmar cada mes un libro de control judicial, esto mientras duren las investigaciones, inicialmente previstas en ocho meses.
De acuerdo con lo averiguado, Gerardo Viñas y los funcionarios del gobierno regional de Tumbes se concertaron con los miembros del tribunal para beneficiar, con un acuerdo de conciliación a la empresa A&J Inversiones, lo que habría generado un perjuicio al Estado de 9 millones 225 mil 104 soles.
Así, A & J Inversiones firma un contrato para obras de alcantarillado en Tumbes por más de 17 millones de soles, para lo cual recibe un adelanto de 10 millones de soles.
Sin embargo, solo se avanzó 31% de la obra, lo cual generó que el gobierno regional retenga las cartas fianzas y reclame un reembolso de 13 millones de soles por el daño ocasionado, y por su parte, la empresa diga que le adeudaban seis millones.
Luego, ante los árbitros, en una audiencia extraordinaria de conciliación, los representantes del gobierno regional aceptaron pagar 3,3 millones de soles a A& J Inversiones, lo cual se ejecutó de inmediato, y se devolvió, además, las cartas fianzas.
Con información de La República.
