El nuevo Ministro de Transportes, Enrique Cornejo debe dar una señal de transparencia al país y no renovarle el contrato a César Matos, Luis Sipán, Vanessa Oliveros y todos los funcionarios públicos del departamento de seguridad y mercancías peligrosas- AVSEC de la Dirección General Aeronáutica Civil del Perú responsables administrativamente de las deficiencias del Plan Nacional de Seguridad de la Aviación Civil, especialmente dentro del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, sostuvo la Dra. Laly Ortiz especialista en temas aéreos.
La Dra. Ortiz dijo a Aeronoticias que la opinión pública le daría una nota aprobatoria al Ministro Cornejo si empieza bien su gestión y realiza los cambios que se requieren en el MTC, especialmente dentro de la DGAC en donde estos funcionarios se dedicaron en el 2007 a paralizar el servicio público de una línea aérea nacional, Aerocondor porque supuestamente no revisaba uno o dos equipajes al 100% mientras el Aeropuerto Internacional según el programa Cuarto Poder de Canal 4, era una coladera.
La especialista le pidió al Ministro que tenga en cuenta que mientras estos funcionarios actuaban para sacar a la competidora de LAN PERÚ del mercado se olvidaban que sus funciones como funcionarios públicos tenían que estar dirigidas a fiscalizar que las líneas aéreas internacionales cumplan el 100% de la revisión del equipaje, y eso no ocurrió por lo que se requiere hoy una investigación a fondo.
Por último la jurista Ortiz, le sugierio al Ministro Cornejo que investigue, porque estos funcionarios públicos de la DGAC, no fiscalizaron la no revisión del equipaje de los tripulantes de LAN PERU, que fueron detenidos en España y México con droga y porque jamás paralizaron el servicio público de empresa nacional o extranjera, en la que se detectó droga, sin embargo durante varios meses, y con la complacencia de Carlos Puga Pormareda hostilizaron a una linea aérea peruana, paralizándole decenas de vuelos hasta sacarla del mercado, luego de una campaña orquestada desde el mismo MTC, y que hoy tiene como víctimas a 700 familias peruanas que se quedaron sin sus puestos de trabajo.
